BREAKING NEWS
.

Foto Nota

En solo 11 mil pesos

Vendió ex funcionario preso a Magistrado Presidente de QRoo predio del estado

QRoo otra vez falló en transparencia.

Incumple con portal nacional

Se va Barcos Caribe y....

regresan las tarifas altas del ferry Cozumel-Playa del Carmen

Ahora, ¡desalojen!

Caleta Cozumel, un bien nacional entregado al Hotel Presidente.

Cancún

Municipios

Nota Roja

Transparencia y Opinión

domingo, junio 25, 2017

NEXOS ENTRE GONZÁLEZ CANTO, RAÚL CERVANTES Y EMILIO GAMBOA DAN IMPUNIDAD A ROBERTO BORGE

Fabiola Cortés Miranda

Aunque Roberto Borge está detenido, todo parece ser parte de un circo: su aprehensión un día antes de una de las elecciones más difíciles para el PRI, y ahora las investigaciones que no avanzan lo suficiente ni han alcanzado a todos los que deberían alcanzar.

Esa falta de voluntad se puede entender por la amplia red de complicidades tejida por los tres últimos ex gobernadores que ha tenido Quintana Roo en torno a los terrenos patrimonio del estado y a otros negocios que tienen siempre de base los recursos públicos.

El remate de predios no fue una iniciativa surgida de la imaginación de Roberto Borge Angulo, fue una herencia de su antecesor, Félix González Canto, a su vez heredada de Joaquín Hendricks Díaz y que alcanza a nombres como el de los senadores priistas Emilio Gamboa Patrón y Ricardo Urzúa Rivero, ambos, amigos muy cercanos al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Raúl Cervantes, lo que puede explicar la falta de interés en el expediente Borge y cómplices.


El eje inmobiliario mantiene unidos a múltiples personajes en lo que parece ser una irreversible sociedad que nadie quiere tocar para no afectar sus propios intereses.

Fue a través de una investigación realizada durante alrededor de un año, que Somos Tus Ojos ha logrado documentar la estructura inmobiliaria a partir de terrenos del estado en la que participan ex gobernadores, políticos y empresarios.

En su administración: 2005-2011, Félix González Canto desincorporó 877 predios del patrimonio del estado, de acuerdo a datos obtenidos a través de lo que fue la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo;  la mayoría de los folios registrales de estos terrenos fueron verificados en los registros públicos de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, de esa información nace la investigación que a partir de hoy se presenta y que revela nombres y complicidades.

En el caso del exgobernador Joaquín Hendricks, se puede seguir el rastro de las ventas a partir de los contratos que se firmaron en su administración y que se materializaron en la de su sucesor, pues no existía en la ley la obligación de conservar los archivos; también se puede notar en la continuidad de los personajes que siguieron siendo beneficiados.

Así por ejemplo, Félix González Canto entregó a un grupo de poderosos empresarios yucatecos 321 hectáreas de tierras en Tulum a un precio de 208 millones de pesos, esto es, a unos 15 pesos el metro cuadrado, que ya convertidas en Aldea Zama, un  exclusivo desarrollo turístico inmobiliario se ofertan a unos seis mil pesos el metro cuadrado.


Mayazama es la sociedad mercantil que se benefició con las generosidad del Senador, en ésta  figuran como socios entre otros, Emilio Díaz Castellanos, amigo de Emilio Gamboa Patrón, amistad que se hizo pública y famosa luego de que el par aterrizara en helicóptero en el área natural protegida Arrecife Alacranes, en Yucatán.


Además prácticamente los mismos socios de Mayazama lo son en otras empresas inmobiliarias de Yucatán, beneficiadas igualmente con terrenos del estado…

El proyecto inmobiliario construido en Tulum, sobre terrenos de Quintana Roo también tiene entre sus socios a Inmoterra Tucani SA de CV constituida por Francisco Javier Garibay Osorio y Francisco Evadio Garibay Osorio, este último fue titular del Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo (INVIQROO) con Joaquín Hendricks, y titular del IPAE en los primeros meses de la administración de Félix González Canto…

Otro caso en el que es posible ver la continuidad de los negocios entre ambos gobernadores es el que gira en torno a Rodolfo Rosas Moya, uno de los empresarios yucatecos que Joaquín Hendricks y Félix González se encargaron de convertir en multi millonario…y que pareciera ser algo más que un socio, el prestanombre de ambos.

El nombre de Rosas Moya empezó a escucharse con intensidad tras la denuncia penal que interpusiera el PRD en el 2006, luego de que la empresa Comercializadora RONAC S. A. de C. V., en la que  Rosas Moya figura como accionista mayoritario realizara un millonario fraude en 2003,  en contubernio con el entonces gobernador Joaquín Hendricks, el que era titular del Inviqroo, Francisco Garibay Osorio, y el entonces alcalde de Playa del Carmen, Gabriel Mendicuti Loria.   

Ronac realizó un acuerdo con el Infovir para urbanizar una superficie de aproximadamente 563 mil metros cuadrados, expropiada del fundo legal de Playa del Carmen, a cambio de ello, se quedaría con un tercio de la superficie. De acuerdo a la escritura pública 21384 de la notaría 11 de Cancún, Comercializadora Ronac dotaría de servicios a cuatro polígonos de los siete que constituyen la llamada Cruz de Servicios, pero antes de cumplir con su parte del trato, la empresa de Rosas Moya se dedicó a comercializar a miles de pesos el metro cuadrado de tierra que no le había costado nada…

La zona elegida ya tenía proyectado un gran desarrollo comercial y habitacional, y en poco tiempo los inversionistas inmobiliarios adquirieron los terrenos que Comercializadora Ronac desincorporó del patrimonio del estado. Actualmente sobre esos terrenos se encuentra Plaza Las Américas y múltiples fraccionamientos, así como el Teatro de Playa del Carmen, donde otra vez Rodolfo Rosas Moya ganó, pues le permutó dicho terreno al ayuntamiento de Solidaridad a cambio de que éste le entregara otros cinco en la misma zona, y además le condonara el pago del impuesto predial de todas sus propiedades…

También Rosas Moya, con el apoyo del entonces alcalde Gabriel Mendicuti y sin la mínima oposición del Cabildo (2002-2005), adquirió el terreno donde se encontraba el histórico campo de béisbol Carlos Cordero para venderlo a la Comercial Mexicana. La operación, supuso un grave quebranto al patrimonio municipal pero sobre todo un acto devastador para la urbanística de Playa del Carmen, que continuó su crecimiento acelerado descomunal y falto de planeación. 

