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lunes, noviembre 28, 2016

Se presentan denuncia ante PGR contra prestanombres de Roberto Borge

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Derivado de las investigaciones que ha documentado la asociación “Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo”, en contra de presuntos prestanombres del ex gobernador Roberto Borge Angulo, este lunes se presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se señalaron a personas físicas y morales quienes habrían incurrido en presuntos hechos delictivos, relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En conferencia de prensa efectuada en las instalaciones de CENCOS y con el apoyo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se ofrecieron detalles del contenido de la denuncia en contra de los prestanombres.

En la denuncia ingresada por Oficialía de Partes en la PGR se señaló a las siguientes personas físicas: EDGAR MANUEL MÉNDEZ MONTOYA, JUAN GONZÁLEZ ANGULO y NOEMÍ RODRÍGUEZ RAMOS quienes habrían incurrido en diferente grado y participación en el delito señalado, al constituir la sociedad ISLA CABAÑAS, S.A. DE C.V., según copia del Acta Constitutiva de la referida sociedad, número P.A. 12586, de fecha 6 de diciembre de 2011, ante el notario Rubén Antonio Barahona López. Para la constitución de la persona moral, las partes otorgaron un capital variable de $107’878,500.00 pesos (ciento siete millones ochocientos setenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

A RAÚL OMAR GONZÁLEZ ANGULO, LUIS ALBERTO SIERRA SAURI (hijo de la ex
gobernadora de Campeche, Dulce María Sauri Riancho), ROBERTO MARROQUÍN SÁMANO y GERMÁN GARDUSA LINARES, se les señaló por su posible participación en virtud de que forman parte del Consejo de Administración de ISLA CABAÑAS.

Sobre esta sociedad, se entregó a la autoridad investigadora copia simple de la Escritura Pública número P.A. 12710 de 14 de diciembre del 2011, registrada ante la notaria 13 de Rubén Antonio Barahona López, del contrato de compraventa sobre un terreno de 15 mil 772 metros cuadrados, ubicado en el kilómetro 4.8 de la carreta costera sur de la isla de Cozumel, en el que intervienen como parte vendedora Corporación Hotelera Hispano Mexicana SA de CV y como parte compradora Isla Cabañas SA de CV, representada en dicho acto por Juan González Angulo y Edgar Manuel Méndez Montoya.

El precio de compraventa del predio referido se fijó en ocho millones de dólares americanos, equivalentes a $109’124,800.00 pesos (ciento nueve millones ciento veinte cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.); ,de los cuales, 4’000,000.00 EUA (cuatro millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América)  equivalente en moneda nacional a la cantidad de $54’562,400.00 M.N. (cincuenta y cuatro millones quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) fueron entregados por la parte compradora mediante transferencia electrónica de fondos, que recibió previamente la parte vendedora. En tanto, los otros 4’000,000.00 EUA (cuatro millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América)  equivalente en moneda nacional a la cantidad de $54’562,400.00 M.N. (cincuenta y cuatro millones quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) fueron  entregados mediante el endoso en propiedad a favor de la parte vendedora, en siete
pagarés.

Cabe mencionar que en el predio adquirido, Isla Cabañas construyó un hotel que se encuentra en etapa final de acabados y decoración denominado “The Westin Cozumel”  y que sería operado por la firma Starwood.

Entre las pruebas entregadas a la PGR para acreditar el presunto hecho delictivo se encuentran los datos de ingresos reportados al SAT por Edgar Manuel Méndez Montoya, Juan González Angulo y Noemí Rodríguez Ramos, de los que se advierte que ninguno reporta ingresos del monto de los requeridos para llevar a cabo operaciones de la cuantía de la descrita.

Por ejemplo, Juan González Angulo, no ha reportado ingresos fiscales desde el 2009 hasta la fecha; en dicho año tuvo ingresos por $200,000 pesos (doscientos mil pesos00/100 M.N); Juan González, quien radica en la Isla de Cozumel no tiene una actividad empresarial visible, pública e identificable y tampoco ha recibido herencia alguna que le hubiesen permitido aportar 52 millones de pesos para la constitución de la sociedad Isla Cabañas. Es tío de Félix González Canto, ex gobernador de Quintana Roo.

Por el mismo probable hecho constitutivo de delito se denunció a MARÍA ROSA YOLANDA ANGULO CASTILLA y/o ROSA MARÍA ANGULO CASTILLA,CÉSAR CELSO GONZÁLEZ HERMOSILLO Y MELGAREJO y JOSÉ HÉCTOR MORÍN LÁZARO; para lo cual se entregó a la autoridad investigadora copia simple del Convenio de Cesión de Derechos y Obligaciones, de fecha 29 de abril de 2015,  expedida por el Coordinador Técnico del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), José Héctor Morín Lázaro, a favor de la persona moral Siyenat del Caribe SA de CV” representada por César Celso González Hermosillo y Melgarejo; y por medio del cual, María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla cede a favor de Siyenat del Caribe SA de CV”, una fracción de terreno con superficie de 111,763.81 metros cuadrados, ubicado en la Reserva Territorial del IPAE, en la isla de Cozumel, Quintana Roo.

De acuerdo al convenio referido, María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla pagó al IPAE por el predio referido la cantidad de $15’367,523.88 (Son quince millones trescientos sesenta y siete mil quinientos veintitrés peso 88/100 M.N.);  así como $1’536,752.39 (Son un millón quinientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y dos pesos 39/100 M.N.) por concepto de titulación y gastos de administración; para después “cederle” a Siyenat, representada por César Celso González Hermosillo, el terreno de 111 mil metros cuadrados, el cual tiene 185 metros colindantes con Mar Caribe.

