“Comité Ciudadano de Transparencia” ejemplo de corrupción. Simuló contrato para cobrar 1.5 mdp del Subsemun

CANCÚN, MX.-El “Comité de Participación Ciudadano para la Transparencia AC”, creado por el empresario Francisco Córdova Lira, recibió 1.5 millones de pesos del gobierno municipal del perredista Julián Ricalde Magaña, que fueron desviados del Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun), según se comprueba a través de un contrato obtenido por NoticaribeNews por medio de la Unidad de Transparencia.

La corrupción y la simulación del perredista Julián Ricalde, encontró en el empresario Francisco Córdova Lira a uno de sus mejores avales, y éste, se convirtió en cómplice del desvío de recursos, con su Comité Ciudadano para la Transparencia, que no fue más que un membrete.  

Dicho Comité obtuvo, irregularmente, dinero que debió ser destinado a la prevención del delito y la violencia, lo que hace evidente que lo que menos le interesa a esta asociación civil es la rendición de cuentas y mucho menos la vigilancia del gasto público.   

En el contrato MBJ-OFM-DRMYSG-SUBSEMUN-LP-006-2013-02 se puede leer cómo esta asociación obtuvo recursos públicos. En el documento se refiere que se trata de un convenio “de prestación de servicios referente al rubro prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, en su concepto red de escuelas de prevención social de las violencias, que celebran por una parte la persona moral Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia”, asociación civil, representada en este acto por su representante legal, la C. Mariana Perrilliat Nava (…)”.

El Comité, supuestamente, ganó la licitación pública MBJ-OFM-DRMYSG-SUBSEMUN-LP-006-2013, en segunda convocatoria el seis de agosto del 2013, y el contrato se firmó el 12 de agosto; sin embargo, presenta varias irregularidades.

En el apartado “Declaraciones”, en la cláusula “A”, la prestadora, es decir, la asociación civil Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia declara “que es una sociedad anónima de capital variable, que se encuentra legalmente constituida (…) según consta en la escritura pública número ciento veintinueve, de fecha dieciséis de noviembre de 2011, otorgada ante la fe de la Lic. Ivonne Lemus Arellano, Notario Público número sesenta y cuatro del estado de Quintana Roo (…)”.

En la cláusula B, se cita “que su representante legal la C. Mariana Parrilliat Nava (…) cuenta con amplias facultades tal y como se señala en la escritura pública número sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y uno, de fecha veinte de mayo de dos mil trece, otorgada ante la fe del Lic. Luis Miguel Cámara Patrón, notario público número 30 del estado de Quintana Roo (…).

Como se lee, por una parte se dice que el referido Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia es una “sociedad anónima de capital variable”, pero, por otra, desde el inicio del contrato se menciona que es “asociación civil”, lo cual es una contradicción, pues no puede ser al mismo tiempo una sociedad anónima y también una asociación civil.

No se trata de errores de dedo ni de redacción; es, con toda claridad, un contrato simulado, en el que la asociación del empresario Francisco Córdova cobró un millón 550 mil pesos de una partida destinada a la seguridad pública.

El “hipotético” servicio que prestó el Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia al ayuntamiento, en materia de prevención de la violencia y el delito, consistió en la entrega de 20 manuales a distintos planteles escolares de Cancún para aplicar un programa, que resulta tan falso e incongruente, como el contrato por medio del cual el Comité obtuvo más 1.5 millones de pesos.

En el contrato también se estableció que la “forma de pago”, se realizaría de la siguiente manera: 25 por ciento con los dos “entregables”, y el 75 por ciento restante se pagaría a la entrega final del proyecto. Pero el dinero se pagó completo, en dos ministraciones el 23 de septiembre, esto es, unos días antes de que concluyera el periodo de gobierno de Julián Ricalde Magaña, y 45 días después de firmar el fraudulento contrato.

El contrato referido puede descargarse completo en este link. 

En mayo de 2013, aún en la administración del perredista Julián Ricalde, a través de la solicitud 00114913, se requirió decir cuántos recursos se habían entregado al Comité Ciudadano por la Transparencia; en la respuesta a dicha solicitud, la Tesorería, la Dirección de Egresos y la Contraloría Municipal negaron que existieran datos sobre lo solicitado.

En este link puede leerse la respuesta de la administración de Julián Ricalde Magaña.

