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QUINTANA ROO, SOBRE CIMIENTOS DE CORRUPCIÓN.

SE INTERPONE DENUNCIA CONTRA OTRO EX GOBERNADOR

DIPUTADOS A PRUEBA

JUAN PABLO GUILLERMO PIERDE AMPARO. DEBE REACTIVARSE JUICIO POLÍTICO

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Transparencia y Opinión

jueves, octubre 19, 2017

CON INTEGRANTES SIN CUMPLIR REQUISITOS, "AVANZA" QUINTANA ROO HACIA SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

CHETUMAL, MX.- Quintana Roo avanza en la integración de su Sistema Estatal Anticorrupción con personas que no tienen ninguna trayectoria ni trabajo real en el combate a la corrupción, rendición de cuentas o transparencia.


El 14 de septiembre pasado, con la designación de Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo como fiscal anticorrupción, se dio el primer paso para poner en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción, pero solo como un trámite al que Quintana Roo se suma por mandato constitucional, pues en los hechos, en la administración del gobernador Carlos Joaquín González, el priista que renunció a su partido luego de no ser postulado, no se tiene la menor intención de avanzar en el tema del combate a la corrupción.

Rosaura Villanueva fue electa por el voto unánime de los diputados, y antes de convertirse en fiscal anticorrupción ya era parte de la Fiscalía General del Estado, como Vicefiscal. Con Doctorado en Derecho Penal, Villanueva Arzápalo hizo carrera en el Poder Judicial de Quintana Roo como juez penal, con una cuestionable reputación entre buena parte del gremio de litigantes. Y antes de “regresar” al equipo del ahora Gobernador, Rosaura Villanueva jugó en el equipo contrario, pues acompañó a la candidata del PRI, Georgina Ruiz Chávez, en su intento de convertirse en presidenta municipal de Cozumel en las pasadas elecciones, las mismas en las que ganó Joaquín González. Todo parece indicar que Rosaura Villanueva jugaba tanto para el PRI como para la coalición PAN-PRD. En la hipótesis de que la priista Georgina Ruiz hubiera ganado la elección municipal, la ahora Fiscal Anticorrupción sería tercera regidora… por el PRI.

A esta elección de la Fiscal Anticorrupción, le siguió ayer miércoles otra elección “unánime”, la de los integrantes de la Comisión de Selección; la que elegirá a los ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

La designación recayó en Elena Isabel Múgica Silva, Celina Izquierdo Sánchez, Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano, Adrián López Sánchez, y Alejandro Riquelme Turrent; todos ellos, sin conocimientos, trayectoria o trabajo en las áreas de combate a la corrupción, fiscalización, rendición de cuentas o transparencia.

En el boletín difundido por el Congreso, no se detalla ningún dato de quienes son estos personajes que elegirán al órgano más importante del Sistema Anticorrupción, que es el de Participación Ciudadana, y si no existe dato alguno de ellos es precisamente porque carecen de todo antecedente en la materia, y por lo tanto no cumplen con el requisito de elegibilidad.

ACEPTAR CARGO SIN REUNIR REQUISITOS, SU PRIMER ACTO DE CORRUPCIÓN

Si los ciudadanos electos para integrar la Comisión de Selección creyeran en la institución anticorrupción no habrían aceptado el cargo, pues aceptarlo sin cumplir el requisito más importante, es su primer acto de corrupción.

ELENA ISABEL MÚGICA SILVA, de acuerdo a sus datos consultados en LinkedIn es Jefe de Educación Continua de la Universidad Tecnológica de Cancún. Y… nada más.  


HEMMA SERLENE CUEVAS RUEDA QUIJANO, también según información consultada en LinkedIn, es “couching” de negocios y proyectos de inversión de la Universidad UNIMAAT; se presenta también como catedrática e investigadora en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, al aparecer  de la totalmente desconocida universidad privada UNIMAAT. También cuenta con una Maestría en Desarrollo Organizacional. Refiere que trabajó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) durante 19 años y 11 meses, además de que “creó” “un A.C perteneciente a INCUSUR”.


CELINA IZQUIERDO SÁNCHEZ es la única persona con reconocida trayectoria… pero en asuntos de equidad y género, donde a través del Observatorio de Violencia Social y de Género ha realizado una respetable labor. Sin embargo, no tiene ningún trabajo en las áreas de combate a la corrupción, fiscalización, rendición de cuentas o transparencia.

ADRIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ, actual presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Cancún, tampoco tiene mayor trayectoria, salvo que en fechas recientes participó en las mesas de discusión del Sistema Estatal Anticorrupción. Desde su posición como representante empresarial ha jugado un papel totalmente acrítico y complaciente frente al gobierno estatal.

ALEJANDRO RIQUELME TURRENT es otro personaje que coincide con el perfil de los anteriores: nulo trabajo en los temas de combate a la corrupción, fiscalización o rendición de cuentas. Pertenece a la asociación Ciudadanos por la Transparencia (CITRA), creada por el empresario Francisco Córdova Lira, que como se hizo público en su momento, recibió de manera ilícita, un millón y medio de pesos del entonces alcalde perredista de Cancún, Julián Ricalde, mismos que fueron desviados del Subsidio para la Seguridad Municipal, y que debieron aplicarse a la prevención del delito en Cancún. CITRA ha mantenido una postura de “acompañamiento” y “aval” en las simuladas acciones de transparencia de los gobiernos desde el sexenio de Roberto Borge Angulo y ahora en el de Carlos Joaquín González.

CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE NO CUMPLEN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

De acuerdo al artículo 18, fracción I, párrafo segundo de la Ley estatal anticorrupción, uno de los requisitos que obligatoriamente deben cumplir los integrantes del Comité de Selección es “haberse destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción”; lo cual, como se pone en evidencia no cumple ninguno de los designados por los diputados de la XV Legislatura.

Dicho párrafo señala:

(…)
“Los candidatos a integrar la Comisión de Selección, deberán cumplir con los siguientes requisitos: Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  haber residido en el Estado cinco años anteriores a la postulación del cargo; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público; no haber desempeñado el cargo de Secretario de Despacho, Fiscal General de la República o del Estado, Senador, Diputado Federal o Estatal ni gobernador de algún Estado y haberse destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.”
  
DIPUTADOS CONTENTOS, SATISFECHOS Y ESPERANZADOS

El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Mesa Directiva del Congreso felicitó a los ciudadanos electos y aseguró que su designación representa una esperanza para los quintanarroenses, al tener en sus manos la alta encomienda de seleccionar a los mejores hombres y mujeres de Quintana Roo para integrar el Comité de Participación Ciudadana.

En su intervención, la diputada Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos expresó la disposición de las diputadas y diputados de la XV Legislatura, de seguir trabajando de manera conjunta con la ciudadanía para que en Quintana Roo no haya más corrupción e impunidad.

LEER: “Comité Ciudadano de Transparencia” ejemplo de corrupción. Simuló contrato para cobrar 1.5 mdp del Subsemun

LEER: QUE FONATUR LE PAGUE A CÓDOVA LIRA POR TAJAMAR Y QUE ELEMPRESARIO DEVUELVA EL DINERO QUE RECIBIÓ DEL SUBSEMUN

domingo, octubre 08, 2017

Resolvió Magistrado inhabilitación de Ortiz Jasso. Ayuntamiento de Cancún oculta datos

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.-El pasado 8 de septiembre la Sala Especializada en materia Constitucional y Administrativa dictó la sentencia definitiva en el expediente S.C.A/A/146/2016, mediante el cual Eduardo Ortiz Jasso combatió su inhabilitación en contra de la sanción decretada por el presidente municipal de Cancún, como se desprende de la lista electrónica publicada por dicho juzgado.


Aunque se desconoce el sentido de la sentencia, pues nadie ha dado a conocer su contenido, lo anterior es una prueba evidente de que al momento en que Eduardo Ortiz Jasso fue nombrado por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, como director de la Agencia de Proyectos Estratégicos (AGEPRO), el 30 de julio pasado, el funcionario de primer nivel se encontraba inhabilitado, puesto que la sentencia sobre su situación legal se acaba de dictar hace un mes.

El ayuntamiento de Cancún se negó a responder sobre la inhabilitación

A través de la solicitud 00588317, el 17 de agosto pasado, Somos Tus Ojos requirió al ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) “decir si Eduardo de Jesús Ortiz Jasso se encuentra inhabilitado. Detallar causa (s) de la inhabilitación, periodo (s), y si el referido combate por la vía administrativa o judicial la o las inhabilitaciones.”, casi dos meses después, el 9 de octubre, la Unidad de Transparencia municipal respondió que la solicitud no era clara: “en la forma en que se plantea la solicitud de información, así como los datos e información que refiere no son suficientes para ubicar o realizar la búsqueda correspondiente, y estar en posibilidades de dar una adecuada respuesta”.

Y le tira la bolita a la Contraloría del estado

En otra parte de la respuesta a la solicitud de información, la Unidad de Transparencia señala que “(…) si el solicitante quiere saber si actualmente esta persona (Eduardo Ortiz Jasso) se encuentra inhabilitada (…) solo las personas que aparezcan inscritas en el padrón de servidores públicos inhabilitados de la Secretaría de la Contraloría del estado son los que se encuentran inhabilitados o impedidos para desempeñar un cargo, empleo o comisión en el servicio público (…)”.   
Aunque en varias ocasiones el secretario del ayuntamiento de Cancún, Guillermo Andrés Brahams González, aseveró que Eduardo Ortiz Jasso enfrentaba dos procesos de inhabilitación, ahora a la Unidad de Transparencia de Cancún, le pareció poco clara la pregunta.  

Tribunal federal aún no resuelve recurso de Somos Tus Ojos por nombramiento  

Somos Tus Ojos aún mantiene un recurso de queja en el Segundo Tribunal Colegiado mediante el cual se impugnó el desechamiento del amparo 1088/2017, promovido por esta asociación en contra del nombramiento de Eduardo Ortiz Jasso al frente de la AGEPRO, y que el Juzgado Segundo de Distrito desestimó.

