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martes, mayo 03, 2016

Desde hace 3 meses la SEGOB tiene informe sobre Alerta de género en QRoo, pero no la decreta

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.-A pesar de que desde hace tres meses el grupo de expertas convocadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), le entregó a la dependencia dirigida por Miguel Ángel Osorio Chong el informe sobre la situación de las mujeres en Quintana Roo, ésta continúa “analizando” si recomienda emitir la alerta de género en cinco municipios del estado.

Mientras tanto, las agresiones y asesinatos de mujeres continúan.

En respuesta a dos solicitudes de información, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que el 5 de febrero pasado, el grupo de expertas le entregó a través de la Canavin, su informe, el cual literalmente se mantiene atorado en esa dependencia, a la que correspondería analizar el informe y luego remitirlo al gobernador del estado, Roberto Borge Angulo.

A la Secretaría de Gobernación parece no urgirle decidir si se emite o no la alerta de género en Quintana Roo, pues a esta oficina le está tomando más tiempo “analizar” el documento entregado por el grupo de expertas, que lo que le llevó al propio grupo realizar el trabajo. Existe más bien una actitud de complicidad, la cual pusimos en evidencia el pasado 28 de febrero.

Investigación fast track, contra pesada burocracia

En respuesta a la solicitud de información 0000400060616, la Secretaría de Gobernación detalló que el grupo de expertas llevó a cabo cuatro reuniones, la primera el 8 de enero de 2016, en la cual se procedió a la instalación de los trabajos, la aprobación de lineamientos y la definición de la metodología a utilizar durante la investigación.

El grupo de trabajo se reunió una segunda ocasión, el 11 de enero, para acordar la logística a seguir durante la visita que realizarían al estado de Quintana Roo los días 11, 12, 13, 14 y 15 de febrero de 2016 para conocer el contexto y recabar datos.

La tercera reunión consistió en una sesión permanente para la revisión e integración del informe de la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en cinco municipios del estado de Quintana Roo, la cual se realizó del 3 al 5 de febrero de 2016.

Y la cuarta reunión, se celebró ese mismo 5 de febrero; en ésta se aprobó el informe que se le remitió a la Secretaría de Gobernación para su análisis, “de conformidad con lo establecido en el artículo 38, párrafo primero del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, cita la respuesta a la solicitud de información.

El artículo 38 del reglamento de la referida ley señala que “la coordinadora del grupo de trabajo remitirá el informe (…) a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, para su análisis”.

Posteriormente: “La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, remitirá el informe del grupo de trabajo al titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente para su conocimiento”.

Desde el 5 de febrero que la Segob tiene en sus manos el informe sobre la situación de violencia contra las mujeres en Quintana Roo, no ha podido terminar de analizarlo…

Al grupo de expertas, les llevó menos tiempo integrar el informe, que a la Secretaría de Gobernación “analizarlo”, pues, su primera reunión fue el 11 de enero, y para el 5 de febrero, esto es, en menos de un mes, ya tenían elaborado el informe.

El artículo 37 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala  que el informe del grupo de trabajo deberá contener:

I.          El contexto de Violencia contra las Mujeres en el lugar donde se solicita la alerta de violencia de género;

II.         La metodología de análisis;

III.        El análisis científico de los hechos e interpretación de la información, y

IV.       Las conclusiones que contendrán las propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida y, en su caso, el agravio comparado.

El 10 de marzo pasado, la Segob contestó a la solicitud 0000400060116, "decir en qué parte del proceso se encuentra la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres solicitada para Quintana Roo (…)”, lo siguiente: “El procedimiento de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para cinco municipios del estado de Quintana Roo (AVGM Quintana Roo) está en la etapa de análisis a que se refiere el artículo 38, párrafo primero del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Reglamento)”.

Y mientras la Secretaría de Gobernación se toma su tiempo para analizar si se decreta la alerta de género en cinco municipios de Quintana Roo, los asesinatos de mujeres continúan sin freno. A la fecha se han registrado por lo menos ocho feminicidios, algunos con extrema saña, como el de una mujer canadiense que luego de ser asesinada por su pareja fue cortada y enmaletada.

Lunes fatal para mujeres

El pasado lunes fue sangriento en Quintana Roo y se saldó con el hallazgo del cuerpo de una trabajadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); además también fue encontrada, en un área verde, en Chetumal, una joven bailarina de 18 años, semidesnuda y severamente golpeada.

A lo anterior, hay que sumar que la semana pasada, en un hecho aún no esclarecido, una mujer de Felipe Carrillo Puerto, fue asesinada a puñaladas cuando se encontraba en su centro de trabajo, una sucursal de la Caja Popular Mexicana; sin que el móvil haya sido el robo.  