Sin embargo, la Cruz de Servicios fue apenas el inicio de los grandes negocios de Rodolfo Rosas Moya, que se jacta de haber derrotado en los tribunales al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues a través de múltiples empresas, el empresario yucateco continuó recibiendo predios del patrimonio de Quintana Roo que suman cientos de miles de metros cuadrados y que se han convertido en zonas inmobiliarias de alta plusvalía.
En la relación de predios que se presenta en esta entrega, están nombres ya conocidos por haber recibido terrenos en la administración de Roberto Borge Angulo, pero hay otros no tan conocidos, pero vinculados a las más altas esferas políticas, como el del senador RICARDO URZÚA RIVERO, quien el 8 de diciembre de 2005, siendo representante de SERVICIOS AÉREOS MILENIO SA de CV recibió un predio de 154 mil metros cuadrados, ubicado en Playa del Carmen, por el que la empresa pagó tres millones de pesos, que en menos de dos años convirtió en 22 millones de pesos, cuando traspasó el terreno a Corporación Geo SA de CV.

Entre sus socios, Servicios Aéreos Milenio (SAM) tiene a SERVICIO GOBERNADORES SA DE CV, representada por GABRIEL y WILLIAM JORGE KARAM KASSAB personajes ligados a la industria gasolinera y a múltiples nombres de políticos priista de primer nivel como Roberto Madrazo y empresarios de primera línea como Carlos Hank Rohn.

La empresa tuvo especial crecimiento en la administración del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, quien fue el principal usuario de sus aeronaves. El periódico Reforma reveló que el exgobernador Mario Marín Torres favoreció a SAM con contratos de hasta 132 millones 485 mil pesos por la renta de aeronaves, además de que Ricardo Urzúa también recibió favores políticos del gobernador, pues primero lo hizo suplente de Ardelio Vargas Fosado como diputado federal y al final de su sexenio lo premió con una diputación local.

El 14 de junio de 2010, una aeronave de se accidentó en el municipio maya Felipe Carrillo Puerto, en el que murieron 9 colaboradores del equipo de campaña del entonces candidato a la gubernatura Roberto Borge Angulo, a pesar del hermetismo, se supo que ésta pertenecía a Grupo Aéreo Xiknal S. A. del ex gobernador Joaquín Hendricks, y la cual es parte de Servicios Aéreos Milenio. 

En septiembre de 2014, Ricardo Urzúa se convirtió en senador, como suplente de Raúl Cervantes Andrade, actual titular de la PGR, cuando éste dejó su escaño para incorporarse a la docencia, posteriormente, lo hizo por segunda vez en octubre de 2016, cuando Cervantes Andrade se despidió del senado para asumir el cargo de Procurador de la República; ese día, desde tribuna, Cervantes Andrade no tuvo límite para expresar su gran amistad y su gratitud al senador Emilio Gamboa Patrón…

En esta primera entrega se repiten nombres como el de Raúl Omar González Angulo, tío de Félix González Canto y quien desde hace años ha operado sus negocios, casi todos del ramo inmobiliario-hotelero.

Surgen otros nombres, los de los “empresarios” yucatecos que se han enriquecido representando y asociándose con los gobernadores, pues resulta un poco ingenuo creer que los funcionarios han sido generosos a costa del patrimonio y los recursos públicos solo por simpatía o amor al prójimo.

Son múltiples empresas en las que los nombres se repiten, tanto de los padres como de los hijos, pues el gran negocio se ha ido heredando.

En esta entrega se documenta el modus operandi de comprar barato y vender caro, en el que participan familias, padres, esposas e hijos, como los Eloy José Cáceres Delgado, su esposa Gabriela Wejebe Gene y su hijo Eloy José Cáceres Wejebe; Jorge Montalvo Férraez, su esposa Graciela Claudina Vales Cámara y su hijo Rodrigo Montalvo Vales. Otros parientes como Raúl Montalvo Escamilla, Carlos Antonio Vales Ochoa, Luis Alberto Montalvo Ferráez, la esposa de éste Martha Elena Millet Molina, su hijo Luis Alberto Montalvo Millet, Luis Alberto Sierra Sauri y algunos que no pertenecen a estas familias pero que han tejido negocios con ellos como German Gardusa Linares y Edgar Manuel Méndez Montoya.

El juego de los nombres conduce siempre a los mismos…


Los detalles de estas operaciones se presentan en los folios registrales que se pueden verificar en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, y se acompañan con datos de los beneficiados por el IPAE. 

sábado, junio 24, 2017

No a las leyes estatales y sí al fortalecimiento de la Ley Federal de Protección a Periodistas

Fabiola Cortés Miranda

En la mesa nacional está el debate porque la circunstancia lo amerita. No se trata ya de los periodistas del norte del país o de los estados “conflictivos”,  “acosados por el narco”, se trata de todos nosotros sin importar en qué entidad estemos.


Han tenido que asesinar a cientos de colegas por ejercer su oficio para que empecemos a “medio querer reaccionar”. No somos policías no somos soldados, y sin embargo, las bajas se cuentan por cientos. Somos referencia en el mundo pero no por algo por lo que tengamos que alegrarnos, sino por algo que debería ser una vergüenza para un estado, pero no parece serlo.

De las cifras se ha dicho mucho, aunque no sobra recordar algunas que provienen del registro “oficial”, de lo que la Secretaría de Gobernación consigna en el análisis de riesgo de los periodistas que solicitamos la intervención del Mecanismo de Protección: “un periodista es asesinado en México, en promedio, cada 26 días”. Durante el primer semestre del 2016, se registraron 218 agresiones contra la prensa: 69 de enero a marzo y 149 de abril a junio; esto significa que la violencia contra periodistas aumentó 115% en el segundo trimestre del año. Por tipo de agresión, las físicas/materiales son las de mayor registro durante el semestre con 46 casos; seguidas de las intimidaciones, con 37; las amenazas, con 35; las privaciones de la libertad (que incluyen a las conocidas como “encapsulamientos” o “retenciones”), con 32; y ataques a medios de comunicación, con 16.
      