La señora María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla no tiene ninguna actividad empresarial, ni ha recibido herencia de ningún tipo, ni proviene de una familia acaudalada; por lo que no cuenta con la capacidad económica para haber realizado operaciones por el monto arriba referido; por lo que pedimos a esta autoridad llevar a cabo las investigaciones pertinentes a fin de determinar la procedencia de los recursos con los que la señalada realizó el acto de compraventa del terreno referido.

Cabe destacar que María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla es madre del gobernador Roberto Borge Angulo.

A CÉSAR CELSO GONZÁLEZ HERMOSILLO Y MELGAREJO,  FRANCO GONZÁLEZ, se les señala por la constitución de IMPULSORA MARÍTIMA DE QUINTANA ROO Y DEL CARIBE, S.A. DE C.V, conocida comercialmente como Barcos Caribe, empresa para la que adquirieron dos barcos tipo catamarán por casi cinco millones de dólares.

En este caso, también se le proporcionan a la autoridad datos de prueba de los que se infiere que ninguno de los socios tenía ni tiene la capacidad económica suficiente para realizar los actos descritos.

CÉSAR CELSO GONZÁLEZ HERMOSILLO Y MELGAREJO y MARIA LOURDES PINELO NIETO, están vinculados con otros actos, también relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues de acuerdo a la escritura pública número 3,634 emitida por el notario 53, Oswaldo Antonio Canto Mármol, el 3 de marzo del 2014, Celso González Hermosillo y Melgarejo y Maria Lourdes Pinelo Nieto,  constituyeron CARACOL 65 SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con un capital de apenas 50 mil pesos.

Pero en escritura pública número 4,508 del notario 53, Oswaldo Antonio el 8 de agosto del 2014, se hace constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad CARACOL 65, del 15 de marzo de 2014,  en la que Celso González Hermosillo deja constancia de que es propietario de cuatro predios en la Isla de Cozumel de diferentes extensiones, todos adquiridos del IPAE; así como un aumento de capital a la sociedad por 6,397,500.00 (SON SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.00/100 m.n.).

Sin embargo, como ya se ha dicho, ni César Celso González Hermosillo y Melgarejo ni María Lourdes Pinelo Nieto cuentan con recursos económicos que ampren las acciones realizadas, en virtud de que ambos no han reportado ingresos al SAT; y es público y sabido en la Isla de Cozumel que son empleados de la familia del ex gobernador Roberto Borge Angulo.

A la PGR se le entregaron diversos documentos, como actas constitutivas de las empresas, contratos de compraventa notariados y datos de prueba relacionados con los ingresos reportados por las personas físicas ante el SAT donde se pone en evidencia su falta de capacidad económica para efectuar operaciones de la cuantía de las efectuadas; por lo que fundadamente se puede presumir que los recursos que utilizaron tienen procedencia ilícita. En virtud de ello se solicitó a la PGR dictar como medidas cautelares inmovilizar las cuentas bancarias de los imputados así como el embargo precautorio de sus bienes. Igualmente de las pruebas entregadas y en virtud de las relaciones de amistad y parentesco que varios de los denunciados tienen con el ex gobernador Roberto Borge Angulo, se requirió como medida cautelar que se le prohíba salir al ex mandatario de Cozumel, Quintana Roo, donde tiene su residencia.

Una denuncia diversa se presentó en contra de las siguientes personas físicas: DARÍO FLOTA OCAMPO, en su carácter de Director General del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya y Cozumel, y los particulares Rodrigo Rico Zaldivar, Adrián Flores Reynaga, Zaeret Blando Jandette y Adrian Jiménez Fuentes; así como en contra de las personas morales Grupo Sfera Soluciones Integrales, S.A. de C.V., y Training And Marketing Specialist, S.A. de C.V., las cuales son de las  denominadas empresas “fantasmas”, pues no reportaron ningún ingreso entre 2015 y lo que va de 2016,  además de que los domicilios fiscales señalados ante la autoridad hacendaria son en dos casos inexistentes, y en uno más, la empresa nunca ha operado  (Grupo Sfera presentó dos domicilios ante el SAT). Ambas empresas recibieron entre 2015 y 2016 alrededor de 7 millones de pesos del referido Fideicomiso.

Corresponderá a la autoridad determinar en qué tipo penal encuadra la conducta del funcionario público, quien actualmente continúa como titular del Fideicomiso de Promoción Turística y quien firmó los cheques que se expidieron a favor de las dos empresas “fantasmas”, a las que entre 2015 y noviembre de 2016 se les entregaron recursos públicos por alrededor de siete millones de pesos, según datos obtenidos por Somos Tus Ojos a través de la Unidad de Vinculación.

Una tercera denuncia se presentó por la probable comisión de hechos presuntamente constitutivos de delito cometidos, en diferente grado y participación por las siguientes personas físicas: FERNANDO ESCAMILLA CARRILLO, FERNANDO VILLANUEVA SAURI, RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO, RAYMUNDO CÁMARA SÁNCHEZ y PEDRO PECH BOLOM; y por las siguientes personas morales: EDIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL SURESTE, SA DE CV, TRABAJAMOS BIEN SA DE CV, Y CUP DEL SURESTE SA DE CV., mismas que recibieron recursos por alrededor de 80 millones de pesos para la construcción de caminos sacacosechas, los cuales no se ejecutaron, de acuerdo a testimonios sustentados por la organización El Barzón de Quintana Roo, dirigida por Patricia Palma.

