Denuncian a Alcaldes de Playa del Carmen por simular pagos por 70 mdp

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores federales denunciaron ayer el desvío de más de 70 millones de pesos y el delito de lavado de dinero en el Ayuntamiento de Solidaridad, en Quintana Roo.

La diputada federal Alicia Ricalde Magaña y el senador Daniel Ávila Ruiz formalizaron la querella ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para que sea turnada a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Entre las evidencias exhibieron 154 facturas y cheques que involucran a siete empresas "fantasma", con domicilio fiscal en Yucatán.

Los panistas acusaron de las anomalías a los ex Ediles Eduardo Román Quian Alcocer (2008-2011), actual diputado federal, y Filiberto Martínez Méndez (2011-2013), actual diputado local.

También a José Mauricio Góngora Escalante, actual Alcalde de Solidaridad (2013-2016) y ex tesorero en la gestión de Quian Alcocer, y a José Luis Toledo Medina, actual presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado y ex tesorero en la Administración de Martínez Méndez.

La lista incluye a Juan Pablo Guillermo Molina, ex director de Finanzas del Ayuntamiento de Solidaridad durante el periodo de Quian Alcocer y actual Secretario de Planeación y Finanzas del estado.

De acuerdo con la documentación presentada, entre 2010 y 2012 los funcionarios pagaron la prestación de servicios y el suministro de bienes, pero no comprobaron los gastos.

"Ya fuimos a visitar los domicilios fiscales de esas empresas y son casas-habitación. La gente que vive allí no sabe de ellas", dijo Ávila Ruiz en entrevista.

"Estamos seguros que es lavado de dinero y que no pagaron los impuestos".

Los presuntos proveedores, personas morales y físicas, implicados fueron identificados como Edificaciones y Proyectos Peninsulares, de Ramón González Duarte; Gilberto Irigoyen Basto; Gaspar Francisco Chim González; Cleyver Ricardo Dzib Viera; Daniel Cornelio García; MC Construcciones, de Vilma Yameli Navedo Mejía, y Comercializadora Integral del Sureste, de Miguel Ángel Torres.

Las empresas, de reciente creación y que operaban sin contar con un inmueble fijo, recibieron mediante adjudicación directa diversas obras o servicios simulados, es decir, que nunca se llevaron a cabo.

Sin embargo, el Ayuntamiento realizó los depósitos en cuentas bancarias para finiquitar un monto total de 70.2 millones de pesos.

La denuncia ingresó a la Secretaría de la Función Pública, por tratarse de recursos públicos federales. Además, se prepara un expediente que será presentado ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). (Reforma)