La asociación también presentó una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado en contra del gobernador Carlos Joaquín González quien nombró directamente a Eduardo de Jesús Ortiz Jasso al frente de la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado de Quintana Roo con lo que incurrió en responsabilidad, pues incumplió con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Quintana Roo que señala en su artículo 47 que “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general: (…)  XIII. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”. (…)

Joaquín González designó a Eduardo Ortiz Jasso como director de la AGEPRO, aún y cuando no existía una resolución firme sobre si estaba o no inhabilitado, por lo que el Gobernador deberá ser sancionado por la Contraloría.

Probada trayectoria…

Eduardo Ortiz Jasso es conocido por su trayectoria en el Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) de Cancún, cargo que ocupó por ocho años, trascendiendo con su “experiencia” administraciones priistas y perredistas, y desde donde entregó sobre densificaciones a múltiples proyectos inmobiliarios y hoteleros.

Durante el gobierno del priista Francisco Alor Quezada (2005-2008), Eduardo Ortiz instituyó desde el IMPLAN una especie de “moche” oficial que se cobraba a cada desarrollador que presentaba un proyecto y que era analizado y “palomeado” por el IMPLAN, tal y como lo documentó la que esto escribe luego de obtener copia de los dictámenes técnicos analizados por el Instituto que dirigía Ortiz Jasso.    

El “moche” era un cobro que se establecía discrecionalmente desde el IMPLAN y que debían pagar los desarrolladores, el cual supuestamente se destinaba a un “Fondo para la gestión y el fortalecimiento institucional”

Ahora, como director de la AGEPRO, Ortiz Jasso se encargará de buscar inversionistas para realizar proyectos estratégicos en Quintana Roo, en algunos de éstos el gobierno del estado dispondrá como capital de inversión de los predios propiedad del estado.

En días recientes, el gobierno del estado Ortiz Jasso  presentó tres proyectos para Quintana Roo entre los que se encuentran la construcción una línea de tren que comunique Cancún con Tulum, un puente de ocho kilómetros sobre la Laguna Nichupté y un tren ligero elevado para la zona hotelera de Cancún.


De acuerdo al decreto creación de la AGEPRO, ésta debe operar con una junta de gobierno, encabezada por el gobernador y los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Oficialía Mayor y “tres ciudadanos”, pero hasta ahora no se ha integrado la misma, y se desconoce cómo se elegirá a los tres ciudadanos.


domingo, octubre 01, 2017

Luchar por conservar la vida siendo ciega e indígena: el caso de María Elena

Fabiola Cortés Miranda

PLAYA DEL CARMEN, MX.- “SOY MARÍA ELENA. PIDO AYUDA PARA MI ATENCIÓN MÉDICA. TENGO HEMODIÁLISIS Y ESTOY CIEGA”. Eso dice el letrero que cubre parte de la silla de ruedas sobre la que está María Elena Moo Tuz, indígena maya de la comunidad de Xkabil, del municipio de José María Morelos; exactamente el mismo lugar de donde es oriundo el famoso “niño diputado”, Ángel Jacinto Noh Tun, quien con su enjundioso discurso sobre la corrupción, conoció la efímera fama.


A María Elena la acompaña su esposo Filomeno Canul Noh, quien ha visto cómo la diabetes y otras complicaciones han ido acabando con la vida de su mujer; primero fue la perdida de la capacidad renal y recientemente la ceguera; “perdí la vista el 17 de agosto, ya hizo un año”, recuerda con exactitud la mujer.

Para recibir hemodiálisis en el Hospital General de Playa del Carmen, María Elena y Filomeno deben recorrer más de 300 kilómetros dos días a la semana. Salen a las tres de la mañana de Xkabil, y si tienen suerte, los transportistas de frutas de Oxkutzcab, Yucatán, los acercan al municipio maya de Felipe Carrillo Puerto, pero si no, deben buscar un “flete”, un automóvil que los lleve a Felipe Carrillo Puerto, en donde toman un transporte colectivo que los traslada a Playa del Carmen, y de allí, un taxi los deja en el Hospital General, donde a las siete de la mañana María Elena inicia su tratamiento de hemodiálisis.

Filomeno Canul no tiene trabajo, está dedicado de tiempo completo a atender a su esposa y a cuidar a sus dos hijos: él traslada a María Elena, él hace de comer, él lava la ropa, el atiende a sus hijos, a quienes espera poder sostener hasta el bachillerato, para que puedan “salir adelante”, expresa.

Sin empleo y sin ingresos, los dos días, martes y jueves, que la pareja viene a Playa del Carmen, al tratamiento de María Elena, tienen que pedir apoyo en las calles para poder regresar a Xkabil, y para tener dinero y volver nuevamente al Hospital. La vida de ambos está en manos de la caridad de quienes se detienen a su paso y les regalan una moneda.

En Quintana Roo, salvo el Hospital General que les cobra una cuota mínima por la hemodiálisis, ninguna institución parece funcionar. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en manos de las ‘primeras damas’, hermanas, esposos  o cualquier familiar del gobernante estatal o municipal, ha permanecido indiferente a la batalla diaria de María Elena y su familia; con improvisados al frente de la dependencia, los funcionarios no ofrecen solución alguna. El presidente municipal priista de José María Morelos, José Dolores Baladez Chi, a quien han acudido en busca de ayuda, tampoco les ha brindado apoyo. Lo que sí recuerda la pareja es cuando Baladez Chi pasó a su casa a pedirles el voto, el año pasado.  