El propio estudio de riesgo reconoce que “de lo anterior se desprende que internacionalmente México es visto como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo debido a la gran cantidad de agresiones que sufren los periodistas en la realización de su actividad y a la falta de impartición de justicia por las autoridades, y que en algunos casos habrían de ser los agresores.”

En el Informe también se reconocen las omisiones de las autoridades encargadas de impartir justicia, como el retraso en las investigaciones y la falta de diligencias que lleven a esclarecer los homicidios y las agresiones, así como la tardanza en la integración de los expedientes…

Es decir, se tienen las estadísticas y se tiene el diagnóstico, y entonces ¿por qué el estado no ha actuado?.

Una posible respuesta se puede ilustrar con la reunión que en mayo pasado sostuvo la CONAGO con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,  donde únicamente 13 de 32 gobernadores se dieron tiempo para acudir personalmente a firmar el convenio para cumplir con el mecanismo federal de protección a periodistas; faltaron 19 ejecutivos estatales, entre ellos el de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

La respuesta entonces, a la pregunta de por qué el estado no ha actuado, puede reducirse a algo muy simple: porque no le interesa…

¿Si eso sucede a nivel federal, qué puede esperarse de una ley estatal y de los mecanismos locales?. Yo creo que nada, más allá de un órgano burocrático e inútil que terminará siendo una estructura administrativa cualquiera y un desperdicio de recursos.

¿Qué nos queda?

Desde mi opinión, nos queda unir esfuerzos para impedir que se atomice la obligación de estado de garantizar la vida y la integridad de las personas pertenecientes a un gremio que cumple una función social. Los mecanismos estatales provocarán una menor exposición de los casos y prácticamente una nula obligación de la federación de atenderlos. Serán las estructuras de los estados, con sus males, sus deficiencias y sus limitaciones las que atiendan las agresiones y los asesinatos de periodistas… Y si a ello se le agrega que las agresiones a periodistas provienen, en la mayoría de casos, de las autoridades locales…la circunstancia empeora.

¿Cuál es la propuesta?

La propuesta, además del rechazo a las leyes y los mecanismos estatales va en el sentido de reformar la ley federal de protección para periodistas, por ejemplo, desde la integración de la Junta de Gobierno, donde de un cuerpo colegiado de nueve personas, cinco son de la administración pública (incluyendo a la CNDH aquí) y cuatro del Consejo Consultivo (representantes de periodistas y defensores de derechos humanos). La fórmula se debe invertir, en este cuerpo colegiado deben ser mayoría los representantes de los agraviados.

Otro ejemplo. Aunque en la ley se contempla que los cuatro representantes del Poder Ejecutivo Federal que integren la Junta de Gobierno deberán tener un nivel mínimo de Subsecretario y el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el de Visitador, la realidad es muy distinta, pues a las Juntas de Gobierno llegan funcionarios no de segundo nivel sino de cuarto o quinto escalafón, desinteresados de los casos y con el único objetivo de “hacer presencia”. Es correcta la exigencia de la Ley sobre el nivel que deben tener los funcionarios que acuden a las sesiones de las Juntas de Gobierno, porque son éstos el conducto que tienen las víctimas para llevar su voz y su reclamo al nivel más alto; ahora lo que se requiere es establecer en la ley que esa presencia sea obligatoria, y solo eventualmente y en casos extremos pueda delegarse. Igualmente, se propone que a las sesiones de la Junta de Gobierno el representante de la PGR que acuda sea, indelegablemente, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), quien es todos estos años estuvo ausente, primero, en la figura de Ricardo Celso Nájera Herrera y ahora en la de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

Una propuesta más va en el sentido de que el Consejo debe dejar de ser un órgano solo “consultivo” para convertirse en uno con fuerza vinculante, donde sus observaciones no queden diluidas en boletines de prensa.

Pero quizás lo más apremiante es reformar la Fiscalía Especial para hacerla funcional, y para evitar que las denuncias de periodistas queden banalizadas en simples delitos del fuero común turnados a las procuradurías locales; que no quede a discreción y criterio de la FEADLE si investiga o declina la competencia sobre las denuncias presentadas por periodistas. Es ésta una pieza clave del entramado con el que se podría avanzar para acotar la impunidad en los asesinatos y las agresiones. Que se integre un grupo de trabajo profesional, efectivo e independiente.

Ahora bien, en los estados lo pertinente es crear unidades de enlace y apoyo integradas por periodistas y defensores de los derechos humanos, que sean coadyuvantes con el mecanismo federal para la integración de los análisis de riesgo y de las recomendaciones de los casos locales.


Concluyendo, párrafo por párrafo y una vez que se tenga un documento nacional, insisto, la vía debe ser reformar la ley federal e impedir a toda costa que la federación se desentienda de su obligación, porque las agresiones y los asesinatos de periodistas son un asunto de estado… 

martes, junio 20, 2017

La Profepa impuso multa de 6.6 millones de pesos a empresa que devastó manglar en Tajamar

CANCÚN, MX.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sancionó a la empresa Bi & Di Reale Estate de México, S.A. de C.V., por un monto de 6.6 millones de pesos, tras encontrarla responsable de remover vegetación forestal en predios del Malecón Cancún Tajamar, además, en caso de que la desarrolladora no obtenga autorizaciones federales de compensación ambiental, la empresa tendrá que restaurar 7.2 hectáreas de manglar en los terrenos afectados.


De acuerdo a un comunicado, dicha sanción fue decretada como resultado de los procedimientos administrativos en materia de Impacto Ambiental y Forestal contra la desarrolladora, tras no poder acreditar la legalidad de los trabajos de remoción de manglar con las respectivas autorizaciones en materia de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo que emite la SEMARNAT.

