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miércoles, febrero 03, 2016

Es Quintana Roo el estado con mayor impunidad, según el Índice Global de Impunidad

CANCÚN, MX.- De acuerdo al Índice Global de Impunidad (IGI), un estudio coordinado por la Universidad  de las Américas (UDLA) de Puebla, Quintana Roo está a la cabeza de los 13 estados ubicados con “muy alta impunidad”, por encima de Guerrero, Tamaulipas y la Ciudad de México.

El IGI en cuya elaboración participaron el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) y Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) es uno de los estudios más complejos y completos que se han realizado sobre el tema, y se construyó a partir del análisis y cruzamiento de datos oficiales de las instituciones de seguridad y justicia que las entidades federativas reportan al INEGI.

“La crisis de inseguridad, violencia, corrupción y violaciones a los derechos humanos por la que atraviesa nuestro país tiene una raíz clara: la impunidad. Al constatar que pueden quebrantar la ley sin ningún castigo, los delincuentes encuentran un aliciente para cometer sus ilícitos y mantener el hábitat adecuado para subsistir”

México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide el IGI; y solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que desde 2013, la cifra negra en nuestro país, alcanza un porcentaje no menor al 92.8 por ciento, señala el documento.

El IGI, cita el estudio,  “es un índice compuesto y complejo. Compuesto porque incluye información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad: delitos no denunciados (cifra negra), así como el funcionamiento y capacidades de los sistemas de seguridad y justicia; y es un índice complejo porque es un modelo econométrico de 19 variables.

Entre los factores que tomaron en cuenta los investigadores para integrar el Índice General de Impunidad están las estadísticas de delitos denunciados, las averiguaciones previas concluidas, los expedientes consignados, el número de agencias del Ministerio Público, agentes judiciales, y jueces por cada 100 mil habitantes; así como datos del sistema judicial como número de sentenciados, entre otros. Igualmente se analizó el sistema penitenciario y de Derechos Humanos.     

De acuerdo a sus resultados, el IGI ubicó a los 32 estados del país en cinco grupos: grado de impunidad baja, grado de impunidad media, grado de impunidad alta, grado de impunidad muy alta y grado de impunidad atípica.

Quintana Roo se ubicó en el grupo de estados con grado de impunidad muy alta, y de entre los 13 estados aquí englobados, ocupa el deshonroso primer lugar con 76.61, siendo la media nacional de 67.42.

Destaca el hecho de que el este estado ocupó el cuarto lugar nacional detenciones arbitrarias del periodo del primero de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015, según el informe “Defender los derechos humanos en México: la represión política, una práctica generalizada” elaborado por Comité Cerezo en el 2015.


A continuación el  Índice General de Impunidad en Quintana Roo, tal como fue publicado en la investigación coordinada por la UDLA.

Quintana Roo es uno de los trece estados que se identifican con un grado 4 en la escala de impunidad, es decir, se encuentra entre aquellos con mayores niveles de impunidad. Una de las características que destacan es el alto número de presuntos delitos registrados por cada 100 mil habitantes. Esta entidad tiene 2,375.2 registros en contraste con el promedio nacional de 1,445 presuntos delitos por cada 100 mil habitantes.

Contexto en el sistema de impartición y procuración de justicia

El Sistema Penal Acusatorio entró en vigor en 2014 en Quintana Roo. Actualmente, presenta una operación parcial en su transición hacia la implementación de dicho sistema. De acuerdo con estimaciones de CIDAC que realizaron en octubre de 2014, la entidad tenía un 71% de avance en armonización normativa ocupando el lugar 23 en avance de la implementación entre los 32 estados.

Con base en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, los cinco delitos del fuero común más recurrentes en Quintana Roo son: 1. Lesiones 2. Robo a casa habitación3. Robo a negocio 4. Otros robos 5. Violencia familiar. Específicamente, la violencia familiar alcanza 7.22% de los delitos registrados en la entidad, y el daño a la propiedad 11.63%.

Mismos que también tienen una importante presencia dentro de los medios de comunicación locales. Mientras que, en el caso de homicidios, esta entidad se encuentra en la décima posición a nivel nacional al estimarse 42.55 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En el tema de detenciones arbitrarias, el informe “Defender los derechos humanos en México: la represión política, una práctica generalizada” elaborado por Comité Cerezo en el 2015, el estado de Quintana Roo ocupa el cuarto lugar nacional de este tipo de detenciones durante el periodo del primero de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015.

La CNDH ha emitido recomendaciones respecto a casos de violaciones a la libertad de expresión, seguridad jurídica e integridad personal contra periodistas, tal es el caso de la recomendación 13/2015.

La cifra negra en Quintana Roo es de 91.1%, de acuerdo con información de INEGI. Esto representa un porcentaje ligeramente por debajo del promedio nacional durante el 2014 el cual fue de 92.8%.