Erandi, una perito contable, asesinada presuntamente por su ex pareja

Erandi Hernández Pérez trabajaba como perito contable en la Subprocuraduría de Justicia, en Cancún, y ni su cercanía con la institución investigadora de delitos la salvó de morir a manos de su novio feminicida.


La mujer fue vista por última vez el viernes 29 de abril alrededor de las 11:30 de la noche, hora en la que su pareja Obeth Morales Hernández fue por ella a las instalaciones de la Procuraduría.

Ayer lunes por la tarde, fue hallado su cuerpo en un paraje de la carretera Valladolid Nuevo-Kantunilkín; y su novio, es el principal sospechoso.

Fue él quien avisó a la familia de su desaparición y además, entregó las llaves del vehículo de Erandi a una de sus hermanas.

La búsqueda de la mujer la inició su hermano Pablo Hernández, pero no tardó en concluirla, pues ayer por la tarde, en la vía corta Cancún-Kantunilkín, se descubrió el cuerpo sin vida de la mujer.

El hermano de la víctima refirió que cuando Obeth dejó las llaves de su coche a su otra hermana, ésta notó que tenía rasguños en la cara. Además, en su indagatoria, obtuvo el testimonio de una vecina del fraccionamiento Andalucía, donde vivía Erandi, quien le dijo que escuchó gritos.

La Procuraduría ya emitió una orden para la localización de Obeth Morales Hernández, mientras continúan las investigaciones.



Bailarina de 18 años, brutalmente golpeada por su ex novio

De acuerdo a una nota publicada en el periódico Respuesta, una mujer de 18 años fue encontrada semidesnuda y con diversos golpes, provocados, al parecer con una piedra, en área verde de la colonia “Las Américas”, en Chetumal.

El hecho se reportó la mañana de ayer, cuando una persona se internó a un área verde ubicada al final de la calle Evia Cámara de la colonia “Las Américas”, para buscar leña, y escuchó los quejidos de la mujer, identificada con las iniciales S.A.R.L., quien presentaba golpes en el rostro, encontrándose cerca una roca con la que presuntamente habría sido agredida.

La mujer dijo que era trabajadora de un bar de Chetumal y que había sido privada de su libertad por su ex novio, quien abusó sexualmente de ella y la golpeó brutalmente.

El caso de Erandi y de la joven de 18 años, tienen similitudes, ambas fueron víctimas de sus parejas. Sin embargo, la Procuraduría de Quintana Roo se empecina en ver estos hechos como “simples” crímenes pasionales, como si lo normal dentro de una sociedad fuera que los hombres mataran o golpearan salvajemente a las mujeres.

Con Erandi Hernández, ya son ocho los feminicidios ocurridos en Quintana Roo, entre las víctimas se cuentan una mujer norteamericana y una canadiense.


No llega Mauricio Góngora a encuentro de candidatos con comunidad de la Anáhuac

CANCÚN, MX.- Cuatro de los cinco candidatos a gobernador de Quintana Roo tuvieron un acercamiento con cerca de 250 profesores y alumnos que participaron en el I Foro Estudiantil de la Universidad Anáhuac.


Los abanderados de la coalición PAN-PRD Una Nueva Esperanza (UNE), Carlos Joaquín González; del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), José Luis Pech Várguez; del Partido del Trabajo, Alejandro Alvarado Muro, y de Encuentro Social (PES), Rogelio Márquez Valdivia, expusieron sus ideas de manera individual en un foro abierto convocado por la institución educativa privada.

Solo faltó Mauricio Góngora Escalante, candidato a gobernador de la Coalición "Somos Quintana Roo", que integran PRI, PVEM y Panal, porque, según su equipo de campaña, estuvo en Puerto Morelos, donde la aspirante a la alcaldía, Laura Fernández Piña, enfrenta fuerte oposición del político local Manuel García Salas, de la coalición UNE.

Próximo sábado 7 de mayo, protesta para pedir alto a la explotación de delfines, en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El próximo sábado 7 de mayo se realizará una concentración para pedir se termine con el cautiverio de delfines y su explotación por parte de parques ecoturísticos como Xcaret, Dolphin Discovery y Vía Delphi.

Esta actividad, organizada por la asociación “Empty the Tanks”, se llevará a cabo en 22 países por cuarto año consecutivo, y a través de ésta se pretende crear conciencia del sufrimiento que padecen los delfines en cautiverio, según informaron Lorena Castro de “Delfines en Libertad”, y Alejandra Barradas de “Zana Colectivo”.