“Dicen que con salud no se tiene todo, pero sin salud no se tiene nada”

“Dicen que con salud no se tiene todo, pero sin salud no se tiene nada”, afirmó el gobernador Carlos Joaquín González, según quedó consignado en el boletín de prensa difundido por la Unidad del Vocero apenas este 13 de septiembre, y en el que las cifras triunfalistas se contraponen con la dramática situación de una familia.

En el comunicado, se presumen los alcances del programa ‘Médico en tu casa’, se afirma que en un año, se atendieron a más de 25 mil personas, algo, difícil de creer, porque ‘imaginando’ que desde el primer día del actual gobierno empezó a funcionar el programa, ello significaría que cada día de los 365, contando sábados, domingos y días festivos, se atendieron a 72 personas…

“En este lapso, se proporcionaron 50 mil 310 servicios médicos entre consultas, detección de enfermedades y capacitación. Hoy, estas personas han mejorado su salud y sus condiciones de vida”, según el Gobernador de Quintana Roo.

“A través de las Caravanas de la salud se llevaron más servicios médicos a las comunidades más apartadas para estar cerca de las familias de las zonas rurales e indígenas, que no fueron atendidas por quienes estuvieron en el poder y prefirieron beneficiar a unos cuantos”, afirma Joaquín González en el engañoso boletín de prensa.

A María Elena y su familia ningún médico de las “Caravanas” los ha visitado, ni tampoco han escuchado del programa “Médico en tu casa”, para ellos, nada ha cambiado con el anterior gobierno y con el actual. Siguen arreglándoselas con la ayuda de la caridad de los playenses.

La enfermedad que se llevó todo, ya no queda nada que vender

En la calle, mientras conversamos, Filomeno mira los autos que pasan por la avenida, de pronto se acerca alguno y le da una moneda, María Elena, con su ceguera apunta el rostro hacia donde escucha las voces; asienta y, pese a todo, sonríe.

“Cuando veo pasar esos carritos me acuerdo del mío”, dice Filomeno, al paso de un viejo coche, “aunque apenas andaba nos servía, pero lo tuvimos que vender para poder seguir con la enfermedad”, recuerda; “el terreno donde vivimos ya solo nos queda la mitad, la otra mitad la vendimos también”, cuenta. “Pero no nos podemos quejar, aquí la gente de Playa nos ha ayudado mucho, cada que venimos si no tenemos para regresarnos nos quedamos para pedir ayuda, y sí siempre nos ayudan”, dice resignado y acostumbrado…

Ser hombre, ser indígena y ser “ama de casa”, de la discriminación al respeto

Filomeno Canul Noh además de sortear la enfermedad de María Elena tuvo que enfrentar la discriminación y la crítica dentro de una comunidad indígena muy hecha todavía a los usos y costumbres, donde la mujer debe atender al hombre y a los hijos: “al principio me criticaban, que por qué yo le lavo la ropa a mis hijos y a mi esposa, que por qué les hago de comer, si son cosas de mujeres”, recuerda Filomeno; quien, sin embargo, no dejó que esos comentarios lo alejaran de su responsabilidad familiar: “Yo pienso, si mi esposa me gustaba cuando era joven, ahora que está enferma por qué la voy a abandonar”, agrega.

Son poco más 4 de la tarde y calcula Filomeno que ya reunieron lo suficiente para poder irse. El gasto en ir y venir de XKabil a Playa del Carmen, a la semana es de unos mil 800 pesos, una cantidad exorbitante para la economía indígena.

¿Los podemos visitar?, le pregunto a Filomeno y a María Elena, al final de la entrevista; y sin dudarlo asienten. “Sí, cuando quieran pueden ir a nuestra casa, nos gusta recibir visitas, los médicos del Hospital ya fueron a nuestra casa, por eso nos ayudan mucho”, dice el hombre, mientras María Elena mueve la cabeza afirmativamente y sonríe.

Para cualquier apoyo, el teléfono de Filomeno es 983 752 1323, pero en el lugar donde vive no hay señal de telefonía celular, por lo que únicamente, cuando está en Playa del Carmen, entre  martes y jueves, es posible establecer contacto con la pareja. (NoticaribeNews)

sábado, septiembre 30, 2017

Incumplen con entrega de polémicos uniformes, pero Oficial Mayor está firme

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.-Ayer viernes el gobierno del estado tuvo que reconocer que se ha incumplido con la cuestionada licitación de uniformes que costó 104 millones de pesos del erario, pues la empresa poblana, Comercializadora Adicon S.A. de C.V, no ha podido entregar 52,587 paquetes de estas prendas escolares, lo que equivale al 24 % del total. A pesar de ello, el oficial mayor, Manuel Alamilla, parece firme en su puesto, ya que incluso hoy 30 de septiembre, asistirá en representación del gobernador Carlos Joaquín González, al Segundo Informe del Gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién, de acuerdo a la agenda pública.


