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jueves, febrero 11, 2016

Embargan cuentas a transportistas con falso juicio laboral. Coludida Junta de Conciliación en Cancún

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.-La ubicación de Quintana Roo como el estado con más alta impunidad es algo que alarma. La última entidad al sur del país se ha convertido en un territorio de terror, donde las instituciones son oficinas inservibles en el mejor de los casos o instrumentos para “legalizar” actos delictivos.

Múltiples denuncias por despojos de valiosos terrenos y de casas en zonas residenciales fraguados a través de la simulación de juicios laborales llevados a cabo en las juntas de conciliación y arbitraje de Quintana Roo se encuentran estancados en el Ministerio Público, con la garantía de que no avanzarán, pues se trata de delitos cometidos con la complicidad de altos funcionarios. Se trata de una cadena que empieza con el secretario del Trabajo, Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, y pasa por las juntas de conciliación y arbitraje, donde se llevan a cabo procesos rápidos en el que la perversa película la completan supuestos trabajadores despedidos y sus víctimas: empresarios quienes son falsamente notificados, y que nunca tienen oportunidad de acudir a juicio y defenderse. Únicamente se enteran de éste cuando se dicta el embargo de una propiedad o de sus cuentas bancarias.

Actuarios, Secretarios de las juntas, prácticamente todos están coludidos.
El caso es gravísimo, pues estamos hablando de que el estado ha perdido una de sus razones de ser, que es la de brindar seguridad a sus gobernados; aquí al contrario, se ha convertido en el orquestador del despojo, del robo legalizado del patrimonio de los ciudadanos.

Particulares que pierden sus residencias, empresarios que son despojados de terrenos y sus cuentas embargadas están dejando a funcionarios ganancias hasta ahora incuantificables, porque el hilo de la madeja apenas empieza a asomarse. A unos meses de que el gobernador Roberto Borge Angulo concluya su mandato, y quien también, es parte de la terrorífica cadena.

En los pasillos de los juzgados y de la Procuraduría de Quintana Roo más de un abogado conoce de estos casos, donde el Ministerio Público no se mueve para atender las denuncias; y donde la aletargada justicia simplemente no llega porque las propiedades despojadas fueron rápidamente embargadas, rematadas y ya se encuentran a nombre de otra persona, distinta al dueño despojado. El Registro Público de la Propiedad es otra de las piezas que integran la maquinaria del abuso.

Casi cualquiera puede ser víctima porque los juicios avanzan en el papel inusitadamente rápido; al no haber notificaciones, del otro lado no hay nadie que defiende sus propiedades o cuentas bancarias, los juicios laborales se deslizan solos para terminar en laudos millonarios, inimaginables, donde todo es ficticio, empezando por el trabajador. Lo único que no es ficticio es el despojo.

Roberto Borge tiene colocados a personajes de toda su confianza en los puestos claves para llevar a cabo el despojo de propiedades y cuentas bancarias por medio de juicios laborales simulados; en la Secretaría del Trabajo está Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, casado, por cierto con Mariana Ochoa, del grupo OV7; y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, está Carlos Alejandro Lima Carvajal. Y también cuenta con un equipo de notarios cómplices, entre ellos el padre de Patricio de la Peña, el notario 39 de Cancún, Benjamín Salvador de la Mora     

Inútil súplica de empresarios transportistas al gobernador Roberto Borge

Uno de estos casos se hizo público apenas el martes pasado, a través de un desplegado de una plana, publicado en el periódico Novedades, firmado por el apoderado legal de las empresas Transportes Albser, S.A. de C.V.; Transportes Lal, S.A. de C.V. y Petrotransportes, S.A de C.V., Eduardo Alejandro Guerrero Guerrero, en el que narra cómo fueron embargadas las cuentas bancarias de sus clientes a través de un juicio laboral simulado.

Se trata del expediente número 640/2014, llevado en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número tres de Cancún, cuyo presidente es Javier Ernesto Rosado Suri.

Mismo modus operandi

El modus operandi de este caso fue el mismo de los despojos de terrenos y casas. Un supuesto empleado, en este caso de nombre Didier Alberto García Medina, demandó laboralmente a Transportes Albser, S.A. de C.V. y/o Transportes Lal, S.A. DE C.V. y/o Petrotransportes, S.A DE C.V.; así como a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Asur) en una oficina ubicada en la carretera Cancún-Chetumal kilómetro 22, en el Aeropuerto Internacional de Cancún “en las oficinas administrativas que se anuncian como Asur y que están en el Área de estacionamiento”.

Las empresas nunca fueron legalmente notificadas ni emplazadas a juicio, pero en el expediente se asentó que las diligencias se entendieron con una persona de nombre “Sofía Pérez”, una desconocida, que nunca ha sido empleada de las empresas y de la que incluso se desconoce si exista.

El lugar donde se hicieron las notificaciones para el emplazamiento a juicio, tampoco es el domicilio de las empresas.

Otra irregularidad dentro del juicio, es que además de las empresas de transportes, también fue demandado el Aeropuerto de Cancún como fuente de trabajo, que “extrañamente fueron absueltos de cualquier pago y/o prestación alguna al trabajador”. Es decir, se utilizó el domicilio de Asur para poder llevar a cabo el juicio que concluyó en el embargo de las cuentas bancarias de la empresa.

