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martes, noviembre 17, 2015

Los feminicidas, “presuntos culpables” y “confesos”, del gobernador Roberto Borge

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.- Justicia pronta, expedita y falsa.

Ante el indignado reclamo social que sintió el gobernador Roberto Borge Angulo, tras la marcha del 1 de noviembre pasado, llegó la “justicia pronta y expedita”; a entender del propio Jefe del Ejecutivo, quien se convirtió en el vocero de  la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, y en dos actos, distanciados por unos cuantos días, anunció con pormenores, la detención de dos feminicidas, casualmente el de los casos que mayores protestas han desatado en Cancún.

El primer anuncio lo hizo el 8 de noviembre pasado, cuando en rueda de prensa informó de la detención de Luis Enrique Meza Calderón, alias “El Peke”, capturado en Acapulco, Guerrero, y “confeso” del feminicidio de la niña de 13 años, María Fernanda.

Unos días más tarde, el 12 de noviembre, nuevamente, Roberto Borge, en conferencia de prensa, dio detalles sobre la detención de Carmen Ramos Pérez, a quien presentó como el asesino, también confeso, de la estudiante Karen Carrasco Castilla, la joven que detonó el encono social y la demanda, por parte de varias organizaciones de que se declare la alerta de género para Cancún.

Ambos casos se parecen en el sentido de que los asesinos son “confesos”.

En plena evolución hacia un sistema penal de inquisitivo a adversarial, en el que la presunción de inocencia es la que prevalece en todo momento hasta antes de que se decrete una sentencia, el gobernador Roberto Borge, prácticamente ya sentenció a los dos detenidos “confesos”, quienes, fueron exhibidos en fotografías, con nombres, apellidos y generales, pero no fueron presentados ante los medios de comunicación; seguramente por no "violar sus derechos humanos"…

A Borge Angulo le urgía acallar lo más rápido posible las insistentes voces de los que exigimos que se decrete la alerta de género por el alto número de agresiones contra las mujeres, y por los múltiples feminicidios, que las autoridades en Quintana Roo se han empeñado en negar; por eso el Gobernador priista dio con prontitud con un par de sujetos “confesos”.  

La confesión sólo es creíble en países donde el sistema judicial penal funciona. Donde a cambio de declarar sobre los hechos delictuosos el presunto culpable obtiene un beneficio, como la reducción de la condena. Pero en México, donde las autoridades judiciales siguen ancladas por costumbre, comodidad y corrupción a las viejas formas; la confesión solo se obtiene por una vía: la tortura, y en la mayoría no precisamente de los responsables.

El mes pasado, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer que las denuncias por tortura en nuestro país aumentaron más del doble entre 2013 y 2014. En su informe “Promesas en el Papel, Impunidad Diaria: La Epidemia de Tortura en México Continúa”, el organismo detalló que las denuncias por este delito pasaron de mil 165, en 2013, a dos mil 403, en 2014, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Por la forma y por el contexto, los dos presuntos culpables, “confesos”, huelen más a chivos expiatorios, por lo que mientras no se atiendan las condiciones que han propiciado y siguen propiciando las agresiones y los asesinatos de mujeres en Quintana Roo, (el más reciente ocurrido hace una semana, en Chetumal) la sociedad continuará estando agraviada, indignada y sin recibir justicia.  

El gobernador Roberto Borge va de burla en burla. La primera, fue cuando ordenó a los medios de comunicación locales minimizar la marcha del 1 de noviembre en la que se exigía justicia por los feminicidios y un alto al derroche en propaganda de logros irreales. Se volvió a burlar de sus gobernados con la presentación, en primera plana, de  dos chivos expiatorios; y su imagen de "justiciero”, en los diarios locales y nacionales.

En su edición de este lunes 16 de noviembre, el diario Por Esto, dio a conocer la versión del abogado Gabriel Caballero Briceño, defensor de Carmen Ramos Pérez, presentado como el asesino confeso de la universitaria Karen Carrasco Castilla. El litigante aseguró que su cliente es un chivo expiatorio, pero que, desafortunadamente ya fue "condenado", y debido a la sumisión del Poder Judicial local, el abogado del presunto señaló que será hasta que el asunto salga de la esfera local y llegue a manos de un juez federal, cuando se demuestre su inicencia.


"Ayer rindió su declaración preparatoria, él reconoce la firma, dice que el contenido lo desconoce, dice que lo torturan, bolsas, lo asfixian, toques en los testículos y en la espalda obligándolo a firmar, pedimos una química pericial forense a cargo de la PGR para el único efecto de demostrar que él no consume drogas desde hace un año", narró el abogado al diario local.

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