La historia

Ante la polémica generada por la licitación OM-LPN32-2017, que ganó una empresa foránea frente a una única competidora chetumaleña, el propio gobernador del estado, Carlos Joaquín González, en su momento, defendió que ésta se había entregado a la maquiladora poblana porque “garantizaba” la entrega en tiempo y forma de los uniformes; en tanto, el oficial mayor, Manuel Alamilla argumentó que las empresas de Quintana Roo no podían cumplir con la encomienda de manufacturar los 222,587 paquetes de uniformes, e incluso les recomendó a los empresarios “prepararse mejor” para concursar en las próximas licitaciones…

Nunca antes ningún gobierno había entregado uniformes escolares a “niños de escasos recursos”, como se refiere el comunicado del gobierno del estado a los beneficiarios de estos uniformes, por lo que el gasto de 104 millones de pesos en un artículo innecesario se ha interpretado como un pago de favores a presuntos empresarios poblanos; tomando en cuenta que incluso el uso de uniforme no es obligatorio, y la situación que rodeó a lo que parece ser una amañada licitación.

La penalidad no podrá superar en ningún caso los 10 millones de pesos

El plazo del contrato para entregar la totalidad de los uniformes venció el 31 de agosto de 2017, sin que se contemple prórroga, y la sanción por el incumplimiento es del 1% sobre el saldo que no ha cubierto la empresa Comercializadora Adicon S.A. de C.V, con la entrega de uniformes, esto es el 1% diario de 24 millones 960 mil pesos (que es el 24% de 104 millones de pesos), lo que equivale a 249 mil 600 pesos diarios. Aunque la pena convencional por el incumplimiento, sin importar el tiempo que tarde la empresa poblana en entregar los uniformes, no podrá ser mayor del 10% del monto total contratado; esto, es la sanción máxima que se le podrá imponer a Comercializadora Adicon es de 10 millones 400 mil pesos…de acuerdo al tope fijado por los generosos contratos que el oficial mayor, Manuel Alamilla firma con los proveedores.

La polémica por la licitación de uniformes se generó no solo por la inutilidad del gasto, sino porque la única empresaria chetumaleña que participó, Ana Josefa Peralta Alonzo, fue descalificada porque los rayitos de sol del escudo de las prendas eran de un amarillo subido de tono…

Organizaciones denuncian ante la Contraloría

Cabe destacar que el 28 de agosto pasado, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (CONACI) y de la asociación Somos Tus Ojos, presentaron ante la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES) una denuncia en contra del oficial mayor del gobierno del estado,  Manuel Alamilla Ceballos, y del Director General de Administración, José Manuel González Acosta; con el fin de que investigue si se apegó a la legalidad la licitación OM-LPN32-2017 para la confección de 114 mil 422 paquetes de uniformes para hombre y 108 mil 165 paquetes de uniformes para mujer.

La denuncia quedó radicada bajo el expediente SECOES/CGISP/CI-B/EPRA0003/2017 y en ésta se le requiere a la Contraloría realizar una profunda y amplia investigación para acreditar:

a) Que la empresa Comercializadora Adicon S.A. de C.V, tiene infraestructura instalada y la capacidad para poder cumplir con el contrato de maquila de uniformes

b) Que las empresas de Quintana Roo no cuentan con la capacidad y organización para poder cumplir con lo licitado.

A la SECOES se le demanda investigar si la adjudicación de la licitación a favor de la empresa Comercializadora Adicon S.A. de C.V. se apegó a estricto derecho, para lo cual se le requirió investigar a profundidad el caso mediante la obtención, en su carácter de autoridad, de diversos documentos, así como el desahogo de pruebas varias.

Entre los documentos que se le pide a la Contraloría integrar al expediente están el acta constitutiva de la persona moral Comercializadora Adicon S.A. de C.V., las declaraciones fiscales de la empresa de los últimos 2 años, para demostrar que anterior a la licitación recientemente ganada, Comercializadora Adicón S.A. de C.V. ha sido un proveedor constante de los artículos que vendió al gobierno de Quintana Roo y en número similar a los de la licitación OM-LPN32-2017.

También se le requiere a la Contraloría gestionar la realización de un  estudio socioeconómico, con el apoyo de alguna universidad o colegio de especialistas, con el cual se pretende esclarecer si en Quintana Roo las empresas que existen dedicadas al ramo textilero y/o a la confección de uniformes cuentan o no con capacidad en instalaciones, personal, recursos económicos, y capacidad de producción, para poder participar y resultar ganadoras de la licitación, cuestionada; así como si éstas en su conjunto podrían haber ofertado o por lo menos igualado el precio que Comercializadora Adicón ofreció al gobierno de Quintana Roo.

Igualmente, se le requirió a la Secretaría de la Contraloría  investigar si la empresa ganadora de la licitación cuenta con los recursos económicos, materiales y de infraestructura necesarios para cumplir con el contrato adjudicado, en los términos y tiempos establecidos.

También se le pidió a la SECOES realizar una pericial económica, consistente en conocer el costo en el mercado, por unidad de prenda y por kit de uniformes a fin de establecer si el monto pagado por los millares de uniformes corresponde a un precio de mayoreo.

Finalmente, se le requirió a la Contraloría, llevar a cabo una inspección ocular del domicilio fiscal de la empresa beneficiada, así como del domicilio en el que Comercializadora Adicon S.A. de C.V. tiene sus talleres de maquila, prueba en la que uno de los ciudadanos firmantes de la presente queja fungirán como testigo social.   