Se espera que en esta manifestación participen personas de 62 ciudades, cinco ubicadas en México, donde existen 33 delfinarios, 23 de éstos, en Quintana Roo.

Las activistas refirieron que están por abrirse dos delfinarios más, uno en Cozumel y otro en Tulum.

Leer notaLa organización “Empty the tanks” invita a frenar la explotación de los delfines en cautiverio


Tiene QRoo mayor número de delfines el cautiverio, en México

Quintana Roo tiene 189 delfines en cautiverio, que lo coloca como el estado con más de estos cetáceos en encierro.

Según datos de la Procuraduría Federal de Protección Ambiente (Profepa) en México 270 delfines sufren cautiverio, de los cuales 70 por ciento se encuentran en la Quintana Roo.

Las estadísticas oficiales revelan que el centro de convivencia de Xel-Ha junto con el Parque Ecológico Xcaret explotan 60 delfines.

No obstante, de acuerdo con el reporte Delfines Cautivos en México y la República Dominicana, que realizó la Doctora Yolanda Alaniz Pasini, las dos compañías, Dolphin Discovery y Via Delphi mantienen en total 143 delfines cautivos, lo que corresponde a 57 por ciento del total.

Dolphin Discovery posee 83 delfines en 4 instalaciones, es decir, 32 por ciento de todos los delfines cautivos en México. Delfinaris (anteriormente Park Nizuc/ Wet n´ Wild) tiene 38 delfines en dos instalaciones en Cancún y Cozumel, que representan 15 por ciento del total.

En Nuevo Vallarta se tienen 21 delfines en dos instalaciones que pertenecen a Dolphin Adventures. Esta compañía representa 8 por ciento del total.

Según el Reporte Mundial para la Protección Animal, empresas como Dolphin Discovery, Via Delphi, Delfinaris y Dolphin Adventure, todas ubicadas en áreas turísticas costeras mantienen juntas a 211 del total registrado de delfines cautivos, con 81 por ciento de la rentabilidad del negocio.

161 delfines fueron capturados en aguas mexicanas o nacieron en cautiverio; 73 delfines fueron capturados en Cuba; 19 delfines sobreviven a una importación de 28 delfines de las Islas Salomón en 2003, y 7 delfines fueron importados desde Japón.



Ahora presumen su reproducción en cautiverio

En un intento por frenar las crecientes voces que se levantan en contra de la cruel explotación de mamíferos marinos, empresas que se dedican a estas actividades, tratan de ganar simpatías con supuestos programas educativos, de terapias y hasta de “responsabilidad social”, además de que presumen que los delfines ya no son capturado en el mar, sino que los reproducen… para posteriormente explotarlos.

Recientemente, el Grupo Dolphin Discovery informó que en diciembre de 2015 se nació la cría número 100, reproducida en cautiverio.

Según la empresa, “las estrategias del programa de reproducción incluyen investigación científica, alianzas con distintas instituciones relacionadas con bienestar animal y gestiones con universidades para la realización de tesis de titulación e informes sobre delfines y manatíes”.

Apenas en febrero pasado, por paradójico y contradictorio que se escuche,  integrantes de la Alianza de Parques y Acuarios de Mamíferos Marinos, dedicados a la explotación en parques y acuarios de delfines, tiburones, manatíes, focas y demás mamíferos marinos, llevarán a cabo su reunión anual en la Riviera Maya, donde  además de analizar la situación de las leyes que regulan la exhibición de mamíferos marinos en diferentes regiones, revisaron “aspectos filosóficos del bienestar de estas especies marinas, y los derechos de los animales”.

Leer notaParadójico: Explotadores de delfines analizarán “aspectos filosóficos” del bienestar de estas especies marinas
  
Una investigación de campo llevada a cabo por Marisol Guerrero, detalla el sufrimiento de los delfines en cautiverio.

Leer nota: Sufren crueldad ilimitada delfines en cautiverio, revela estudio realizado en el Caribe mexicano

Lejos de “educar”, como pretenden hacer creer las empresas propietarias del lucrativo negocio, el cautiverio de delfines ha generado un deseo entre las personas de acercarse aunque sea fugazmente a esta especie silvestre, lo que sin duda ha provocado hechos como la despiadada muerte de una cría de delfín ocurrida en febrero pasado, cuando una turba de turistas tomó en sus manos al cetáceo para tomarse una foto con éste, el cual murió a los pocos minutos de estar fuera del agua. El delfín sin vida quedó tirado en la orilla de la playa.

