“Desapareció” convenio de descuento de transporte público, en Cancún
CANCÚN, MX.-Según
el ayuntamiento de Cancún, no existe ningún convenio firmado durante la
administración del perredista Julián Ricalde Magaña, a través del cual se hubieses
pactado con las empresas concesionarias de transporte aplicar descuentos a
estudiantes y personas con discapacidad y de la tercera edad. Ello, a pesar de
que en la 59 sesión ordinaria de
cabildo, del 23 de septiembre, se aprobó otorgar dicho beneficio, así como
aumentar el número de módulos para adquirir los boletos con descuento.
La
Dirección de Asuntos Jurídicos respondió a la solicitud de información 00000814
que “de la revisión minuciosa a los archivos de esta Dirección (…) no se
encontró antecedente alguno de los convenios señalados en la solicitud que se
atiende”.
Por
su parte, la Dirección General de Transporte y Vialidad coincidió en que “en
los archivos de esta dependencia no existe documento y/o convenio firmado entre
el ayuntamiento y las empresas transportistas para el otorgamiento de
descuentos; sin embargo, en los artículos 118 y 119 del Reglamento para la
Prestación del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros en Autobuses
en Ruta Establecida (…) señala la tarifa preferencial (descuentos) y sus
beneficiarios.
Sin
embargo, la actual administración del priista Paul Carrillo de Cáceres,
anunció, a principios de enero, la cancelación del convenio aprobado por el
anterior cabildo, en su penúltima sesión, porque supuestamente no fue aprobado
por la Comisión mixta tarifaria.
En
una maniobra poco clara, de la que nunca supo dar cuenta ni el secretario
general del ayuntamiento, José de la Peña, ni la regidora de la Comisión de
Transporte, Tyara Scheleske; los descuentos acordados con las empresas de
transporte público, se echaron abajo para reactivarlos con las formalidades
requeridas, según explicaron.
Lo
cierto es que reina la opacidad y la aplicación del descuento a estudiantes,
adultos mayores y discapacitados no se realiza de manera generalizada, como
sucede en otros estados y el Distrito Federal, donde es suficiente con mostrar
la credencial respectiva. Tal parece que más le importa al gobierno municipal
es cuidar los intereses de las empresas concesionarias de transporte.
Además
de que según los funcionarios de la administración de Paul Carrillo, no existe
ningún convenio firmado con las empresas de transporte público para ofrecer
descuentos, tampoco existen denuncias ni demandas por el ilegal aumento de la
tarifa del transporte, aplicada por las empresas Turicun y Autocar en marzo de
2013, y que pusieron en jaque al gobierno de Julián Ricalde Magaña.
“De
la revisión minuciosa a los archivos de esta Dirección General de Asuntos
Jurídicos, no se encontró antecedente alguno de demandas interpuestas por el
ayuntamiento en contra de las citadas empresas”, se respondió a la solicitud de información 00000914.
Como
se recordará, el jueves 28 de marzo de 2013, las empresas Autocar y Turicun
aumentaron ilegalmente en dos pesos la tarifa de transporte público, y lo
hicieron “cobijadas” con un amparo promovido previo a los días de asueto de la
celebración de Semana Santa, lo que ató las manos al ayuntamiento para revertir
la medida y para detener a los camiones por la abusiva y unilateral medida.
Autocar
y Turicun se “autorizaron” el aumento de dos pesos, a través de un documento
apócrifo que fue validado por la fe pública del notario Benjamín de la Peña,
padre del entonces diputado local del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), José de la Peña Ruiz de Chávez, y actual secretario general del
ayuntamiento de Cancún.
Tras
casi una semana de aplicar la abusiva tarifa, un juez federal decidió dejar sin
efectos el amparo concedido a los transportistas, ante la evidencia de que se
trataba de un acto ilegal por parte de los transportistas.
El
tema del irregular incremento del pasaje sin duda se trató de un acto político,
que contó con el apoyo del ejecutivo estatal, Roberto Borge Angulo, como lo
manifestaron los dueños de las cocesionarias Turicun y Autocar en varias
ocasiones; y puso en aprietos a la administración del perredista Julián Ricalde
Magaña, quien tenía la obligación de proceder legalmente en contra de las transportadoras,
y de continuar el procedimiento, pero, de acuerdo a la Unidad de Transparencia
de Cancún, no existe ninguna acción legal activa por este motivo.
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Reviewed by NoticaribeNews
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domingo, febrero 23, 2014
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