Pero Manuel Alamilla no se va

Pero el oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos, parece tener en el gobernador del estado, Carlos Joaquín González a su mayor protector, pues salió en su defensa en plena tormenta de la, ahora se comprueba, fallida y amañada licitación; y hace unos días, negó que existiera nepotismo, en el hecho de que Tristana Hernández Villegas, esposa del Oficial Mayor, tenga el cargo de Directora de Imagen en la Oficina del Gobernador. El “Gobernador del cambio” tampoco ve conflicto de intereses o que el pago de más de 100 mil pesos mensuales a la esposa de Manuel Alamilla sea por lo menos, políticamente incorrecto.

Lo que es más, hoy 30 de septiembre, de acuerdo a la agenda pública difundida por la Unidad del Vocero, el Oficial Mayor asistirá, en representación del gobernador Carlos Joaquín González, al Segundo Informe del Gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién, de acuerdo a la agenda pública.

Y sigue la mata dando…




jueves, septiembre 28, 2017

Acusa Observatorio Legislativo simulación de diputados en juicio político contra ex Tesorero de Roberto Borge

CANCÚN, MX.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo se dijo extrañado por la “cautela” con que la Comisión Instructora de la XV Legislatura está actuando en el caso de Juan Pablo Guillermo Molina, ex Tesorero de Roberto Borge Angulo, luego de que el Juez Sexto de Distrito resolviera el pasado 20 de septiembre sobreseer el amparo promovido por el ex funcionario, lo que permite a los diputados Emiliano Ramos (PRD), Jesús Zetina (PAN) y José Luis González (PRI), de la Instructora, continuar con el procedimiento

“La denuncia que interpuso la organización ciudadana Somos Tus Ojos está siendo detenida bajo argumentos falaces que le están permitiendo ganar tiempo al demandado para buscar una nueva protección”, dijo Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo


Señaló que en la estructura de la Dirección Jurídica del Congreso continúan los mismos titulares  de la XIV Legislatura que operaron el llamado blindaje de impunidad.

Cabe destacar que Somos Tus Ojos denunció que el director jurídico del Congreso, Lizandro Landeros Lima, ocupó ese mismo cargo en la XIV Legislatura, y fue este mismo funcionario el que en julio de 2016 desechó el juicio político interpuesto por la asociación. Igualmente, Landeros Lima defendió, en enero de 2017, ante el Juez Sexto de Distrito que otorgó el amparo a Somos Tus Ojos, que el desechamiento del juicio político había sido “apegado a derecho”.

El representante del Observatorio Legislativo dijo que los actores que participaron en el llamado “paquete de impunidad” de Roberto Borge Angulo continúan ocupando espacios en el actual “gobierno del cambio”: “vemos que en las áreas de  auditoria y del jurídico permanecen los mismos funcionarios. Se dice que hubo un cambio pero  siguió igual. La barrera de impunidad continúa”, aseveró.


“Hemos señalado que las acciones que se toman en el Congreso del estado se están encaminando a una conducta pública de extensa difusión pero con una tendencia que se orienta a la simulación”, destacó Galaviz Ibarra, quien enfatizó que el nombramiento del Auditor Superior, recayó en un personaje que anteriormente ya había estado encargado de la vigilancia del manejo financiero de las instituciones del estado, refiriéndose a Manuel Palacios, y quien por no perder su puesto, según lo reconoció él mismo, no señaló las irregularidades en las cuentas de la administración de Roberto Borge. Similar situación ocurrió en el caso del nombramiento de la titular de la Fiscalía Anticorrupción, recayendo éste en Rosaura Villanueva, quien era Vicefiscal. En ambos nombramientos se pasaron por alto las propuestas ciudadanas y del Colegio de Contadores, puntualizó.








martes, septiembre 26, 2017

Se manifiestan ciudadanos en el Congreso de Quintana Roo

CHETUMAL, QROO.- Un grupo de alrededor de 10 ciudadanos se manifestaron en el Congreso de Quintana Roo para exigir que los partidos políticos renuncien el 100 por ciento de los recursos que les son asignados y que éstos se destinen a atender la emergencia dejada por los recientes sismos del 7 y el 19 de septiembre pasados que afecto varios estados del país y la Ciudad de México. Igualmente, los manifestantes exigieron a los diputados continuar el procedimiento de juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, ex Tesorero de Roberto Borge Ángulo.    


Los ciudadanos, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) y de la asociación civil Somos Tus Ojos, por la Transparencia Quintana Roo, que obtuvo un amparo con el que se reactivó el juicio político en contra de Guillermo Molina, se manifestaron alrededor de la una de la tarde afuera de la sede del Congreso, en Chetumal, Quintana Roo.

Representantes de Somos Tus Ojos exigieron que los diputados integrantes de la Comisión Instructora den continuidad al procedimiento de juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, denunciado por el presunto desvío de mil 464 millones de pesos recaudados del Impuesto al Hospedaje, y luego de que no procediera el amparo promovido por el ex funcionario y que impedía a la Comisión Instructora seguir con el proceso.