Cadena impune

A través de la cadena impune es posible identificar el volumen de casos que continúan avanzando en el proceso desde que inicia la averiguación previa hasta la sentencia registrada como condenatoria. En el caso de Quintana Roo, se contabilizaron 35,271 averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas durante el 2013. De ellas, se llegó a alguna determinación en el 59% de los casos y 41% fueron descartados.

Como se puede observar en la gráfica siguiente, en total 20,891 averiguaciones fueron determinadas. (Ver Gráfica Cadena impune). Hasta este punto, la tendencia decreciente es similar al promedio nacional, sin embargo, destaca el gran número de inculpados o imputados registrados en las averiguaciones con 32,288.

Esto quiere decir que por cada investigación a la que se llegó a una determinación, en promedio se encontraron 1.5 inculpados por delito. En los siguientes pasos del proceso de la cadena impune se registra una notable caída en el número de causas penales.

Se contabilizan 4,252 casos que acreditaron causas penales, es decir, 12% del total de averiguaciones inicialmente abiertas y el 20% de las que obtuvieron algún tipo de determinación. Durante el periodo de medición aún no comenzaba la transición para implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por lo que habría un número mayor de casos atendidos en tribunales debido a que aún no había un desahogo en el sistema. Se estiman 73.3 causas penales por jueces en el estado, esto es un número mayor a la media nacional que es de 51.7. Sin embargo, se reconoce una amplia brecha entre el número de averiguaciones que son abiertas y aquéllas en las que es posible acreditar una causa penal.

Esto puede tener varias explicaciones, desde que es una constante el que se levanten denuncias por presuntos delitos que efectivamente no cuentan elementos para poderse determinar causa penal, hasta que el Ministerio Público no está logrando conseguir las pruebas suficientes que permita acreditar las investigaciones abiertas con causa penal. Finalmente, 15% de las investigaciones abiertas que probaron causas penales llegan a una sentencia. Esto indica también un retraso en la cadena, no sólo por parte de la instancia investigadora, sino también para dictar sentencia por parte de los jueces.

Principales hallazgos encontrados en 35 indicadores

Por medio del índice es posible reconocer que ambas dimensiones, tanto la estructural como la funcional, tienen valores significativamente negativos en comparación con los de la media nacional. Aunque destaca esta última dimensión al presentar una mayor deficiencia, particularmente en la subdimensión de sistema de justicia.

En la entidad del total de ingresos penitenciarios, 28.5% cuentan con una sentencia, el cual es un porcentaje bajo frente al 58.4% de la media nacional. Asimismo, el 63.4% de los reclusos no cuentan con una sentencia en primera instancia comparado con el 35.7% del promedio en el país.

Además, como ya se mencionó, el 12% de las carpetas de investigación abiertas llegan a causas penales en la primera instancia judicial.

En contraste, se identifica un mayor presupuesto ejercido por el Tribunal Superior de Justica y Consejo de la Judicatura por cada 100 mil habitantes que a nivel nacional y el de la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia.

También se cuenta con una mayor cantidad de personal en el sistema judicial. Se estiman 33.8 policías judiciales por 100 mil habitantes, tres veces más que el promedio nacional, y, 3.7 secretarios por juez.

Estos indicadores negativos también se presentan en la sub dimensión del sistema de seguridad. En Quintana Roo se registran 2,375.2 presuntos delitos por cada 100 mil habitantes, una cantidad superior a la media nacional que es de 1,444.9.

En el caso del porcentaje de encarcelados por delito, se estima que 33.3% de las averiguaciones previas iniciadas por homicidio llegan a encarcelación. Mientras que para uno de los delitos más comunes en la entidad como lo es el robo, se registra que el 8.5% llega a encarcelamiento. 

Así como se identifica mayor gasto y personal dedicado en el ámbito judicial, también se reconoce esta tendencia entre el Ministerio Público. El personal en esta instancia es de 14.9 personas por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media nacional. Particularmente en el caso del personal dedicado a investigación, por cada mil delitos registrados se cuenta con 3.03 peritos y con 6.44 agentes del Ministerio Público. (Ver Gráfica Prisma impune).

No obstante que tanto el número de personal como el presupuesto para las dimensiones de seguridad y justicia son mayores que el promedio nacional, esto no se traduce en un mayor número de sentencias como se observó en la cadena impune del estado. Es importante reconocer que esta proporción no se mantiene entre el número de personal dedicado a labores de seguridad pública.

En el caso del personal de primer nivel, intermedio y operativo se cuenta con 82.5 personas por cada 100 mil habitantes, la mitad de la media nacional. Específicamente, entre el personal operativo, se cuenta con 74.1 por cada 100 mil habitantes en comparación con 152 a nivel nacional

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