Leer notaTuristas sacan del mar a cría de delfín para tomarse fotos y muere

domingo, mayo 01, 2016

Impulsaré reformas para que el DIF sea dirigido por profesionales y no por primeras damas o familiares directos de los gobernantes

CANCÚN, MX.- Desde hace varios días, el Diario Por Esto, especialmente la reportera Yolanda Gutiérrez, dio a conocer la historia de Daniel, un niño de 10 años, que fue sufre maltrato a manos de su padrastro, protegido por la madre biológica del menor.

Del niño, la reportera publicó fotografías en las que se ven huellas de golpes, cicatrices y moretones. El menor, vivía en la región 96 de Cancún, y a su domicilio llegó personal del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Intrafamiliar (Geavi), donde  encontró a su abuela, quien les confirmó que el pequeño era golpeado por su padrastro.

El caso parece que solo le interesaba a la reportera, quien le dio seguimiento durante varios días, hasta descubrir que la madre de Daniel lo había sacado de la escuela, de la que se ausentaba con frecuencia por los múltiples golpes que le propinaba su padrastro.

El padre biológico del pequeño presentó una denuncia y buscó asesoría legal para iniciar con los trámites correspondientes para recuperar a su hijo.

Pero todos esos días no bastaron para que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Cancún, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, actuara y resguardara la integridad del menor, quien, de acuerdo a la investigación de la reportera, ya no se encuentra en su domicilio, pues los victimarios del niño, abandonaron el mismo y se lo llevaron.

Esta es una muestra de que instituciones como el DIF y la Procuraduría de la Defensa del Menor, que casi siempre quedan en manos de gente con poca preparación, desconocedoras de las leyes y de sus facultades como funcionarios, han fallado.  

El DIF debe ser una institución que cumpla con su objetivo: que es el de brindar protección a las familias más vulnerables, y a los niños que se encuentran en situación de riesgo, como Daniel.

Por ello, como diputada del PRD promoveré las reformas necesarias para que sea obligatoria la profesionalización de las personas que laboren en el Sistema DIF y en la Procuraduría de la Defensa del Menor, y que dejen de ser éstas oficinas decorativas y repartidoras de cobijas y despensas.

La ley ha conferido a estas instituciones algunas de las más altas responsabilidades para con las familias más vulnerables que sin embargo pocas veces han cumplido con empeño y diligencia.

La Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo se encuentra debidamente armonizada con la ley federal de la materia, pero sigue sin cumplirse, y en parte, consideramos que ello se debe al carácter de dependencia de ornato a la que se ha relegado al Sistema DIF, donde las primeras damas o familiares de los mandatarios ocupan el cargo.

Por ello, es urgente que la dirección del DIF quede en manos de profesionales, que no exista una presidenta o presidente decorativo que dicte las políticas sin conocimiento y sin cause, como ahora sucede, por lo que debe revisarse la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y la Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo.

Este es uno de los compromisos que asumo como ciudadana y que llevaré a cabo como diputada de la XV Legislatura.

La propuesta no es nueva, ya la diputada federal del PRD, Olga Catalán Padilla, pidió modificar la Ley de Asistencia Social para prohibir que cónyuges o parientes consanguíneos hasta en cuarto grado, por afinidad o civiles del Ejecutivo puedan fungir como directores generales o integrantes del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF.


Se trata de un imperativo ante la situación de riesgo que enfrentan familias, niños y adolescentes y ante la evidencia de que estas instituciones, dejadas en manos de cónyuges y parientes de los gobernantes, no han cumplido con su encomienda. (Boletín de prensa Fabiola Cortés 

Tiene QRoo nueva Ley de Transparencia. Hace obligatoria 3de3, pero se queda corta

CHETUMAL, MX.- El pasado 27 de abril, la XIV Legislatura aprobó por unanimidad la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se incorpora la obligación de funcionarios y servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y declaraciones fiscales de los últimos cinco años, la llamada 3de3.

La Ley de Transparencia de Quintana Roo se apega a la Ley General de Transparencia, sin embargo, los legisladores dejaron pasar la oportunidad de remontar al estado a un lugar privilegiado en materia de Transparencia.

Recomponen Ley de Transparencia, eliminan reservas ilegales

Finalmente, los legisladores modificaron el anteproyecto de Ley de Transparencia en el que se contemplaban limitantes ilegales al acceso a la información, tal y como lo señaló la asociación civil “Somos tus Ojos Transparencia por Quintana Roo” en una nota el 19 de marzo pasado. La XIV Legislatura eliminó como información reservada la que “comprometa la seguridad pública del Estado y sus municipios”, dejando la reserva de información a la que “comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable”;

Igualmente, eliminó las fracciones del artículo 9 que dispensaban a los sujetos obligados la entrega de información cuando “no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud”, y “no obre en algún documento”.