Como parte de este proceso, la Procuraduría realizó diversas visitas de inspección a predios en Malecón Cancún Tajamar, propiedad de la empresa Bi & Di Reale Estate de México, S.A. de C.V., donde constató que se encontraban desprovistos de vegetación y rellenos con material pétreo.

Al término de la substanciación de los procedimientos, la Profepa determinó imponer multas por un monto de 6.6 millones de pesos en las materias de Impacto Ambiental y Forestal.

Asimismo, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y con objeto de reparar el daño ambiental causado por dicha empresa inmobiliaria, esta autoridad federal impuso medidas correctivas, entre las que destaca la restauración de la superficie afectada por la remoción de la vegetación forestal.

En caso de que la desarrolladora no obtenga las nuevas autorizaciones federales en las que se ordene la compensación ambiental, la empresa tendrá la obligación de restaurar 7.2 hectáreas en los terrenos afectados por la empresa.


Finalmente, la Profepa pondrá las resoluciones sancionatorias a disposición de ciudadanos y organizaciones sociales miembros de la comunidad, que se constituyeron como denunciantes populares, para su consulta. (Con información de la Profepa)

jueves, junio 15, 2017

Beneficiados de Roberto Borge defienden con amparos predios asegurados por la PGR

CANCÚN, MX.- La madre del gobernador Roberto Borge Angulo, María Rosa Yolanda Angulo Castilla; su amigo y socio, Edgar Manuel Méndez Montoya; Santiago Samuel Jiménez Moreno, uno de los principales beneficiados con predios rematados, además de empresas como Caveri Servicios Inmobiliarios, SA de CV; Inmobiliaria Edme SA de CV, y Desarrollo de Xcacel y Protección de la Tortuga SA de CV, han tramitado amparos en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) para tratar de recuperar los predios que la dependencia aseguró en febrero pasado.

La mayoría de los juicios de amparo se están llevando en el Juzgado Cuarto de Distrito, con residencia en Cancún, en la que se señala como autoridad responsable a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

Como se recordará, en febrero pasado, la PGR realizó el aseguramiento precautorio de los terrenos propiedad del estado que durante la administración de Roberto Borge Angulo fueron rematados y entregados a familiares y amigos, algunos denunciados como presuntos prestanombres del ex mandatario.

A María Rosa Yolanda Angulo la PGR le aseguró cuatro predios, uno de 4,432 m2, otro de 44,421 m2, uno más de 47,638 m2 y uno de 111,763 m2, ubicados en la Isla de Cozumel, algunos con una amplia zona de playa.

A Edgar Manuel Méndez Montoya, la PGR le aseguró seis predios, uno de éstos de 395 hectáreas, ubicado en Bacalar y por el cual pagó poco más de 5 millones de pesos. Se trata de lo que fue el rancho lechero Ubre Blanca, una de las empresas estatales más exitosas en la época del entonces gobernador Mario Villanueva, y que se encargaba de proveer de lácteos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Entre los solicitantes de amparos se encuentra Santiago Samuel Jiménez Moreno, socio de Ricardo Vega Serrador, el zar de las gasolineras en la Península de Yucatán, a quien la PGR le aseguró diez predios, además de los de la empresa Caveri Servicios Inmobiliarios, SA de CV, también de los mismos.


Aún deberán pasar varios meses antes de que los amparos se resuelvan. (NoticaribeNews)

miércoles, junio 07, 2017

“Traspapeló” Mecanismo de Protección informe del Secretario de Seguridad Pública de QRoo

Fabiola Cortés Miranda

PLAYA DEL CARMEN, MX.-El cuatro de mayo pasado, la que esto escribe publicó una nota titulada “Secretario de Gobierno y de Seguridad Pública de QRoo obstaculizan Mecanismo de Protección para Periodistas”, en la que daba cuenta de la falta de respuesta por parte de Francisco López Mena y de Rodolfo del Ángel Campos, a los oficios enviados por el Mecanismo de Protección para Periodistas, que analiza el caso de esta reportera.


Hace unos días, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel, me hizo llegar la constancia de que desde el 28 de abril había dado respuesta al oficio UER/DEER/475/2017 en el que se le requirió informar si existen medidas implementadas a favor de la periodista, además de que se le solicitaron datos de la incidencia delictiva del fuero común en Quintana Roo y particularmente en la zona norte, en los dos últimos años.

La primera sesión de la Junta de Gobierno del Mecanismo sobre el caso particular fue el 28 de abril, el mismo día que Del Ángel Campos entregó la respuesta del oficio, por lo que se entendería que el informe del Secretario de Seguridad Pública no estuviera anexado a la Evaluación; sin embargo, la segunda sesión, fue el 30 de mayo, y en ésta se reportó que el funcionario de Quintana Roo seguía sin responder el oficio que le envió el Mecanismo…

El secretario de Gobierno, Francisco López Mena, respondió, aunque tardíamente, al oficio girado por el Mecanismo de Protección, por lo que no pudo ser incorporado al análisis del caso.

Situo lo anterior en el debate que tiene lugar en estos días en México, sobre la situación de riesgo a la que estamos expuestos los periodistas, y la discusión de si es necesario que cada estado tenga una ley de protección para periodistas y un mecanismo; o basta con revisar y actualizar la ley federal y el mecanismo, y en los estados crear unidades de coordinación y enlace.

Me pongo del lado de los que opinan que crear leyes estatales para atender una problemática ya estudiada e identificada, sería un gran retroceso, puesto que ha quedado sobradamente documentado que las presiones sobre los periodistas, sutiles o violentas, provienen de los entes municipales o estatales, y que, ante las denuncias, serían estos mismos los que se  encargarían de evaluar el riesgo del periodista, y también de brindarle “protección”.

Estoy convencida que la trayectoria de un Mecanismo de Protección federal no debe ser desperdiciada, máxime cuando se han identificado sus fallas, sino más bien, es necesario revisarlo, reorientarlo y adecuarlo a las circunstancias.

La federación está deseosa de que se creen leyes y mecanismos locales para arrojar la toalla y no ser obligada a enfrentar la situación que durante muchos años no se ha tomado con seriedad. Y yo me pregunto, y si la federación no ha podido, los estados, con todas sus limitaciones, podrán?.