Edificación y Señalización del Sureste, SA de CV, así como Trabajamos Bien SA de CV están constituidas por Fernando Villanueva Sauri, Rafael Manuel Ponce Pacheco y Jorge Carlos Zapata Denis (quien falleció hace unos meses). En tanto CUP del Sureste SA DE CV, es una empresa constituida por Fernando Villanueva Sauri, Raymundo Cámara Sánchez y Pedro Pech Bolom. 

Rafael Manuel Ponce Pacheco y Fernando Villanueva Sauri han sido funcionarios dentro de la administración pública estatal, por lo que además del quebranto al erario causado por las obras no realizadas, con esta conducta podrían estar cometiendo alguna otra conducta delictiva relacionada con el desempeño de los servidores públicos.

Fernando Villanueva Sauri, desde el 2013 y hasta septiembre de 2016, se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento de Cozumel.

Rafael Manuel Ponce Pacheco, el 14 de febrero del 2012, fue designado titular de la oficina de la Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Hacienda (SH) en Playa del Carmen, Solidaridad; el 24 de mayo de 2013 fue designado como delegado del Infonavit en Quintana Roo y el 30 de septiembre de 2013 fue designado titular de la Tesorería de Benito Juárez, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2016.

En tanto, Fernando Escamilla Carrillo fue titular de la SINTRA, dependencia encargada de la entrega de los recursos públicos a las empresas referidas. La denuncia fue presentada ante la PGR toda vez que los recursos no aplicados causaron un quebranto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que fue la dependencia federal que los aportó.

jueves, noviembre 24, 2016

CONACI presenta primer amparo para recuperar territorio de Puerto Morelos

PUERTO MORELOS, MX.- Este jueves 24 de noviembre, a las doce del día, un grupo de abogados pertenecientes a CONACI (Congreso Nacional Ciudadano),  provenientes de Monterrey, Nuevo León, junto con el licenciado Fernando Xiu, ingresarán un amparo con el que buscan restituir el territorio de Puerto Morelos hasta la Latitud 21, informó Juan Carlos González Uribe, quien fuera candidato independiente a la presidencia municipal por Puerto Morelos, en las pasadas elecciones.

“Hasta donde tenemos conocimiento es el primer amparo fundamentado en tratados Internacionales, en el que se incluye una lista de agravios de las personas afectadas, por los gobiernos Borgistas, al ‘mochar’ inexplicablemente el territorio al nuevo municipio de Puerto Morelos y que debe de llegar hasta la #Latitud21”, expresó González.

Consideró que a la par de la acción jurídica se requiere de la presión social de los ciudadanos, por lo que convoco a que acudan hoy a las doce del día, a los juzgados federales de Cancún ubicados en la avenida Andres Quintana Roo, casi esquina con la avenida Kohunlich.

Más tarde, abogados e integrantes del Movimiento Latitud 21 buscarán un encuentro con la presidenta municipal Laura Fernández Piña, para conocer cuál es su postura respecto de la lucha por recuperar el territorio con el que consideran debió constituirse el nuevo municipio.

Agregó que la partición del territorio tal y como quedó, afecta a todos los portomorelenses, pues se les privó de la posibilidad de tener mayores ingresos económicos derivados de la actividad turística.

Puerto Morelos se constituyó como el onceavo municipio en un procedimiento exprés, sin fundamento en ningún tipo de estudio técnico, como lo publicamos en enero pasado. 

LEER: Municipio exprés. Gobierno no realizó ningún estudio para crear Puerto Morelos

 (NoticaribeNews)

lunes, noviembre 21, 2016

Roberto Borge también vendió los terrenos que alguna vez quiso Donald Trump

Fabiola Cortés Miranda

La historia no es reciente y tampoco inédita. Es muy sabido que en 2007 el ahora presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pretendía realizar un enorme desarrollo turístico en Punta Molas, la parte oriental de la Isla de Cozumel, una zona completamente virgen y de alta fragilidad ecológica ubicada en el mar Caribe. Pero al final, el magnate decidió retirarse por dos cuestiones.


La primera, se ha dicho repetidamente, es que el entonces alcalde de Cozumel, el panista, Gustavo Ortega Joaquín (2005-2008), le habría pedido a los hijos de Donald Trump 20 millones de dólares para otorgar el cambio de uso de suelo a la zona y asignarle las densidades necesarias para construir tres mil cuartos hoteleros, marina, canales, campo de golf, tiendas y hasta aeropista.


Sobre esta versión, en fechas recientes, Ortega Joaquín circuló a través de redes sociales una extensa explicación, y negó que le hubiera pedido dinero a Ivanka Trump y Donald Trump Jr, con quienes se reunió en 2006, junto con el entonces gobernador, Félix González Canto, en la casa de Fernando Barbachano Herrero, quien sería uno de los socios inversionistas. Vía telefónica Gustavo Ortega reiteró a esta reportera que es falsa la versión de la solicitud de 20 millones de dólares en calidad de “mordida” o “moche” a los Trump.

El otro gran problema que enfrentó el proyecto fue la resistencia de ambientalistas y ciudadanos debido a que implicaba devastar manglares y vegetación diversa, pero lo peor: una grave sobrecarga y contaminación para la Isla. A pesar de ello, las modificaciones al uso de suelo en el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial (POEL) para desarrollar la zona que se llamaría comercialmente Punta Arrecifes, sí fueron avaladas por el cabildo de Cozumel, durante la administración de Gustavo Ortega, en 2008, por lo que el mayor inconveniente legal estaba zanjado.