Decepciona Ley de Transparencia de Quintana Roo

Sin embargo, los legisladores de Quintana Roo renunciaron a entregar una Ley de Transparencia vanguardista, pues conservan la reserva de información por cinco años, prorrogables a otros cinco, lo que quiere decir que la información puede permanecer “enterrada” hasta por 10 años; lo anterior puede ser una garantía de impunidad para lo sujetos obligados.

En este tema, leyes como la del estado de Coahuila son ejemplo, pues el legislador de esa entidad estableció una reserva de información solo por dos años, prorrogable a un año más; es decir, el tiempo máximo de “secrecía” de la información será de tres años.

La Ley de Transparencia de Quintana Roo también se quedó limitada en lo relativo a la designación de comisionados, pues no incluyó entre los requisitos de quienes integren el máximo órgano del Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo (IDAIPQROO), el de contar con experiencia en la materia, lo que mantiene el carácter político de tan importante institución, y el nombramiento a modo de los comisionados. La Ley recién aprobada únicamente habla de que “privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales y atender la igualdad de género”, pero no como un requisito indispensable. 

Sin castigo a quienes incumplan la entrega de información

La Ley de Transparencia de Quintana Roo también se quedó corta en cuanto a la aplicación de medidas de apremio y sanciones para los sujetos obligados que incumplan con la entrega de información, ya que únicamente enuncia la existencia de medidas de apremio, sanciones y multas, pero no establece cómo se aplicarán ni los términos para su cumplimiento.

En el artículo 192 de la Ley se lee: “el Instituto PODRÁ imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:  I. Amonestación pública o privada, o  II. Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente”.   

Sin embargo, en la Ley no se detalla un catálogo de sanciones para los supuestos de incumplimiento, ni los tiempos en que un sujeto obligado deberá cumplir con lo mandatado por el Instituto de Transparencia, y menos aún el término en el que debe satisfacerse una multa.

El legislador volvió a dejar a un Instituto de Transparencia sin fuerza para hacer cumplir a los sujetos obligados con sus determinaciones.

Nuevamente cito como ejemplo la Ley de Transparencia de Coahuila que establece con claridad la aplicación de sanciones para los sujetos obligados incumplidos, sobres los que se impondrá, además de multas, la separación temporal del cargo, en tratándose de funcionarios, y hasta la separación permanente del mismo. Ello sin duda coloca a la institución de la transparencia en un plano de importancia primordial que los legisladores de Quintana Roo, desdeñaron. (NoticaribeNews)


sábado, abril 30, 2016

Buscan a turista de EU que viajaba por México de “mochilazo”. Iba a Cancún

CANCÚN, MX.- Se ha iniciado la búsqueda de la norteamericana, de origen chino, Jenny Chen, quien viajaba por México, vía carretera y quien tenía planeado reencontrarse con su esposo en Cancún el 15 de abril, según nota de Mundo Hispánico.

Chen arribó a Oaxaca el pasado 2 de abril y permaneció una semana antes de continuar su viaje por autobús rumbo a Cancún, Quintana Roo, en donde tenía planeado encontrarse con su marido Jonathan Reinhard.

Jonathan Reinhard dio una entrevista a un diario de Seattle y dijo que su encuentro con Jenny estaba programado para el pasado 15 de abril, pero su esposa jamás llegó. Desde entonces se ha lanzado a buscarla, contactando tanto a autoridades estadounidenses como mexicanas, aunque se dijo decepcionado de los funcionarios de México, pues hasta el 27 de abril no se había lanzado una alerta de búsqueda. (Foto: Animal Político)

Leer la nota en Mundo Hispánico

jueves, abril 28, 2016

El desvío comprobado de 1,464 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje, el descarado robo a Cancún y la Riviera Maya

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.- El lunes pasado presenté ante el Congreso local una demanda de Juicio Político en contra del Secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, por el desvió mil 464 millones 604 pesos provenientes del Impuesto al Hospedaje (IAH), recaudados entre el 2014 (724 millones 766 mil pesos) y de enero a septiembre de 2015 (739 millones 838 mil pesos).

A  través de una investigación realizada durante alrededor de dos años y luego de presentar entre 60 y 70 solicitudes de información, logré acopiar decenas de documentos en los que se pone en evidencia que el dinero que la Secretaría de Hacienda de Quintana Roo recaudó por IAH no se entregó a los fideicomisos de promoción turística ni a los ayuntamientos, y tampoco existe información sobre su destino.   


La demanda se acompañó con 17 pruebas documentales obtenidas en diferentes momentos, por medio de las unidades de información del Poder Ejecutivo, y de los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen).  

