Dan servicio pésimo, pero taxistas de Cancún presumen su poder de vetar a Uber y a transportistas federales

 Fabiola Cortés Miranda

CANCUN, MX.- A pesar de sus probados vínculos con la delincuencia organizada, y de que un elevado número de operadores de taxis de Cancún han sido detenidos por su participación en delitos diversos, principalmente asaltos, una de las principales preocupaciones de su líder, Eric Castillo Alonzo, es no dejar entrar a Uber a Cancún.

Durante la Tercera  Asamblea General Ordinaria del Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe “Andrés Quintana Roo”, su secretario general Eric Castillo, pidió a los dueños de las placas que otorga el gobernador en turno, a usar e impulsar la aplicación “Quiero Taxi”, la cual ha sido un verdadero fracaso, y con la cual, pretende este gremio, sustituir el servicio que presta Uber: “no sólo se trata de vetar, sino de confrontar con resultados”, dijo.

Castillo Alonzo lo expresó bien. Uber fue vetada a través de una modificación, en julio del año pasado, a la Ley de Tránsito y Transporte y Explotación de Vías Carreteras, en la que se adiciona el artículo 31 bis, que en términos prácticos exigen que quienes pretendan brindar el servicio público de autotransporte a través del uso de nuevas tecnologías, deberán contar con una concesión, la cual, en Quintana Roo, es firmada de puño y letra por el gobernador en turno, y entregada en primer término, a sus familiares, amigos, parientes, operadores de políticos y bases priistas.

Los sindicatos de taxistas de Quintana Roo sirven como fuerza operativa del PRI para llenar mitines o “acarrear” votantes durante la jornada electoral, de allí que la ley se aplique a cualquier prestador de servicio de transporte público, menos a los integrantes de los poderosos sindicatos, mismos que también aportan recursos para el financiamiento de las elecciones.    

Eric Castillo Alonzo también se comprometió a seguir ‘combatiendo’ a las transportadoras de turistas que utilizan placas federales, mismas que son detenidas y revisadas arbitrariamente por integrantes de los sindicatos de taxistas de Quintana Roo, quienes sustituyen, ilegalmente, a la autoridades, con la complicidad de éstas, claro.

En todos los municipios se cuentan múltiples agresiones contra turistas a quienes obligan a descender de los vehículos precontratados únicamente porque los taxistas consideran que se trata de “pirataje”.

Como parte de la complicidad entre el gobierno y los taxistas, por ejemplo, el entonces alcalde de Playa del Carmen, Román Quian Alcocer, regaló 39 sitios, es decir, espacios en la vía pública al Sindicato Lázaro Cárdenas, dejando a la población y a los turistas sin espacio para estacionar en las ya de por si saturadas acalles y avenidas de este polo turístico.

Otro ejemplo: la empresa de autobuses urbanos, Transportes Unidos del Carmen, opera en Playa del Carmen sin concesión y sin pagar licencia desde hace más de 20 años, y además ha impedido cualquier intento de que otra empresa preste sus servicios. Lo que es más, ante el deterioro de sus vetustos autobuses, el actual presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora, le cedió dos autobuses a la empresa con el pretexto  de darle transporte gratuito a los universitarios, lo cual solo hace dos veces al día, entre semana, mientras explota más de 18 horas, los 7 días a la semana, los dos autobuses que costaron al erario 1.5 millones de pesos cada uno.