Las leyes y los mecanismos estatales solo diluirán la problemática, la desdibujarán, y, muy probablemente, condenarán al mayor de los olvidos los casos de agresiones y asesinatos de periodistas.


Me parece que en los estados deben crearse  unidades de enlace y seguimiento  con el Mecanismo federal, que revisen desde lo básico, para evitar el “extravío” de documentos enviados por los funcionarios locales; hasta que se ocupen de retroalimentar al Mecanismo federal en cuanto al contexto de los casos particulares que en el centro del país se ven con una “objetividad” que ha llevado a evaluaciones fallidas, al hacer de lado al periodista de carne y hueso. 

martes, junio 06, 2017

Caleta Cozumel, un bien nacional entregado al Hotel Presidente. Ahora, desalojen!

Fabiola Cortés Miranda

COZUMEL, MX.- Tiene 20 mil 783 metros cuadrados de espacio utilizable en agua, y 14 mil 300 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre: es la Caleta de Cozumel, se encuentra pegada al Hotel Presidente Intercontinental, y por contrato, este bien nacional ya le pertenece al centro de hospedaje, solo hay un problema: no han podido sacar a los ocupantes de la Caleta, algunos de los cuales llevan décadas atracando sus lanchas allí.


Casi un mes antes de irse, el ex gobernador, y actual senador del PRI, Félix González Canto, y el entonces alcalde de Cozumel, su primo, Juan Carlos González Hernández, cedieron la Caleta Cozumel al Hotel Presidente Intercontinental, a través de la Administración Portuaria Integral de Cozumel (APIM), una empresa en la que participan, con el 51% el ayuntamiento de Cozumel, y con el 49% el gobierno de Quintana Roo.

El contrato, firmado el cuatro de marzo de 2011 por Ignacio René Cureño Muñoz, como representante de la APIM, y la sociedad Inversiones Turísticas del Caribe, S.A.P.I. de C.V., razón social del Hotel Presidente Intercontinental, establece que la Caleta le será concesionada al centro de hospedaje por un pago de 1 millón 191 mil pesos anuales, esto es menos de 100 mil pesos al mes, pero, para la primera condicionante de pago establece, que antes, deberán ser “desalojados” los “ocupantes” de este bien nacional.

“La primera contraprestación será cubierta dentro de los diez días siguientes a la fecha en que le sea entregada por la APIM la total y exclusiva posesión de la Marina La Caleta, en el entendido que, en dicha fecha, DEBERÁN DE HABER SIDO DESALOJADOS TOTALMENTE LOS USUARIOS DE LA MARINA LA CALETA Y SUS INMEDIACIONES (INDEPENDIENTEMENTE EL TÍTULO BAJO EL CUAL TENGAN USO, POSESIÓN, GOCE, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO DE LA MISMA) o cualquier tercero que tenga o alegue tener un derecho de uso, goce, posesión, explotación o aprovechamiento de la misma y se haya llevado a cabo la limpieza de La Marina La Caleta (los Ocupantes), (la fecha efectiva de entrega).  


Paralelo a la concesión de La Caleta Cozumel, el gobierno del estado, junto con el gobierno federal, a través del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), creó el proyecto Marina Fonatur, un complejo de lujo, a donde, pretendían hacerle un espacio a todos los usuarios y posesionarios del cuerpo de agua natural para poder entregar “limpia” la Caleta al hotel Presidente, sin embargo, más de cien ocupantes se han negado a salirse.

Uno de los posesionarios que está litigando su permanencia en La Caleta es Felipe Romo, un posesionario que ha permanecido en este lugar por más de veinte años: “por qué le vamos a ceder un bien nacional, que es de todos los cozumeleños y los mexicanos a un hotel”, cuestiona; “además este es el patrimonio de mis hijos”, reitera.

Romo reconoce que la mudanza hacia la Marina Fonatur  también los afectará económicamente, porque tendrán que pagar derechos más elevados; adicionalmente, los espacios son menores para sus embarcaciones.

Revive gobierno de Carlos Joaquín “desalojo” de la Caleta

El 25 de mayo pasado, el secretario de gobierno, Francisco López Mena, y la directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo) emitieron una convocatoria dirigida a los miembros de la Agrupación de Posesionarios y Marineros”, así como a los propietarios de embarcaciones, para concretar su salida de La Caleta, para entregarla “limpia”, como requiere el contrato.

La convocatoria invita a los interesados “a formar parte del programa de regularización y reubicación de los posesionarios”, que en esencia es el desalojo pactado desde el 2011 por Félix González Canto con el hotel Presidente Intercontinental.

La Caleta será devuelta, como fue entregada y tomando en cuenta su “desgaste natural”

De acuerdo al contrato, la cesión de La Caleta tendrá una duración de 17 años, prorrogables a otros 17 años, y el hotel Presidente la podrá devolver considerando el “desgaste normal” sufrido, como si no se tratara de un bien natural sino de un bien material cualquiera.  

En la cláusula décima quinta, se lee la condición de la “devolución de la marina de la caleta”, en la que se establece que “al concluir la vigencia o prórroga, en su caso, del presente Contrato, la Cesionaria deberá devolver a la APIM la Marina la Caleta (…) en el estado en el que le fue entregada a la Cesionaria, tomando en cuenta el desgaste que ésta haya sufrido por el uso normal de la misma y, en su caso, tomando en cuenta los daños irreparables o de imposible cumplimiento que sufra en términos de este Contrato”.


De acuerdo a los posesionarios de La Caleta Cozumel, los planes del hotel Presidente Intercontinental es ofertar su centro de hospedaje con un valor agregado único: una caleta, apta para fondear embarcaciones de lujo. Además, los planes incluyen el relleno con arena de una amplia zona; pero para que eso suceda, antes deberán ser desalojados los más de cien posesionarios y usuarios que aún quedan…(NoticaribeNews)

lunes, junio 05, 2017

Se va Barcos Caribe y regresan las tarifas altas del ferry Cozumel-Playa del Carmen

CANCÚN, MX.- La guerra de precios entre las tres navieras que realizan el cruce entre Cozumel y Playa del Carmen se avizora pronta a concluir. Por ahora, Barcos Caribe, México Water Jets y Ultramar resisten con pérdidas una castigada tarifa.