Le pregunto a Gustavo Ortega, que si no fue la solicitud ilícita de dinero, ni las cuestiones ambientales, ¿qué fue lo que hizo desistir a Donald Trump de invertir en una zona paradisiaca?. “Fueron las condiciones económicas. En septiembre de 2008 viene la crisis hipotecaria en Estados Unidos, eso es lo que frenó el proyecto, fue un problema crediticio, los Trump se concentran en los proyectos ya existentes”, asevera el ex Presidente municipal de Cozumel, y recuerda que los hijos del magnate volvieron a Cozumel para retomar el proyecto en la administración del alcalde priísta Aurelio Joaquín González (2011-2013); lo cual en su momento quedó consignado en la prensa local, pero sin que se concretara nada.  

Un proyecto solo de papel

Todo lo arriba dicho ya es sabido, pero lo que no se sabe del proyecto Punta Arrecifes es que los inversionistas y el gobierno mexicano pretendían venderle a Donald Trump “espejitos”, porque cuando le propusieron hacer el “gran negocio” en un territorio virgen del Mar Caribe, en realidad no tenían aún los terrenos para el mega desarrollo, pues éstos eran del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), el mismo que usó Roberto Borge para beneficiar con predios a empresarios, amigos y familiares. Barbachano Herrero los adquirió apenas en el 2011, y desde entonces, las mil hectáreas se encuentran en litigio.

Fernando Eugenio Barbachano Herrero proviene de una familia latifundista de la Península de Yucatán, es hijo de Fernando Barbachano Peón, quien fue dueño del terreno donde se encuentra la zona arqueológica de Chichén Itzá, y por el cual la entonces gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, pagó 220 millones de pesos al nieto de Barbachano Ponce: Hans Jurgen Thies Barbachano.

En el 2008, para el negocio que los ex Gobernadores y Barbachano Herrero pretendían hacer con Donald Trump, sólo se tenían 100 hectáreas, propiedad del socio inversionista, las cuales tienen una franja costera de 10 kilómetros, pero sobre esta lonja de 10 hectáreas no se podía desarrollar nada por su alta fragilidad y porque se encuentra pegada al mar con un suelo rocoso que en el primer huracán convertiría cualquier desarrollo en ruinas; de allí que se requerían de las otras mil hectáreas, las cuales en 2008 no eran de Fernando Eugenio Barbachano.

Las mil hectáreas del proyecto le fueron vendidas al yucateco por el Instituto de Administración del Patrimonio Inmobiliario del Estado, el ahora famoso IPAE, en el 2011, y fueron algunas de las cientos de hectáreas que remató Roberto Borge Angulo.

El 10 de mayo de 2011, un mes después de que Roberto Borge asumiera el cargo de gobernador del estado, el IPAE le entregó a Fernando Eugenio Barbachano Herrero, a través del contrato de compraventa simple 01456 de fecha 11 de agosto de 2010, un polígono de 700 hectáreas, esto es de siete millones de metros cuadrados por los que pagó 14 millones de pesos. El contrato de promesa de compra-venta se realizó en la administración del ex gobernador Félix González Canto, y se materializó con Roberto Borge Angulo.

AQUÍ SE PUEDE VER EL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LAS 700 HRAS EXPEDIDO POR EL IPAE.

El contrato de compraventa del otro terreno de 300 hectáreas, o tres millones de metros cuadrados, se concretó el 13 de abril de 2011, apenas unos días después de que Roberto Borge tomó el poder, y Fernando Eugenio Barbachano Herrero pagó por éste solo seis millones de pesos.

AQUÍ SE PUEDE VER EL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LAS 300 HECTÁREAS EXPEDIDO POR EL IPAE

La venta en 2011 de mil hectáreas, diez millones de metros cuadrados en una paradisiaca zona, a solo 20 millones de pesos, y que tenía en puerta un mega desarrollo sin duda parecía un gran negocio para los involucrados: Fernando Eugenio Barbachano y los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo; porque en el 2008, cuando el apellido Trump retumbó en Cozumel, las mil hectáreas aún no formaban parte del polígono del desarrollo con el que se pretendió conquistar a los hijos del magnate; se trataba de un proyecto de papel, y quizás en ese momento los Trump olieron el fraude.

Las mil hectáreas que le fueron vendidas a Fernando Eugenio Barbachano desde el momento en que le fueron transmitidas, y hasta ahora, se encuentran en litigio; en un juicio que Luis Emilio de Jesús Bolio Méndez no se ha dejado ganar, como se puede ver en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) de Cozumel donde ambos predios tienen anotaciones judiciales.

Aún así, en el 2011, ya con el terreno de mil hectáreas adquiridas por Barbachano Herrero, se pretendía un desarrollo de menor densidad, de 600 cuartos, y ya no de las tres mil habitaciones, aunque conservando las amenidades; sin embargo, el tema ambiental seguía más vivo que nunca, y la presidenta de Cielo, Mar y Tierra (Citymar), Guadalupe Álvarez, advirtió que los ciudadanos volverían a salir a las calles para evitar una catástrofe ecológica para la Isla.