Entre los documentos presentados se encuentran los que detallan la deuda con proveedores que a la fecha tienen los fideicomisos de promoción turística de Cancún y la Riviera Maya; el primero por un total de 224 millones de pesos, y el segundo por 118 millones de pesos.

Otros documentos destacables que se anexaron como pruebas del millonario desvío de recursos, son las actas de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez (que comprende Cancún, Isla Mujeres, y Holbox) en las que en repetidas ocasiones los empresarios José Chapur Zahoul, propietario de la cadena Palace, e integrante del Consejo así como el hotelero Abelardo Vara, expresan su preocupación y malestar porque la Secretaría de Finanzas no entrega los recursos del Impuesto al Hospedaje.

Por ejemplo, en el acta de la Tercera Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, celebrada el 24 de agosto de 2015, los empresarios hoteleros reprochan la falta de recursos para la promoción turística y muestran su preocupación por los adeudos En el punto 5 “Informe de seguimiento de acuerdos”, en lo relativo al Acuerdo 08/II/ORD/2015, en su segundo párrafo se lee lo siguiente:

“Los Sres. Abelardo Vara Rivera y José Antonio Chapur Zahoul, en referencia a los adeudos de ejercicios anteriores que tiene el fideicomiso con sus proveedores, así como las aportaciones del gobierno del estado pendientes de enterar de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, señalaron su preocupación por los adeudos que tienen, sin que se haya dado una solución a la fecha a pesar de que se ha venido insistiendo en ello. Recordaron la necesidad de hacer promoción del destino sea buena o mala la ocupación que se dé. Mencionaron también que no es posible tener la promoción que se requiere sin que se paguen las campañas y promociones tanto institucional como cooperativos. Hicieron un llamado al gobierno del estado a no desperdiciar los buenos tiempos de Cancún. El estado vive del turismo, la fuerza motriz de todo el estado es el turismo, por lo que es indispensable que se cubran dichos pasivos a la brevedad.       

En esa misma acta, se hace referencia al Acuerdo O3/III/ORD/2015 en el que  “el Comité Técnico de manera unánime acordó se revisarán los adeudos pendientes de los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Estableciendo un plazo de un mes, en el que las Secretarías de Turismo y de Finanzas y Planeación deberán presentar una estrategia para cubrir los mencionados adeudos en un corto plazo”.

Este tipo de exhortos se repiten a lo largo de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso, que es el órgano de gobierno y máxima autoridad del Fideicomiso.

En el caso del Fideicomiso de Solidaridad (que abarca Cozumel y Tulum), en los estados financieros anexos a las Sesiones del Comité se lee que el organismo de promoción se encuentra en quiebra total, lo cual también es advertido por el auditor externo, mismo que considera urgente que se le entreguen los recursos que le dejó de ministrar la Secretaría de Finanzas, así como ingresos extras para poder sanear su situación.
   
Por ejemplo, en el anexo del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad, del 11 de diciembre de 2014, titulado “Informe de los auditores independientes”, en el subtítulo “Párrafos de énfasis”, en el tercer párrafo se advierte que el Fideicomiso de promoción turística de la Riviera Maya está en literal bancarrota, pues su pasivo circulante (deudas, gastos) supera por mucho su activo (ingresos), además de que ha perdido la totalidad de su patrimonio:

“El estado de posición financiera muestra un activo circulante de $70,250,574.11 y un pasivo circulante de $109,310,041.21, lo que da como resultado un exceso de pasivos circulantes sobre sus activos circulantes de $39,059,467.10, así también ya no cuenta con patrimonio como resultado de las aportaciones o ahorros, sino por lo contrario, tiene un saldo negativo de $38,839,008.22, estos importantes factores indican que el fideicomiso no tiene recursos suficientes, por lo tanto, tampoco cuenta con capacidad de pago para cumplir con sus compromisos y obligaciones con sus proveedores y acreedores, por lo que es necesario que éste obtenga lo más pronto el pago de sus aportaciones  del impuesto al hospedaje que se le adeudan al 31 de diciembre de 2014, así como también  que obtenga la autorización de recursos adicionales, de lo contrario esto afectará sensiblemente la marcha y la operación del fideicomiso”.      

En algunas otras actas de asamblea se lee la cancelación de actividades de promoción como la requerida por la Secretaría de Turismo del estado quien solicitó se destinaran 100 mil euros para promocionar el vuelo Dublín-Cancún de la aerolínea del Grupo TUI. Pero ésta no se llevó a cabo por falta de recursos.

Igualmente se integró a la demanda un documento en el que se detalla la aportación de 1.5 millones de pesos por parte de la Tesorería de Solidaridad ante la incapacidad del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya para hacer frente a los compromisos de la organización del Festival de Jazz de la Riviera Maya 2015.    