Con los alrededor de cien pesos que cobran por viaje redondo para recorrer 10 millas náuticas, unos 18 kilómetros, ninguna de las tres navieras sale a flote ni con los gastos de operación.

En 2014, antes de la entrada de Barcos Caribe, el cruce entre Cozumel y Playa del Carmen rondaba los 324 pesos, viaje redondo. Cuando, en enero de 2015, Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe S.A. de C.V, razón social de Barcos Caribe bota sus embarcaciones, lo hace ofreciendo el viaje redondo para los quintanarroenses en 138 pesos.


En semanas Barcos Caribe, cuyos socios fueron señalados como presuntos prestanombres del ex gobernador Roberto Borge Angulo, ante la Procuraduría General de la República (PGR), le come el mercado a las dos navieras que por años habían mantenido el “duopolio”; pero no solo ello, de acuerdo a una fuente del sector, bajo amenazas, el ex gobernador Roberto Borge Angulo, les prohibió bajar sus tarifas para impedirles así, recuperar participación.

“No bajamos las tarifas no porque no quisiéramos, sino porque si lo intentábamos, en unos minutos recibíamos llamadas de amenazas para dar marcha atrás; eran llamadas directas de parte de personas cercanas al ex Gobernador”, asegura la fuente.

“Yo creo que la intención era llevar a la quiebra a las otras dos navieras y quedarse con todo el mercado, porque se puede aguantar un tiempo, pero no para siempre”, agrega el entrevistado que solicitó se reservara su identidad

En enero del 2016, de acuerdo a estadísticas proporcionadas por la fuente, Barcos Caribe controlaba el 48% del mercado, Ultramar 28% y México Water Jets 25%; es decir, casi la mitad. En enero de ese año, Barcos Caribe transportó a 138 mil 139 pasajeros;  Ultramar a 79 mil 958 y México Water Jets a 70 mil 868. Por ruta, ese mes, Barco Caribe movió en promedio a 158 pasajeros, en catamaranes con capacidad para 250 personas; Ultramar y México Water Jets transportaron en promedio 117 pasajeros por ruta, pero cubriendo un menor número de travesías, pues en el mes de referencia, Barcos Caribe se quedó con el 41% de las rutas entre Cozumel y Playa del Carmen, Ultramar, con 32% y México WaterJets, con 28%.
 
De acuerdo a la fuente, Barcos Caribe logró sostener las bajas tarifas desde un inicio, “entre otras cosas, porque los empleados de la naviera estaban en la nómina del ayuntamiento de Cozumel; sostener el salario de los capitanes y demás personal implica un gasto considerable, junto con el combustible, pero si de entrada, ellos se ahorraban el gasto en la plantilla del personal, podían ofrecer una tarifa mucho más baja”, explica.

Las embarcaciones que realizan el cruce entre Cozumel y Playa del Carmen consumen en promedio por cada ruta alrededor de 400 litros de gasolina, por lo que la tarifa de 100 pesos que se paga por viaje redondo no alcanza, ni para cubrir el costo del combustible, asegura la fuente.

Y cita un ejemplo de las pérdidas con las que actualmente operan las navieras: el 17 de mayo Barcos Caribe movió 2 mil 439 pasajeros en 34 cruces, es decir, 17 rutas redondas, si multiplicas el número de pasajeros, por 50 pesos que es el precio del boleto, entonces tenemos que ese día Barcos Caribe ingresó 121 mil 950 pesos. Pero si en cada cruce se gastan 400 litros de gasolina, si multiplicas 400 litros de gasolina a un precio promedio de 15 pesos, cada cruce costó 6 mil pesos, por los 34 cruces que hizo al día, tan solo en gasolina Barcos Caribe gastó 204 mil pesos, sin contar el salario de los empleados. Eso no es rentable para nadie; el mismo día Ultramar realizó 40 rutas y México WaterJets solo 26, pero todas ofertando el boleto para los locales a 100 pesos el viaje redondo.    

Aunque para los foráneos el precio es más alto, sigue siendo una tarifa que no costea, asegura el entrevistado.

Sobre el tema, Nivardo Mena, propietario de la naviera Nueve Hermanos, que realiza el cruce entre Chiquilá y Holbox, refiere: “el costo de 50 pesos no sale, se están tirando a matar, igual que ocurrió en Holbox”, dice; en referencia a la guerra de precios que se dio entre “Nueve Hermanos” y “Holbox Express”, naviera de Ismael “Mayo” Moguel, otro ex funcionario que se enriqueció en la administración de Roberto Borge.

“Llegó a tal punto la situación que cuando las dos navieras empezamos a bajar los precios, Holbox Express gritaba un precio y nosotros dábamos un precio más barato; así,  hasta llegar a dar cruces gratis. Al final nos sentamos a dialogar porque la situación era insostenible para las dos empresas”, aseguró el ex regidor de Lázaro Cárdenas.

Actualmente, el cruce entre Chiquilá y Holbox, que es de 11 kilómetros, tiene una tarifa por viaje redondo de 280 pesos para los visitantes y de 160 pesos para los habitantes del municipio Lázaro Cárdenas.

El cruce entre Puerto Juárez e Isla Mujeres, donde Ultramar  es la única naviera que  presta sus servicios, el costo del boleto es de 300 pesos, viaje redondo para los no residentes en Quintana Roo, y de 146 pesos para los quintanarroenses.

Casi la despedida

Diciembre de 2016, es el mes a partir del cual Barcos Caribe perdió su efímera hegemonía. Su participación de mercado bajó al 23%, y Ultramar lo recuperó, con 50%; quedando el restante 23% para México Waterjets. Ese mes, la naviera de los presuntos prestanombres de Roberto Borge transportaron solo 87 mil 201 pasajeros; Ultramar subió a 194 mil 056 y México Waterjets se movilizó a 127 mil 765 pasajeros.