En mayo de ese año, el entonces alcalde Aurelio Joaquín se volvió a reunir con los hijos de Donald Trump, y unos meses después, en septiembre, el proyecto Punta Arrecifes se presentó en Cozumel ante la clase empresarial; pero el apellido Trump empezó a referirse con reservas, pues al parecer, los jóvenes hijos del ahora Presidente electo de Estados Unidos ya habían perdido el interés en el sitio.

Punta Arrecifes ya es área natural protegida

Todo sueño sobre un posible desarrollo en una de las zonas más vírgenes de Cozumel se desvaneció en septiembre del 2012 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaró Área Natural Protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna, la porción norte y la franja costera oriental, terrestre y marinas de la isla de Cozumel.


Desde el aire, se puede apreciar la majestuosidad de la zona, el suelo verde tupido de vegetación, con franjas rocosas, y el mar azul con manchones de microatolones; un gran vestigio ecológico conocido como “El Castillo” sobresale por su altura, y algo más retirado, sigue erguido un viejo faro.



Pero desde tierra solo es posible penetrar en vehículos todo terreno, a través de una vereda que por momentos se torna demasiado rocosa, y si no fuera por el continúo paso de los vehículos militares que todos los días transitan el lugar, conocido por los constantes recales de droga, en unas semanas la vía nuevamente quedaría sepultada por la vegetación, que por todos lados predomina, al lado de altas dunas de arena. Un fuerte olor parecido al jazmín se respira durante el recorrido, lo desprenden los arbustos de pansil, una planta que se aferra a la arena y a las rocas. Así es el territorio que alguna quiso destruir Donald Trump junto con sus “socios” mexicanos, y que ahora está en disputa entre particulares, luego de que en el Gobierno de Roberto Borge las 900 hectáreas dejaran de ser parte del patrimonio del estado. (Texto y fotos: Fabiola Cortés Miranda)



martes, noviembre 15, 2016

“Carlos Joaquín actúa contra la corrupción e impunidad”

Fabiola Cortés Miranda

Éste título no lo elegí yo, así salió de la Unidad de Vocero del gobernador Carlos Joaquín González, y por un momento me pareció que provenía de la mismísima oficina de Rangel Rosado, y de allí sigue el comunicado de prensa, que volvió a recordarme los de Roberto Borge Angulo:

“Una de las demandas más sentidas de los quintanarroenses es el reclamo social de justicia; el combate a la corrupción y el freno a la impunidad son compromisos prioritarios del actual gobierno del estado, encabezado por el Gobernador Carlos Joaquín. Se va a perseguir y castigar a los culpables del quebranto financiero y el deterioro de la vida social, además de buscar recuperar los cuantiosos recursos que debieron estar destinados a mejorar las condiciones de vida de la población, y cuyo efecto ha sido profundizar las desigualdades sociales.”

Y así continúa el boletín de prensa, en el que se explica que “derivado de importantes denuncias en los medios de comunicación, se han encontrado y corroborado presuntas irregularidades en la enajenación a particulares, de predios del dominio privado propiedad del Estado. Dichas irregularidades son presuntamente atribuibles a la entonces Directora General del IPAE, señora Claudia Romanillos VIllanueva, así como al entonces Gobernador Roberto Borge Angulo, quien presidía el Comité del Patrimonio Inmobiliario Estatal.”

La “novedosa” denuncia presentada hoy por el gobierno de Carlos Joaquín, desde el 16 de agosto pasado, fue ingresada con datos suficientes por la asociación civil Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, a la Cámara de Diputados, en la ciudad de México, para solicitar que se iniciara juicio político contra Roberto Borge Angulo por la venta a precios subvaluados de 44 predios que salieron del patrimonio del estado para ser entregados a particulares, y desde ese momento le pusimos nombre y apellido. Se realizó un exhaustivo trabajo en los registros públicos de la propiedad y el comercio de varios municipios para obtener los datos sobre los beneficiarios, el monto de la venta y la ubicación.


El 25 de septiembre, el día que Roberto Borge Angulo perdió el fuero, presentamos la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y el 28 de septiembre realizamos una ampliación de la misma, en esta denuncia, le aportamos a la autoridad investigadora datos de prueba suficientes relacionados con la venta de los predios, así como las actas constitutivas de diversas empresas de presuntos prestanombres de Roberto Borge Angulo, entre éstas las de la naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo, conocida comercialmente como Barcos Caribe, así como la de Caracol 65, una empresa inmobiliaria que se “alimentó” de predios que eran patrimonio de los quintanarroenses. Todos esos datos los tiene ya la Fiscalía del estado; adicionalmente, se le requirió formalmente a la Procuraduría General de la República, que ejerciera su facultad de atracción en este caso, en virtud de que se podrían configurar delitos del orden federal.


La demanda de juicio político se presentó el 16 de agosto, y la denuncia, el 25 de septiembre, hace 40 días, justo cuando Roberto Borge se quedó sin fuero, y Carlos Joaquín González, asumió el Gobierno. Así que lo presentado hoy en medios nacionales no es ni novedoso y está muy lejos de ser una verdadera demostración de que en el “Gobierno del cambio” ‘el combate la corrupción y poner un freno a la impunidad son compromisos prioritarios’.

Más bien se trata de una reacción ante la impaciencia de la ciudadanía que esperaba acciones inmediatas, pero sobre todo contundentes, y que se convirtió en exigencia irrefrenable en días recientes, después de que Carlos Joaquín González acudiera  a festejar al priista Joaquín Hendricks Díaz, uno de los gobernadores más corruptos de Quintana Roo, y quien inició en el camino de la venta y remate de predios, el cual siguió “magistralmente” Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.   

