Ejidatarios de Holbox ganan otro amparo contra empresarios de mega desarrollo turístico

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 116 ejidatarios de Holbox ganaron dos amparos para impedir que la desarrolladora Península Maya Developments, de Fernando Ponce García, y en la que participa Consorcio ARA, construyan en la isla de Holbox el megaproyecto residencial-hotelero La Ensenada.

Atrás del complejo hay empresarios chinos, quienes invertirían parte de los 600 millones de dólares que requiere la obra de 980 hectáreas, integrada por un puerto privado, carreteras, helipuerto y 195 habitaciones distribuidas en tres hoteles boutique de máximo nivel.

La Ensenada también incluye 875 unidades residenciales, que van desde lotes residenciales hasta villas y condominios, además de una plaza con vocación comercial y de oficinas que implica otra superficie de tres mil metros cuadrados rentables.

Sin embargo, el emporio inmobiliario que impulsan los accionistas de Grupo Bepensa y en el que participa el desarrollador de vivienda de ARA, Germán Ahumada, recibió el primer revés el pasado 4 de octubre, aunque esta controversia data ya de más de cinco años.

El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Cancún, concedió a Carlos Odriozola, abogado de los ejidatarios, un amparo para evitar que los empresarios se aprovechen de las hectáreas que adquirieron con engaños a un valor abajo de su precio real.

El conflicto inició en enero de 2006, cuando Fernando Ponce García creó el fideicomiso para la Promoción y Desarrollo Sustentable de la isla de Holbox, desde que obtuvo el control de los terrenos de 65 ejidatarios.

Con el fideicomiso utilizó a Península Maya Developments para despojar a ejidatarios de sus parcelas, al pagarles cinco millones de pesos por cada una de sus propiedades, sin los avalúos que deben realizarse, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley Agraria.

Se acusa simulación de asambleas en las que los derechos de los legítimos ejidatarios se entregaron a “nuevos ejidatarios”, entre quienes están Ahumada, allegados a Patricio Patrón Laviada, ex gobernador de Yucatán y ex titular de la Profepa, y empresarios ligados a Ponce.

Para lograrlo, el dueño de Bepensa utilizó todas sus relaciones en el Poder Judicial, los nexos con el propio Patrón, sus contactos con funcionarios de la Reforma Agraria, que comanda Abelardo Escobar, y del Tribunal Superior Agrario, de Marco Vinicio Guerrero Martínez.

Al descubrir esta anomalía, los 65 ejidatarios solicitaron a una consultoría externa que cotizara el valor de los terrenos ejidales, cuyos precios variaban de los 60 hasta 130 millones de pesos, estos últimos con frente de playa, situación que enfrentó a Ponce con la parte afectada.

El asunto es complicado, ya que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, por orden del Poder Judicial de la Federación, deberá dar trámite a los juicios 250/2010 y 312/2010 que implicarían la nulidad de todas las operaciones realizadas por Península Maya Developments y sus accionistas.

Además, los ejidatarios interpondrán todos los recursos legales para que la Secretaría del Medio Ambiente, que lleva Juan Elvira, evite autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental que la desarrolladora ingresó este pasado 5 de septiembre para levantar La Ensenada.

La objeción radica en que parte de las hectáreas del nuevo complejo turístico estarían en un Área Natural Protegida, catalogada como sitio Ramsar, es decir, con humedales de importancia internacional, un tema que pasó por alto la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente.

Por lo pronto, los ejidatarios enviarán misivas a la Semarnat y a Juan José Guerra Abud, coordinador de Medio Ambiente del presidente electo Enrique Peña Nieto. La finalidad es informar sobre los amparos ganados y denunciar el atropello de los grupos Ponce y ARA. (Excélsior enlínea, Sección: Opinión, Tiempo de negocios por Darío Celis)