La debacle de Barcos Caribe coincide con las clausuras que la  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó de sus taquillas, lo que convirtió a sus empleados en vendedores “itinerantes”.

El espacio en el que Barcos Caribe construyó su módulo de ventas en Playa del Carmen, era un pedazo de 24 metros cuadrados de calle, que el cabildo de Solidaridad aprobó arrendarle en 10 mil pesos, en la administración de Mauricio Góngora, ex presidente municipal y delfín de Roberto Borge en las elecciones del 2016. La Profepa clausuró ésta y las taquillas de Cozumel e Isla Mujeres, donde no alcanzó a iniciar operaciones la naviera, por no contar con Manifestación de Impacto Ambiental.  
La situación de Barcos Caribe es más que complicada, uno de sus barcos, adquirido apenas en el 2015, se encuentra fondeado, descompuesto. Y la semana pasada, el periódico Luces del Siglo dio a conocer que la desde febrero pasado, la PGR ordenó el aseguramiento de la documentación de Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S.A. de C.V., para que no puedan cambiarse los registros de socios o de asambleas en la Secretaría de Economía.

Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S.A. de C.V. fue constituida el 22 de junio de 2012 con un capital de 200 mil pesos, sus socios fundadores son César Celso González Hermosillo y Franco González Padrón, familiar del ex gobernador Félix González Canto.
Dos años después, en el 2014, los inversionistas, César Celso González, el abogado del padre de Roberto Borge, y González Patrón, pariente del ex gobernador Félix González y del titular del Fonatur, Juan Carlos González, adquirieron dos barcos a la empresa Tanzania Zanzibar, por los que pagaron 4.9 millones de dólares, esto es, alrededor de 70 millones de pesos.

En marzo pasado, dimos a conocer que Barcos Caribe también adquirió dos embarcaciones que fueron fabricadas por la empresa Aluminium Marine en Australia, dos catamaranes con capacidad para 300 pasajeros, que probablemente no podrán ser estrenados por la naviera.  (NoticaribeNews)

¿Quién llevó a Roberto Borge ante la justicia?: Ustedes y nosotros

Fabiola Cortés Miranda

Ahora que el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo fue detenido, más de uno alza la mano victoriosa. Pero ¿quién llevó a Roberto Borge ante la justicia?

A Roberto Borge Angulo lo llevamos ante la justicia ustedes, que fueron insistentes y perseverantes en su exigencia de poner fin a la impunidad, y nosotros, como representantes de la sociedad civil organizada a través de la asociación Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, que se constituyó precisamente para convertirse en accionante de denuncias en casos de corrupción.

Roberto Borge Angulo se encuentra señalado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, precisamente por el cual lo denunciamos ante la Procuraduría General de la República, el 28 de noviembre de 2016.

Meses antes, el 25 de septiembre, el día que Roberto Borge se quedó sin fuero, y que tomó protesta el gobernador Carlos Joaquín González, mientras estaba el festejo en pleno, nosotros estábamos en el Ministerio Público local presentando una denuncia en contra del Gobernador saliente, misma que quedó asentada con el folio FGE/QR/SOL/09/3943/2016, y de la que el Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech, nunca ha dicho nada, y lo que es más, en un inicio, negó que existiera.

Esa denuncia presentada ante la Fiscalía General de Quintana Roo, en la que se señala a Roberto Borge por la venta de predios patrimonio del estado, el 29 de septiembre, también fue enviada con sus anexos a la PGR, a la que se le pidió la atracción del expediente, en virtud de que se configuraban delitos del fuero federal.

Pero antes de todo ello, el 16 de agosto de 2016, acudimos al Congreso de la Unión a presentar una denuncia de juicio político en contra de Roberto Borge por el remate de 44 predios que eran patrimonio del estado de Quintana Roo.

Las investigaciones realizadas por Somos Tus Ojos iniciaron desde el 2015, pues se revisaron prácticamente cada uno de los folios de los predios que se desincorporaron en la administración de Roberto Borge Angulo.  Posteriormente, las indagatorias se ampliaron a empresas como Caracol 65 y Siyenat, en la que tiene participación directa la madre del ex Gobernador, María Rosa Yolanda Angulo Castillo, así como hacia la naviera Barcos Caribe y hacia la sociedad mercantil Isla Cabañas, en la que participa Edgar Méndez Montoya, Luis Sierra Sauri y familiares del ex gobernador Félix González Canto, los hermanos Juan y Omar González Angulo.

Obtener los datos de prueba, como actas constitutivas de las empresas y contratos de compraventa de los predios fue posible gracias a la colaboración de ciudadanos que de alguna manera tenían en su poder esos documentos; igualmente, otras fuentes abrieron datos confidenciales que tienen que ver con información fiscal de los implicados y que pudimos incorporar a las denuncias interpuestas, acogiéndonos  al artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos permite reservar la identidad de la fuente. Un personaje clave para comprender el entramado de corrupción de Roberto Borge y sus cómplices fue el señor Romeo Villanueva, a quien puedo considerar un verdadero coadyuvante en las investigaciones. Reporteros, periodistas y medios de comunicación que no cerraron los ojos también fueron imprescindibles.

Entonces respondiendo a la pregunta: ¿quién llevó a Roberto Borge ante la justicia?, lo puedo aseverar, fueron ustedes, como sociedad que insistió y no permitió que el actual gobierno se desentendiera de una de las principales encomiendas para las que fue elegido: procesar a quienes causaron enormes quebrantes al patrimonio del estado; y nosotros, con su ayuda, desde una asociación que nació con el objetivo de promover la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

"El que la hace la paga"

El sábado pasado, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González escribió en su cuenta de twitter: “nos da mucho gusto saber que la denuncia e investigación que realizamos y la consecuente denuncia van por el camino correcto”.

Ello tras conocerse la orden de arresto en contra de Roberto  Borge Angulo, Claudia Romanillos, Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex titular y ex coordinadora jurídica del IPAE, respectivamente; Cesar Celso González, abogado de la familia, María Lourdes Pinelo, secretaria de Roberto Borge padre.