La denuncia presentada hoy ante la PGR no tendrá mayor efecto por algo muy simple: es un cartucho quemado y que disparamos desde la sociedad civil organizada, desde la asociación Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo. Y desde allí seguimos trabajando, por lo que con seguridad y certeza podemos decir que más allá de Quintana Roo es donde se están integrando los expedientes, que dentro de no mucho comenzarán a accionarse para ahora sí, combatir la corrupción y poner un freno a la impunidad… 

lunes, noviembre 14, 2016

Misivas sobre desalojos en Tulum no se harán públicas para no dañar relaciones diplomáticas: SRE

Fabiola Cortés Miranda

Las comunicaciones enviadas al Gobierno de México, con motivo de los desalojos violentos de inmuebles de Tulum, en posesión de extranjeros, consistentes en tres correos electrónicos de la Embajada de Portugal y una misiva conjunta de las embajadas de Francia, Italia, Países Bajos y Portugal, fueron clasificadas como información reservada por un periodo de tres años, en virtud de que su difusión podría dañar las ‘relaciones bilaterales entre los países’.


La Dirección General para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que en sus archivos encontró tres correos electrónicos enviados por la Embajada de México en Portugal, “relativos a un caso de desalojo de un hotel en Tulum, Quintana Roo, ocurrido el pasado 17 de junio, en el que se habría visto afectado un nacional de ese país”.

Por su parte, la Dirección General para Europa dio a conocer que “cuenta en sus expedientes con una nota diplomática dirigida conjuntamente por las embajadas de Francia, Italia, Países Bajos y Portugal, con fecha 5 de julio, recibida el día 12 de julio de 2016, relativa a los hechos ocurridos el pasado 17 de junio, en Tulum, Quintana Roo”.

Aunque la Dirección General para Europa puso a disposición la información contenida en los tres correos, el Comité de Información de la SRE decidió reservarla, al igual que la de la misiva conjunta en posesión de la Dirección General para Europa, que desde un inició solicitó la reserva de la información “atendiendo a las disposiciones de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas (…) además de que la nota forma parte de un diálogo político entre los gobiernos de los países interesados y el Estado mexicano y difundirla podría afectar la confianza y la evolución de los asuntos en curso”.

La SRE defendió que hacer pública la información de las notas diplomáticas “podría afectar el excelente nivel de diálogo político y confianza que se ha alcanzado con los países de Europa involucrados”.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, “la posible divulgación de la información podría ser utilizada de manera contraria a los intereses del gobierno de México, y minar el buen diálogo político y la confianza que caracteriza a la relación de México con los países europeos, causando un vínculo significativo y perdurable a los vínculos bilaterales de ambas partes”.  

Cabe recordar que las comunicaciones diplomáticas fueron motivadas por el desalojo de 16 inmuebles ubicados en Punta Piedra, en la zona costera de Tulum, ocurrido el 16 de junio pasado, a través de juicios promovidos por Esteban Schiavon Magaña, quien se dice propietario de poco más de 2 hectáreas de terrenos colindantes con el Mar Caribe, y quien “ganó” juicios exprés con demandas por incumplimiento en el pago del arrendamientos en contra de personas que nunca han ocupado los predios, y sin notificar a sus verdaderos posesionarios, en la mayoría de los casos, extranjeros radicados en Tulum, y quienes hace varios años compraron los terrenos al Ejido Pino Suárez, aunque sin conocer la incertidumbre jurídica en la que se encontraban, y que hasta la fecha persiste.

El 17 de junio, un grupo de choque integrado por centenares de hombres, acompañados de actuarios del Juzgado Oral Civil del Municipio de Solidaridad, irrumpieron en hoteles y restaurantes, para desalojar entre otros los  predios ocupados por Morena del Mar, Villa las Estrellas, Hotel Iguana Blue, Uno Astrolodge, Hotel Azúcar, Bahlam, Parayso, Coqui Coqui, Casa Privada Cocodrilo, Latente Rose, Cabañas El Caracol, Pico Beach, Casa Géminis, Samasati, Restaurante Ak´iin y Belha.

En septiembre pasado, por la violación al procedimiento, en el que los posesionarios no fueron debidamente notificados ni oídos y vencidos en juicio, el Juez Segundo de Distrito, concedió un amparo y la restitución de uno de los predios desalojados en favor de Allan Dieck, quien recuperó el hotel Azúcar, ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Tulum-Boca Paila. En octubre, el mismo juzgador le concedió un amparo a Simone Porterruque quien recuperó la posesión del hotel "Villa las Estrellas", situado en el kilómetro ocho de la carretera Tulum-Boca Paila.  

La zona costera de Tulum, en especial, la franja de Punta Piedra, continúan en un limbo jurídico que no se ha resuelto de fondo, y en años pasados, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, las instancias judiciales, así como las juntas de conciliación y arbitraje, fueron utilizadas para “fabricar” y resolver juicios exprés que concluían con el despojo o embargo y remate de propiedades de alta plusvalía.

Aunque los procesos legales continúan, el verdadero daño dejado en Tulum, no es a las relaciones diplomáticas, sino a la imagen de que esta zona es una tierra sin ley, que ha dejado de ser atractiva para los inversionistas que buscan certeza, e incluso para los turistas. 

jueves, noviembre 10, 2016

Habitantes de Puerto Morelos protestan en el Congreso por incremento del impuesto predial

Fabiola Cortés Miranda

Integrantes del grupo Latitud 21 protestaron este jueves en la sede del Congreso del estado, donde la XV Legislatura aprobó el incremento del impuesto predial para el recién creado municipio de Puerto Morelos.