“El juicio esta tildado de irregularidades y mala fe, en el cual se puede apreciar el dolo con el que actuaron los funcionarios actuariales de este junta especial, ya que permitieron este tipo de actuaciones judiciales apócrifas, en contubernio con el abogado que representa a dicho trabajador, siendo el caso que mis representadas se están viendo afectadas en su patrimonio de un juicio, al cual nunca se nos permitió ser oídos y vencidos, por el emplazamiento apócrifo y desleal de la junta especial número tres esto es, que se nos permitiera legalmente apersonarnos y defendernos, viéndose claramente la arbitrariedad de las actuaciones de la junta de Conciliación y Arbitraje al permitir que en primer lugar fuéramos apócrifamente emplazados en el aeropuerto de la ciudad de Cancún, cuando mis representadas no tenemos, ni hemos tenido oficina alguna en dicho aeropuerto”.

A continuación el contenido del desplegado publicado por el apoderado de las empresas víctimas de la Junta de Conciliación y Arbitraje

C. LIC. ROBERTO BORGE ANGULO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

C. LIC. JAVIER ERNESTO ROSADO SURI
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Por medio de la presente hago de su conocimiento de las irregularidades en que ha incurrido la H. Junta Especial número tres de Conciliación y Arbitraje de Benito Juárez, dentro del Expediente número 640/2014

Como consta en el expediente laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje recibió escrito inicial de demanda promovido supuestamente por el C. Didier Alberto García Medina, quien demanda laboralmente a Transportes Albser, S.A. DE C.V. y/o Transportes Lal, S.A. DE C.V. y/o Petrotransportes, S.A DE C.V., y/o Asur y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en carretera a Cancún-Chetumal km 22 Aeropuerto Internacional de Cancún en las oficinas administrativas que se anuncian como Asur y que están en el Área de estacionamiento de la ciudad de Cancún.

Reclamándole diversas prestaciones, siendo el caso que dichas empresas NUNCA fueron legalmente notificadas y/o emplazadas en dicho juicio, ya que las mismas supuestamente fueron llevadas a cabo con una persona de nombre Sofía Pérez, misma persona que desconocemos en forma total, como empleada, o aun sin saber si tal persona existe.

El juicio esta tildado de irregularidades y mala fe, en el cual se puede apreciar el dolo con el que actuaron los funcionarios actuariales de este junta especial, ya que permitieron este tipo de actuaciones judiciales apócrifas, en contubernio con el abogado que representa a dicho trabajador, siendo el caso que mis representadas se están viendo afectadas en su patrimonio de un juicio, al cual nunca se nos permitió ser oídos y vencidos, por el emplazamiento apócrifo y desleal de la junta especial número tres esto es, que se nos permitiera legalmente apersonarnos y defendernos, viéndose claramente la arbitrariedad de las actuaciones de la junta de Conciliación y Arbitraje al permitir que en primer lugar fuéramos apócrifamente emplazados en el aeropuerto de la ciudad de Cancún, cuando mis representadas no tenemos, ni hemos tenido oficina alguna en dicho aeropuerto.

En segundo lugar la junta especial número tres permitió en asociación con el abogado del trabajador, que mis representadas fueran sujetas de un embargo de cuentas bancarias y todo esto fue fraguado con la finalidad de generar un menoscabo al patrimonio de las empresas, ya que mis representadas ni si quiera tienen presencia o domicilio en este Estado de Quintana Roo, y lo correcto era por parte de los funcionarios de esa junta especial número tres, que mis representadas fueran legalmente emplazadas en nuestros domicilios reales.

Otra irregularidad dentro del juicio, es que además de mis representadas, también fue demandado el Aeropuerto de Cancún como fuente de trabajo, siendo ellos también emplazados y extrañamente absueltos a cualquier pago y/o prestación alguna al trabajador, según laudo, por lo que únicamente fue el instrumento del desleal juicio, señalar como domicilio de mis representadas el domicilio del Aeropuerto de Cancún, para llevar a cabo el deshonesto juicio en contra de mis representadas y sin perjudicar a la persona moral que opera el aeropuerto, ya que estos últimos radican es esta ciudad, siendo el caso entonces que solicitamos al C. Lic. Javier Ernesto Rosado Suri, nos brinde su apoyo en el presente caso y se lleve a cabo una revisión exhaustiva de las actuaciones del juicio en el expediente número 640/14, así como de los funcionarios que intervinieron en este juicio, ya que se procederá a presentar las quejas correspondientes, o en su caso la denuncia respectiva, si hubo alguna conducta que la autoridad pudiera considerar un delito penal, en contra de los funcionarios que hayan estado o estén involucrados, en el mal manejo dentro del referido expediente, en relación a todos los involucrados y que actuaron falsamente y con dolo.

Por lo que antes de ejercer alguna acción judicial para esclarecer esto, nos dirigimos primero respetuosamente ante usted Sr. Gobernador Lic. Roberto Borge Ángulo y a usted Sr. Presidente de la Junta Lic. Javier Ernesto Rosado Suri, para que en base a su honestidad y buen juicio, atiendan esta situación y se nos permita tener un juicio honesto y legal en respeto a nuestra garantía constitucional de audiencia y legalidad.

ATENTAMENTE,
EDUARDO ALEJANDRO GUERRERO GUERRERO
APODERADO LEGAL
TRANSPORTES ALBSER, S.A. DE C.V.
TRANSPORTES LAL, S.A. DE C.V.
PETROTRANSPORTES, S.A DE C.V.


Benito Juárez, Quintana Roo; A 10 de Febrero de 2016

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