En otro twet, Joaquín González escribió: “En #Quintana Roo y en este gobierno el que la hace la paga. Hace meses trabajamos con la autoridad judicial federal denunciando y aportando pruebas”.

Carlos Joaquín no redactó ningún twet reconociendo el trabajo de la sociedad civil, a pesar de que debe estar consciente de que las denuncias presentadas desde el gobierno parten de las iniciadas por Somos Tus Ojos; quizás se le ha olvidado.

Pero a nosotros no se nos olvidan las múltiples declaraciones del Gobernador en las que no se le escuchaba ni una pizca de contundencia para llevar a la justicia a Roberto Borge. Por eso insisto, fue la sociedad, la que mostró que no estaba dispuesta a permitir un “borrón y cuenta nueva” y la que insistió en que se ponga fin a la impunidad.

Aunque ya que se atribuyó el éxito, lo que esperamos los quintanarroenses de Carlos Joaquín González es que se mantenga vigilante para que el proceso judicial contra Roberto Borge Angulo culmine con la devolución de las 9 mil hectáreas que eran patrimonio del estado, por las que su gobierno denunció al ex Gobernador, así como que se restituyan al erario los recursos públicos que fueron malversados.

Tres entrevistas para recordar. Del no sé, quizás, al “la denuncia que realizamos”

Para la mala memoria no hay como la tinta y el papel, hablando en sentido figurado. En las tres entrevistas que se presentan, lo que se lee son las declaraciones de un Carlos Joaquín esquivo respecto de  las investigaciones y denuncias que hoy se cuelga como propias.

Una entrevista que retrata a Joaquín González nítidamente es la  del 13 de noviembre, en la sección Tragaluz de Milenio, con Manuel Collado, en la que fue esquivo al hablar de Roberto Borge Angulo, y reconoció que no se tenía armado un expediente, que no sabía el número de predios del patrimonio del estado que había malbaratado su antecesor,  y es más, que no sabía si los iba a recuperar o no. Esta entrevista se realizó el 13 de noviembre, tres días después, el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, dio una conferencia de prensa para dar a conocer la denuncia interpuesta por el gobierno del estado en contra de Roberto Borge, por el remate de 9 mil hectáreas del patrimonio inmobiliario de Quintana Roo. En tres días se integró la investigación y la denuncia?.

A continuación parte de la entrevista de Tragaluz: 

¿Dónde está Borge, señor gobernador?

Creo que en Quintana Roo, pero la verdad no sé dónde está.

¿Cuándo fue la última vez que habló con él?

Tuve un mensaje de él hace 4 o 5 días con la firma de entrega- recepción.

¿Y qué le dice?

Solamente agradeció que haya habido buen trato para esa firma.

¿Con quién le ha mandado mensajes?

Con nadie.

¿Nadie está operando con él?

No.

¿Sus alertas han sido escuchadas?

Eso no lo sé. Es un tema que no corresponde totalmente al estado.

¿Necesita al gobierno federal para detenerlo?

Sí, por supuesto.

¿Se lava las manos, gobernador?

¡No, para nada!

¿Están simulando?

No, no estamos simulando.

¿Están jugando a agarrarlo?

No, no estamos jugando a eso.

¿Qué dice que está revisando con discreción?

Estoy revisando las cuentas que debo revisar.

¿Para qué le está dando tiempo?

No es estar dando tiempo. Es el tiempo de revisar para tener los argumentos.

¿Con esa celeridad piensa gobernar?

Pienso gobernar con experiencia, tranquilidad y cercano a la gente.

¿Lo quiere o no lo quiere agarrar?

Quiero que los argumentos estén para que, si hay que agarrarlo, se le agarre.

(…)

¿Quedará impune?

No, no quedará impune.

¿Ya está armado el expediente?

No, no está armado aún. Estamos trabajando en una revisión.

¿De qué delitos se le acusa?

De los fondos de la deuda, por ejemplo, no tienen una obra que respalde eso.

¿Cuánto desvió del erario?

La deuda es de 22 mil millones de pesos. ftmercados_0_968903400.html)

¿Cuántas casas y terrenos se apropió? No tengo el número.

¿Regresarán las propiedades de los desalojos?

Hay un proceso jurídico y, dependiendo de eso, se podrá o no regresar.


Yo no meto a la cárcel a la gente

El lunes 17 de octubre de 2016, en entrevista publicada en la revista Contrapunto, Carlos Joaquín González parecía querer “perdonar” a su antecesor. Su entrevistador, Jonathan Estrada, un periodista completamente afín a Roberto Borge, le deslizó:

“Algunos han criticado el por qué no has metido a la cárcel a Roberto Borge, yo no recuerdo en ningún discurso o declaración tuya en campaña que hayas aseverado que ibas a meter a la cárcel a Roberto Borge”

Y Carlos Joaquín González respondió de la siguiente forma: “Efectivamente, nunca dije con todas sus letras eso, porque primero yo no meto a la cárcel a la gente; segundo: lo que me corresponde es revisar y dar claridad en esa rendición de cuentas de lo que pasó con los recursos de Quintana Roo, eso sí me corresponde y en eso estoy trabajando para tener los datos suficientes, la información suficiente, el qué pasó con la deuda …”



Yo no los voy a meter a la cárcel

El 10 de junio, ya como gobernador electo, Carlos Joaquín González, en entrevista con Adriana Varillas de El Universal, con un discurso más que moderado, timorato, afirmó que a él no le correspondía meter a la cárcel al ex Gobernador.

“¿Los va a meter a la cárcel a Félix y a Borge?”, le cuestionó la periodista

Y Joaquín González contestó: “Yo no… un Gobernador tiene el Poder Ejecutivo. Quien debe decidir eso es el Poder Judicial. La labor que yo quiero hacer es generar la transparencia que los quintanarroenses solicitan. Para eso, revisemos, hagamos la auditoría y dejemos que sea la ley la que decida si deben o no, ir para allá”

“Eso se oye más mesurado que en campaña”, le revira la entrevistadora

“Tope hasta donde tope, eso lo sostengo”, defendió el Gobernador





 
Copyright © 2015 NoticaribeNews Transparencia

Powered by Blogger