El diputado del PRD, Emiliano Ramos, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, defendió que con el aumento a las tablas catastrales se pretende “que aquellos hoteles, que durante muchos trienios se beneficiaron pagando precios irrisorios cuando son grandes corporativos hoteleros, sean quienes paguen más”, y que el ayuntamiento, tenga mayores ingresos para proveer “los servicios públicos de calidad que merecen los ciudadanos de Puerto Morelos”.

Durante la sesión en la que se aprobó este incremento, ciudadanos de Puerto Morelos, del Grupo Latitud 21, que impulsó la candidatura del independiente Juan Carlos González Uribe, y quien acompañó a los manifestantes, exhibieron cartulinas en las que reclamaban no aumentar el impuesto predial, así como “recuperar el territorio latitud 21”, es decir, la extensión de franja costera que le fue dejada a Benito Juárez (donde se ubica Cancún), y que los portomorelenses han defendido como un territorio que históricamente les pertenece.



En tanto, en la plataforma change.org se lanzó la petición “No al aumento predial en Puerto Morelos” en la que se menciona que se argumenta  que “no puede la actual presidenta de Puerto Morelos (Laura Fernández Piña) pretender que paguemos igual impuesto de predial que Cancún y Playa del Carmen, cuando no contamos con la misma infraestructura, ni servicios, aunado al hecho de que Puerto Morelos tiene un año de creación como municipio a diferencia de Playa del Carmen y Cancún”. La petición hasta las 19:50 había sido apoyada con 150 firmas. (NoticaribeNews)

miércoles, noviembre 09, 2016

Fiscal de QRoo se esconde y no responde si investiga a su ex jefe Roberto Borge

Fabiola Cortés Miranda

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El fiscal general del estado de Quintana Roo, Arturo Álvarez Escalera, uno de los “sobrevivientes” del paquete de impunidad del ex gobernador Roberto Borge Angulo, se ha negado a informar si ya solicitó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con motivo de la denuncia registrada con el número FGE/QR/SOL/09/3943/2016.

Luego de que en el periódico El Economista trascendió información en el sentido de que la Fiscalía de Quintana Roo ya había requerido la intervención de las instancias federales, la que esto escribe intentó localizar a Arturo Álvarez Escalera para confirmar el hecho, sin embargo, hasta el momento el funcionario se ha negado a responder.

Este miércoles se le dejó mensaje pormenorizado al Fiscal General en la Sub Procuraduría de la zona norte, donde se comprometieron a regresar la llamada a través de su Secretario Particular, pero al final del día ello no ha ocurrido.

Lo único que es posible confirmar, de acuerdo a información proporcionada por el Agente del Ministerio Público de la mesa de Delitos Especiales, es que “el expediente ya se encuentra en Chetumal”, pero sin que se conozca si ya se dio vista o no a la PGR y al SAT.

Como se recordará, el 25 de septiembre, fecha en que perdió el fuero constitucional Roberto Borge Angulo, se interpuso la denuncia registrada con el número FGE/QR/SOL/09/3943/2016; misma que fue ampliada el 28 de septiembre. Junto con ésta se le presentaron al Ministerio Público de Playa del Carmen, datos de prueba suficientes para presumir la comisión de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito por parte del ex Gobernador; así mismo, con base en las documentales exhibidas se le solicitó que diera vista a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, en virtud de la comisión de hechos que podrían estar sancionados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; igualmente se le requirió dar parte al SAT.

La denuncia fue sólidamente sustentada y versa sobre la adquisición de Roberto Borge Angulo de Barcos Caribe, a través de sus prestanombres Franco González Patrón y César Celso González Hermosillo y Melgarejo quienes se ostentan como propietarios. El primero es tío del ex gobernador Félix González Canto, mientras que el segundo es, desde hace años, abogado de la familia Borge. Ambas personas, sin ser empresarios acaudalados y sin poder comprobar la procedencia de los recursos, adquirieron dos barcos tipo catamarán por casi 5 millones de dólares, mismos que pagaron en una sola exhibición…

Igualmente, Roberto Borge fue señalado por rematar predios que eran patrimonio del estado para beneficiar a amigos, políticos y empresarios.

Arturo Álvarez, un servil empleado por 9 años más

El sábado 25 de junio, en sesión extraordinaria del Congreso, Carlos Arturo Álvarez Escalera, quien era titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, fue nombrado Fiscal General del Estado, y en esa misma sesión rindió protesta del cargo ante los diputados de la XIV Legislatura en un acto celebrado en el Hotel Royalton Cancún, luego de que los legisladores locales tuvieran que salir huyendo de la sede del Congreso en Chetumal ante las protestas ciudadanas y la toma del recinto.


Con este nombramiento, Álvarez Escalera permanecerá nueve años más en el cargo, lo que garantiza impunidad a Roberto Borge Angulo y a sus funcionarios por los graves hechos de corrupción cometidos durante su sexenio.

Laura Fernández, prima de la señora que no quiere rendir cuentas y hermanita de la corrupción

Fabiola Cortés Miranda

PUERTO MORELOS, MX.-Laura Fernández Piña, la primera presidenta municipal electa de Puerto Morelos, y quien es muy recordada porque en varias ocasiones ha tenido que salir huyendo de las colonias de este novel municipio de Quintana Roo, debido a la “poca empatía” que tiene con la gente; ya sacó a la priista que sigue llevando dentro, aunque en fechas recientes se cambió de partido, y se convirtió al verdeecologismo… Y es que como “buena priista” desprecia la institución de la transparencia, esa que obliga a los gobernantes, diputados, senadores, partidos políticos, y demás a rendir cuentas.