Otros documentos con los que se sustenta el desvío de recursos son las reiteradas negativas del titular de la SEFIPLAN, Juan Pablo Guillermo, de responder a las solicitudes de información sobre el destino de los recursos provenientes del Impuesto al Hospedaje IAH.

La demanda de juicio político la interpuse como presidenta de la asociación civil “Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo”, misma que centra su acción en el combate a la opacidad y la corrupción, y en el fomento de la rendición de cuentas y la ciudadanización de la política.

Hoteleros españoles abandonan la Asociación de Hoteles

El 15 de marzo de 2013, cuando Roberto Cintrón Díaz del Castillo (q.e.p.d.), fue elegido presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC), se planteó como tarea pedir transparencia en el manejo del dinero que los hoteleros entregaban al gobierno de Quintana Roo por el alquiler de más de 35 mil habitaciones con las que cuenta Cancún (en el estado son alrededor de 80 mil cuartos).

(…) “sería bueno tener más transparencia en dicho tema (el impuesto al hospedaje), y tener una cantidad exacta de cuánto se está recaudando, por lo que pedir este informe a las autoridades, sería una de las primeras acciones”,  (…) “lo que necesitamos es que retorne el tres por ciento, luego de quitarle el porcentaje del cinco por ciento Hacienda por el manejo y el 20 por ciento del municipio”, dijo ese día Roberto Cintrón.

Meses después de la declaración del entonces dirigente hotelero, el gobernador Roberto Borge Angulo respondió a la intentona de fiscalizar los cientos de millones de pesos del IAH, imponiendo, por ley, un manejo aún más discrecional de los recursos, pues cambió los estatutos de los Fideicomisos de Promoción Turística, anteriormente beneficiarios y administradores directos del dinero proveniente de este gravamen, para centralizar su disposición en la Secretaría de Hacienda.

La falta de recursos de los fideicomisos de promoción turística del estado se fue haciendo cada vez más evidente, pues llegó un punto en el que éstos se encontraban en total bancarrota. Sus adeudos con proveedores se prolongaban por casi un año, y lograban continuar operando gracias a que sus acreedores aguantaban.

Sin embargo, fue inocultable la ausencia de los destinos turísticos en ferias internacionales, y en el caso de la Riviera Maya, fue pública y conocida la incertidumbre que sorteó el Festival de Jazz el año pasado, cuando incluso parecía que este evento se cancelaría.

Ante este panorama, tanto el director del Fideicomiso de Promoción Turística de Cancún, Jesús Almaguer Salazar, como Darío Flota Ocampo, de la Riviera Maya, guardaron un silencio cómplice, y lo que es más, se han empeñado en ocultar la crítica realidad de los órganos de promoción.  

Lo mismo hicieron los presidentes de la Asociación de Hoteles, el propio Jesús Almaguer, fue durante varios años líder del sector. En la Riviera Maya, el presidente de los hoteleros Jean Agarrista, jamás se ha atrevido ni a cuestionar mínimamente el destino de miles de millones de pesos.   

Ante la repentina muerte de Roberto Cintrón, en febrero de 2015, lo sustituyó como presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Carlos Gosselin, quien igualmente, se mantuvo durante casi un año, negando la crisis financiera en la que estaba inmerso el fideicomiso de promoción turística.  

Pero llegó un punto en que el desvío del dinero por concepto de Impuesto al Hospedaje fue insoportable para las cadenas hoteleras españolas, las dueñas de las dos terceras partes de los cuartos de hotel en el Caribe mexicano, y en el proceso de renovación de su dirigencia, a fines de febrero de 2015, cuando se reeligió a Carlos Gosselin, la organización hotelera se cimbró con la amenaza de que las cadenas españolas Iberostar, Barceló y Meliá, abandonarían la Asociación de Hoteles, como ya lo había hecho el grupo Oasis. Al final solo ésta última abandonó la asociación.


Una de las principales molestias de los hoteleros españoles fue que, desde su punto de vista, se habían violentado los estatutos de la Asociación prolongando el interinato de Carlos Gosselin, y porque no se eligió a un hotelero español impulsado por el Grupo Oasis, Pedro Pueyo, como presidente de la Asociación de Hoteles.

Los ibéricos demandaban el cambio por la falta de transparencia en el manejo del IAH y porque  ya no estaban satisfechos con la estrategia de promoción puesta en marcha por el gobernador Roberto Borge.  Pero al final de cuentas, ninguno fijó su postura pública en torno a este tema.

Todos han sido cómplices y todos han callado.