Los integrantes del Conaci, además de sumarse a la exigencia de dar continuidad al juicio político, reiteraron su postura de “cero pesos” a los partidos políticos y la eliminación de la figura de “plurinominales”. (NoticaribeNews)

Juez federal empuja juicio político contra ex Tesorero de Borge y Congreso lo frena

CHETUMAL, QROO.- La XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo parece no tener prisa para continuar con el juicio político promovido por Somos Tus Ojos en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, por el desvío de mil 464 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje; aunque los diputados fueron notificados desde el viernes pasado de la sentencia que echó por tierra el amparo que protegía a Guillermo Molina, la Comisión Instructora no ha retomado el procedimiento.


De acuerdo a información de Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión Instructora, y la encargada de continuar con el juicio político, estaba a la espera de la “autorización” de la Dirección Jurídica del Congreso para continuar con el juicio político.

Es de destacar, que el titular del Jurídico, Lizandro Landeros Lima, también ocupó ese mismo cargo en la XIV Legislatura, y fue el funcionario que desechó el juicio político interpuesto por Somos Tus Ojos en julio de 2016. Igualmente, Landeros Lima sostuvo, en enero de 2017, ante el Juez Sexto de Distrito que otorgó el amparo a la asociación civil, que el desechamiento del juicio político había sido “apegado a derecho”.  

Actualmente, la Comisión Instructora, integrada  por Emiliano Ramos (PRD), Jesús Zetina (PAN) y José Luis González (PRI), no tiene ningún impedimento para continuar el juicio político en contra de Guillermo Molina.

El pasado 20 de septiembre, el Juez Sexto de Distrito determinó sobreseer el amparo promovido por Juan Pablo Guillermo Molina para evitar la continuación del juicio político promovido por Somos Tus Ojos, con lo que el ex funcionario perdió toda protección de la justicia federal.

La asociación Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo exigió a los diputados continuar con el procedimiento en contra del ex Tesorero de Roberto Borge Angulo. 

domingo, septiembre 24, 2017

DIPUTADOS A PRUEBA. JUAN PABLO GUILLERMO PIERDE AMPARO. DEBE REACTIVARSE JUICIO POLÍTICO

 Fabiola Cortés Miranda

CHETUMAL, MX.- El 20 de septiembre pasado, el Juez Sexto de Distrito con sede en Chetumal, resolvió el amparo 262/2017, presentado por Juan Pablo Guillermo Molina en contra de la Comisión de Justicia de la XV Legislatura, determinando sobreseer el juicio de garantías, con lo que desde ya, la Comisión Instructora puede continuar con el procedimiento de juicio político en contra del ex Secretario de Finanzas de Roberto Borge Angulo.


Era la suspensión definitiva concedida en el amparo la que impedía a la Comisión Instructora, integrada por los diputados Emiliano Ramos (PRD), Jesús Zetina (PAN) y José Luis González (PRI), continuar con el juicio político, por lo que ahora, los legisladores ya no tienen pretexto para seguir con el procedimiento que deberá concluir con la presentación en el pleno, de la acusación en contra de Guillermo Molina.

Como se recordará, en abril de 2016 Somos Tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo presentó una demanda de juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo, por el presunto desvío de mil 464 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje, misma que fue desechada por la XIV Legislatura, de mayoría priista.

A través de un amparo, Somos Tus Ojos logró regresar a la XV Legislatura la demanda de juicio político, que a través de la Comisión de Justicia, determinó que ésta era procedente.

Juan Pablo Guillermo interpuso un recurso de revisión en contra del amparo logrado por Somos Tus Ojos, el cual fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado con sede en Cancún, confirmando éste el amparo a favor de la asociación dedicada a la transparencia y el combate a la corrupción.

Al mismo tiempo, el ex Tesorero presentó un amparo en contra de la XV Legislatura para evitar el juicio político, pero éste fue sobreseído por el Juzgado Sexto de Distrito el pasado 20 de septiembre, quedando libre la Comisión Instructora para continuar con el procedimiento en contra de Juan Pablo Guillermo.

Aunque el ex funcionario aún puede presentar un recurso de revisión contra la sentencia, mientras no lo haga, y un Tribunal no lo mandate, los  diputados Emiliano Ramos del PRD, Jesús Zetina del PAN y José Luis González del PRI; deben seguir el procedimiento.

El trámite del amparo era el único obstáculo que impedía a la Comisión Instructora continuar con el procedimiento, por lo que al ya no existir, ahora los diputados evidenciarán si tienen un real interés en que se haga justicia a Quintana Roo por el quebranto cometido por quien fuera Tesorero de Roberto Borge Angulo o sus acciones son parte de una justicia negociada o una simulación.

De continuar el procedimiento, la Mesa Directiva deberá convocar al Pleno y éste constituirse en jurado de sentencia, lo que significa que 22 de los 25 diputados  (los tres que integran la Comisión Instructora no pueden votar) tendrán que emitir su voto y condenar o eximir de responsabilidades a Juan Pablo Guillermo.

Cabe destacar que la XV Legislatura ya debió de haber sido notificada de la sentencia que no favoreció a Juan Pablo Guillermo Molina, por lo que deberá estar retomando el procedimiento en breve 

Se trata éste del primer juicio político procedente en la historia de Quintana Roo, el cual se encuentra fundado en datos de prueba suficientes para que la XV Legislatura en su calidad de jurado de sentencia, determine sanciones en contra de Juan Pablo Guillermo Molina y dé vista al Ministerio Público, por lo que los ciudadanos debemos mantenernos atentos y exigentes de la continuación del juicio político y de la votación que emita cada uno de los diputados.

EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO

En caso de que la  Comisión  Instructora  ya hubiese concluido con la última diligencia de su investigación,  tendrá  un  término  de  cinco  días  naturales prorrogables  por  otros  tres  días, a  solicitud  de su  Presidente (Emiliano Ramos) para  presentar  sus conclusiones. 

La Comisión Instructora analizará  los  hechos imputados a Juan Pablo Guillermo  y  podrá decidir la conclusión o la continuación del procedimiento.

La continuación del proceso se dará si a juicio de la Comisión Instructora existe la probable  responsabilidad de Juan Pablo Guillermo Molina, y dicha Comisión propondrá:

I. Que está legalmente comprobada la acción u omisión en materia de la denuncia.
II. Que existe probable responsabilidad del servidor público encausado.
III. Que la sanción debe imponerse de acuerdo con la ley.

En este caso, la Comisión Instructora enviará sus conclusiones al Secretario de la Mesa Directiva, con el carácter de ACUSACIÓN, solicitando se continúe con el procedimiento correspondiente.

Una vez que las  conclusiones  de  la  Comisión  Instructora  sean recibidas por  la Secretaria  de  la Mesa  Directiva (diputada Eugenia Solís Salazar), ésta dará cuenta al Presidente de la Legislatura (Eduardo Martínez Arcila), quien anunciará a la Legislatura la imputación en contra de Juan Pablo Guillermo Molina dentro de los tres días naturales siguientes.

La  Legislatura,  reunida  en  pleno,  celebrará  una  sesión  para  el  efecto  de  discutir  el  dictamen  de la Comisión Instructora y votar su aprobación o rechazo.

Si la Legislatura rechaza el dictamen presentado, el presidente de la misma declarará que no ha lugar a iniciar juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina; en caso contrario, la Legislatura iniciará el juicio político  actuando  como  Jurado  de  Sentencia,  con  exclusión  de  los miembros  de  la  Comisión  Instructora.

Una  vez  iniciado  el  juicio  político,  el  Presidente  de  la Legislatura  lo  hará  saber al denunciante  y  al  servidor  público  denunciado,  para  que  aquel  se presente  por  si  y  éste  lo haga  personalmente asistido de su defensor, a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga en la sesión  de audiencia respectiva.

Se realizará una sesión  de  audiencia  de  conclusiones,  alegatos  y  resolución  definitiva, en la que los miembros del Jurado, es decir, los diputados integrantes de la XV Legislatura votarán si Juan Pablo Guillermo es o no responsable.

Si la votación fuere en el sentido de que Juan Pablo Guillermo Molina es responsable, se emitirá resolución en esa misma sesión, decretando la sanción correspondiente. Si además, los hechos fueren  probablemente  constitutivos  de  delito,  como en este caso, se deberá dar vista al Ministerio Público.

CRONOLOGÍA DEL JUICIO POLÍTICO

ABRIL 2016.- Somos Tus Ojos interpone demanda de juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina por el presunto desvío de mil 464 millones de pesos.

JUNIO 2016.- La Comisión de Justicia de la XIV Legislatura del Congreso, de mayoría priista, desecha la demanda de juicio político contra Juan Pablo Guillermo.

SEPTIEMBRE 2016.- Comisión de Justicia notifica desechamiento de juicio político, y Somos Tus Ojos interpone un amparo.

MARZO 2017.- El Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal, concede el amparo de la justicia a Somos Tus Ojos, con lo que regresa la demanda de juicio político a la XV Legislatura del Congreso.

ABRIL 2017.- La Comisión de Justicia de la XV Legislatura (Carlos Mario Villanueva Tenorio (Encuentro Social), Fernando Zelaya Espinosa (PAN), Ramón Padilla Balam (Nueva Alianza), José Esquivel Vargas (PRD) y Juan Ortiz Vallejo (independiente, expulsado de Morena) determinó que era procedente la demanda de juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo Molina.

MAYO 2017.- Se integra la Comisión Instructora que se hará cargo de analizar e investigar la demanda presentada en contra de Juan Pablo Guillermo Molina, misma que está conformada por Emiliano Ramos (PRD), Jesús Zetina (PAN) y José Luis González (PRI). 

ABRIL 2017.- Juan Pablo Guillermo interpone recurso de revisión en contra del amparo concedido a Somos Tus Ojos y un amparo en contra de la XV Legislatura, lo que impide a la Comisión Instructora presentar al pleno la acusación en contra de Guillermo Molina.

JULIO 2017.- Comparece personalmente ante la Comisión Instructora del Congreso la representante de Somos Tus Ojos, Fabiola Cortés Miranda, y por escrito, Juan Pablo Guillermo Molina.
  
AGOSTO 2017.- El Tercer Tribunal Colegiado, con sede en Cancún, confirma el amparo concedido a Somos Tus Ojos.


SEPTIEMBRE 2017.- El Juzgado Sexto de Distrito determina sobreseer el amparo promovido por Juan Pablo Guillermo Molina en contra de la Comisión de Justicia de la XV Legislatura del Congreso, lo que permite a la Comisión Instructora continuar el procedimiento. 
 
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