Hace unas semanas la asociación civil “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”, impartió un taller con varios ciudadanos de Puerto Morelos, quienes no muy convencidos, escucharon que la transparencia es un derecho humano consagrado en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que además tenemos una Ley General de Transparencia ampliamente protectora de este derecho; y que aunque la Ley de Transparencia del estado de Quintana Roo, no es la mejor ni la más vanguardista, pues también es garantista de este derecho de acceso a la información.

Con todo y su escepticismo, los ciudadanos han empezado a realizar solicitudes de información al municipio de Puerto Morelos, pero se han topado con la opacidad que es prima de la señora que no quiere rendir cuentas y hermanita de la corrupción, y también pariente cercana de Laura Fernández Piña.   

Así es, que la ex priista de toda la vida, recién conversa al verdeecolgismo y que ha visto cumplido su sueño “de ganar” el favor popular, se ha negado a contestar solicitudes de información de los ciudadanos portomorelenses que se están iniciando en lo que parece ser un tortuoso camino de la transparencia y la exigencia de la rendición de cuentas.

Desde el 01 de octubre, se le requirió al municipio de Puerto Morelos “Proporcionar los documentos que acrediten los conocimientos y la capacidad técnica de Maria Nancy González González para ocupar el cargo de contralora municipal de Puerto Morelos. Ademas proporcionar copia de su curriculum vitae”, la cual quedó registrada con el folio 00351116. Pero hasta ahora, el ciudadano no ha obtenido respuesta.

La inquietud sobre esta funcionaria, es que, mire nada más qué curioso; antes de ocupar el cargo con el que la premió Laura Fernández, era presidenta del Concejo del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) en Puerto Morelos, el mismo que desdeñó todas las quejas y denuncias por la compra de votos y otras prácticas que le permitieron a la ahora Presidenta municipal, llegar a dónde está. Ahora María Nancy González es titular de la Contraloría municipal, es decir, la instancia que recibirá todas las quejas contra el mal actuar de funcionarios. ¡Qué bonito gabinete!.

Otra solicitud sin respuesta alguna es la de folio 00374916, en la que un ciudadano requirió “el currículo vitae, con comprobantes de estudios, de todos los asesores con los que cuenta el actual municipio de Puerto Morelos encabezado por la presidenta municipal Laura Fernández Piña. Incluir todas las prestaciones económicas y en especie que van a recibir por dicha función”.

Profepa clausura taquilla de naviera de Roberto Borge, en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.-Igual que ocurrió con la taquilla de la empresa Barcos Caribe, ubicada en la Terminal Marítima de Puerto Juárez, Cancún, esta tarde la Profepa clausuró la taquilla de la naviera cuya propiedad se atribuye al ex gobernador Roberto Borge Angulo, en Playa del Carmen, y en la cual se expenden los boletos para cruzar a la Isla de Cozumel.

La clausura se realizó porque al momento de la inspección la empresa no exhibió la autorización en materia de impacto ambiental que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para el módulo que se encuentra operando.

Como se recordará, el 9 de diciembre de 2014, cuando aún era presidente municipal el priista Mauricio Góngora Escalante, el cabildo de Solidaridad aprobó arrendar por 10 mil pesos, un espacio de casi 24 metros cuadrados a la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe S.A. de C.V, comercialmente identificada como Barcos Caribe, para que allí construyera la taquilla de boletaje.

En la trigésima sesión ordinaria de cabildo, por mayoría, los regidores aprobaron autorizar la renta de la vía pública en el acceso al muelle fiscal, para la instalación de un módulo para información y taquilla de venta de boletos para la naviera que ofrece el servicio de cruces Cozumel-Playa del Carmen-Cozumel.


Barcos Caribe es una empresa cuya propiedad se atribuye al ex gobernador  Roberto Borge Angulo, y la cual habría sido adquirida con recursos públicos, hecho que fue denunciado y se encuentra en investigación en el expediente FGE/QR/SOL/09/3943/2016


A continuación el comunicado de la Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) impuso como medida de seguridad la Clausura Total Temporal en materia de impacto ambiental a las instalaciones del módulo para venta de boletos e información turística ubicado en la 1ª Avenida Sur, esquina calle 1 Sur Bis, Colonia Centro, en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Durante la visita de inspección, se constató la construcción de un módulo con una superficie de 27 m2 con estructura de aluminio, piso de concreto, paredes recubiertas de acrílico, de una altura aproximada de 2.5 metros, techos de plafón con lona de vinil, y al interior un mostrador cubierto de granito color verde oscuro con una altura de 1.5 m,  despegado del suelo.

Cabe destacar que al momento de la inspección el visitado no exhibió la autorización en materia de impacto ambiental que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para el módulo que se encuentra operando en la zona inspeccionada.

Por lo anterior, la Delegación de la PROFEPA en Quintana Roo determinó imponer, como medida de seguridad, la Clausura Total Temporal de la obra hasta en tanto el inspeccionado acredite contar con la autorización o exención en materia de impacto ambiental.


Las violaciones a los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la  Protección al Ambiente (LGEEPA), sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas administrativamente con una multa por el equivalente de treinta a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en al momento de imponer la sanción.
(NoticaribeNews)
 
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