Las 17 pruebas que ponen en evidencia el millonario desvío

Las 17 pruebas que se anexaron a la demanda de juicio político son documentos públicos y pueden descargarse en el siguiente link  


Allí se encuentran, entre otros documentos, las actas de sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez en las que de manera reiterada el propietario de la cadena Palace, José Chapur, así como el hotelero Abelardo Vara, insisten en la urgencia de que la Secretaría de Hacienda entregue los recursos que recauda del impuesto al hospedaje, toda vez que las deudas con proveedores ponen en riesgo la capacidad de operación del Fideicomiso.

Es importante subrayar que el Comité Técnico está integrado por los titulares de diversas dependencias, entre éstas la Secretaría de Finanzas y Planeación, y el propio Juan Pablo Guillermo Molina asistió personalmente a algunas de las sesiones; en su ausencia ocupaba su lugar su suplente, otro funcionario de la Sefiplan, por lo que Guillermo Molina estaba al tanto de la exigencia de los empresarios.

También asistía a las sesiones del Comité Técnico un representante de la Secretaría de la Gestión Pública, la dependencia encargada de vigilar la actuación de los servidores públicos, misma que fue omisa en investigar lo que a todas luces es un desvío de recursos por cientos de millones de pesos; pues mientras la recaudación por IAH aumentaba por los altos niveles de ocupación, el gobierno del estado les cerraba más la llave a los fideicomisos, les retenía su presupuesto programado y además, manejaba con total discreción y opacidad los millonarios recursos.  

Cabe recordar que el 18 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial la reforma al Decreto de creación de los fideicomisos de promoción turística impulsada por el gobernador Roberto Borge, lo que le dio a éste total control sobre el manejo de los recursos derivados de la recaudación del IAH.

El procedimiento de juicio político

Frente a la estructura del PRI-gobierno y su total control de la Cámara de Diputados parece ocioso intentar un procedimiento de juicio político en contra del operador financiero del gobernador Roberto Borge Angulo. Sin embargo, son esas las instituciones que tenemos y no queda otro remedio que andar sobre ellas.
   
A la presentación de la demanda el pasado lunes 25 de abril siguió la ratificación de la misma, el marte 26 de abril, ante la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del estado, Natividad Cruz Lara.

La Comisión de Justicia, además de Cruz Lara, está integrada por los diputados Edgar Humberto Gasca Arceo (PRI); Sergio Bolio Rosado (PAN); Ariel Germán Cab Robertos (PANAL) y Javier Briceño Ramos (PRI). Será ésta la que determine si la denuncia reúne los requisitos de procedibilidad, es decir, si se cumplen los requisitos de ley para someter al funcionario señalado a juicio político.

Si la Comisión determina que la denuncia reúne los requisitos de procedibilidad, remitirá la misma a la Legislatura para que ésta le dé el trámite correspondiente. La Comisión puede también desechar la denuncia, si considera que no reúne los requisitos de ley.

Si la denuncia se remite a la Legislatura, ésta elegirá a una Comisión Instructora que se encargará de estudiar, analizar y determinar la procedencia de la denuncia, en lo que hace al fondo del asunto, y de encontrar elementos, se constituirá en órgano de acusación.

Luego de su análisis, la Comisión Instructora determinará si el procedimiento continúa, o si se da por concluido.

En caso de continuar, la Comisión Instructora podrá señalar

I. Que está legalmente comprobada la acción u omisión en materia de la denuncia.
II. Que existe probable responsabilidad del servidor público encausado.
III. Que la sanción debe imponerse de acuerdo con la ley.  

La Comisión Instructora enviará sus conclusiones al Secretario de la Mesa Directiva, con el carácter de acusación, solicitando se continúe con el procedimiento correspondiente.

Recibidas las conclusiones de la Comisión Instructora por el Secretario de la Mesa
Directiva, éste dará cuenta al Presidente de la Legislatura, quien anunciará a la propia Legislatura sobre la imputación.

La Legislatura, reunida en pleno, celebrará una sesión para el efecto de discutir el dictamen de la Comisión Instructora y votar su aprobación o rechazo. Si la Legislatura rechaza el dictamen presentado, el presidente de la misma declarará que no ha lugar a iniciar juicio político en contra del servidor público denunciado por los actos o hechos imputados. En caso contrario, la Legislatura iniciará el juicio político actuando como Jurado de Sentencia.

Parece muy ilusorio creer que algún día se terminará la impunidad de los funcionarios que saquean el erario y que hurtan miles de millones de pesos, sin ninguna consecuencia; pero siempre es mejor intentar hacer algo, que cruzarse de brazos. (NoticaribeNews)
 
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