Fue en la administración del priísta Paul Carrillo de Cáceres, cuando se logró obtener el convenio por el cual el Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia recibió 1.5 millones de pesos; en respuesta a la solicitud de información 00239113, de noviembre de 2013. 

En este link puede leerse la entrega de datos en la administración de Paul Carrillo.

La administración de Julián Ricalde Magaña ha sido una de las más opacas, por ello necesitaba contar con una asociación a modo, que avalara su “gobierno transparente”. Durante su gestión, se negó a rendir cuentas sobre materias en las que ya se había avanzado, como la entrega de la plantilla de trabajadores municipales, con sueldo, que sí entregó Greg Sánchez, y la entrega de los dictámenes técnicos del IMPLAN. 

Aquí otro ejemplo de la gran opacidad de la que es capaz Julián Ricalde. De mayo del 2011 a abril de 2013, esto es, todo el periodo de su gobierno, él y su sumiso Cabildo, realizaron 14 sesiones privadas, es decir, a puerta cerrada y sin que de ellas se informara, por lo menos, de su realización. Se trata de una práctica de gobierno de espaldas al pueblo, en lo obscurito.

A través de la solicitud de información 00119813, se le requirió a la Unidad de Transparencia de Julián Ricalde, decir cuántas sesiones privadas de cabildo se habían realizado en su administración, en qué fecha y qué asuntos se habían tratado. Sin embargo, la oficina de transparencia del perredista, clasificó la información como reservada; esto es, la ciudadanía no podía saber qué asuntos se trataron.

Tras interponer un recurso de revisión se obtuvo parcialmente la información, pues el ayuntamiento de Cancún dio a conocer solo algunos de los puntos tratados en las sesiones, otros, decidió enterrarlos bajo piedra y lodo.

Aquí pude descargarse el documento de sesiones privadas

Por todo ello, Julián Ricalde Magaña necesitaba patrocinar a una asociación de transparencia a fin a sus intereses, que no viera la gran opacidad y la corrupción que imperó en su administración.
  

¿Con qué cara se habla de corrupción e impunidad?

El empresario Francisco Córdova Lira ha pretendido proyectar a su asociación como una “contraloría ciudadana”, propósito que difícilmente alcanzará, sobre todo cuando va en sentido contrario, y quiere “auditar” al mismo gobierno que le entrega recursos que además es dinero producto del desvío y la malversación; todo por aplaudir los “logros” de una administración.

El 2 de agosto pasado, como parte del proceso de entrega recepción, el entonces edil, Julián Ricalde Magaña, hizo entrega al presidente municipal entrante, Paul Carrillo, un informe sobre las finanzas municipales en el que detallaba que le dejaba una deuda de mil 400 millones de pesos; en ese acto, firmaron como “testigos” Mariana Perrilliat Nava, Francisco Córdova Lira, Alberto Charles Saldívar y Rafael Lang Uriarte, como parte del Comité Ciudadano para la Transparencia, A.C.

El Comité participó en el proceso de entrega-recepción como observador y firmó como testigo en algunos casos. El 23 de septiembre del 2013, Francisco Córdova, acostumbrado a “vender” su producto empresarial: el “kit de la transparencia”, afirmó que se trataba de un ejercicio inédito, “el primero en su tipo en la entidad”, el cual debía ser aplicado en todos los municipios, (claro, contratando a su falsa asociación, al precio de 1.5 millones de pesos o más de ser posible).

En esa ocasión, el empresario dueño de delfinarios, declaró: “la experiencia que han tenido Mariana (Perrillat) y Karla nos dicen plenamente  que no hay procesos institucionales sólidos, formales, comprometidos, para que una administración pública municipal entregue a la siguiente, a nosotros nos causa enorme orgullo ser los pioneros en este proceso y ser un verdadero incidente en este pleno de transparencia y rendición de cuentas que ahora y quiero ser reiterativo, ahora que se habla de tanto las reformas, créanme, las reformas van a funcionar muy poco si no hay transparencia, si no hay rendición de cuentas; lo que habrá es ineficiencia, poca productividad, corrupción, impunidad, posiblemente con mayor recursos pero eso no es la solución del país”.

Y con qué cara habla Córdova Lira de ausencia de rendición de cuentas, corrupción e impunidad… (NoticaribeNews)