Impulsaré reformas para que el DIF sea dirigido por profesionales y no por primeras damas o familiares directos de los gobernantes

CANCÚN, MX.- Desde hace varios días, el Diario Por Esto, especialmente la reportera Yolanda Gutiérrez, dio a conocer la historia de Daniel, un niño de 10 años, que fue sufre maltrato a manos de su padrastro, protegido por la madre biológica del menor.

Del niño, la reportera publicó fotografías en las que se ven huellas de golpes, cicatrices y moretones. El menor, vivía en la región 96 de Cancún, y a su domicilio llegó personal del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Intrafamiliar (Geavi), donde  encontró a su abuela, quien les confirmó que el pequeño era golpeado por su padrastro.

El caso parece que solo le interesaba a la reportera, quien le dio seguimiento durante varios días, hasta descubrir que la madre de Daniel lo había sacado de la escuela, de la que se ausentaba con frecuencia por los múltiples golpes que le propinaba su padrastro.

El padre biológico del pequeño presentó una denuncia y buscó asesoría legal para iniciar con los trámites correspondientes para recuperar a su hijo.

Pero todos esos días no bastaron para que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Cancún, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, actuara y resguardara la integridad del menor, quien, de acuerdo a la investigación de la reportera, ya no se encuentra en su domicilio, pues los victimarios del niño, abandonaron el mismo y se lo llevaron.

Esta es una muestra de que instituciones como el DIF y la Procuraduría de la Defensa del Menor, que casi siempre quedan en manos de gente con poca preparación, desconocedoras de las leyes y de sus facultades como funcionarios, han fallado.  

El DIF debe ser una institución que cumpla con su objetivo: que es el de brindar protección a las familias más vulnerables, y a los niños que se encuentran en situación de riesgo, como Daniel.

Por ello, como diputada del PRD promoveré las reformas necesarias para que sea obligatoria la profesionalización de las personas que laboren en el Sistema DIF y en la Procuraduría de la Defensa del Menor, y que dejen de ser éstas oficinas decorativas y repartidoras de cobijas y despensas.

La ley ha conferido a estas instituciones algunas de las más altas responsabilidades para con las familias más vulnerables que sin embargo pocas veces han cumplido con empeño y diligencia.

La Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo se encuentra debidamente armonizada con la ley federal de la materia, pero sigue sin cumplirse, y en parte, consideramos que ello se debe al carácter de dependencia de ornato a la que se ha relegado al Sistema DIF, donde las primeras damas o familiares de los mandatarios ocupan el cargo.

Por ello, es urgente que la dirección del DIF quede en manos de profesionales, que no exista una presidenta o presidente decorativo que dicte las políticas sin conocimiento y sin cause, como ahora sucede, por lo que debe revisarse la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado y la Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo.

Este es uno de los compromisos que asumo como ciudadana y que llevaré a cabo como diputada de la XV Legislatura.

La propuesta no es nueva, ya la diputada federal del PRD, Olga Catalán Padilla, pidió modificar la Ley de Asistencia Social para prohibir que cónyuges o parientes consanguíneos hasta en cuarto grado, por afinidad o civiles del Ejecutivo puedan fungir como directores generales o integrantes del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF.

Se trata de un imperativo ante la situación de riesgo que enfrentan familias, niños y adolescentes y ante la evidencia de que estas instituciones, dejadas en manos de cónyuges y parientes de los gobernantes, no han cumplido con su encomienda. (Boletín de prensa Fabiola Cortés