El priista Juan Pablo Guillermo, aspirante a Alcalde, sería la ruina de Playa del Carmen

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.- Juan Pablo Guillermo Molina, actual secretario de Finanzas de Quintana Roo no debe ser presidente municipal de Solidaridad (Playa del Carmen), porque sería la ruina de una de las ciudades turísticas más prósperas del país.

Este funcionario es la personificación de la opacidad y la corrupción, tándem perfecto para saquear el erario. Paradójicamente, es ésta, la “virtud” que vio en él su gran amigo, el gobernador Roberto Borge Angulo, quien pretende dejarle el manejo de la caja registradora de Solidaridad, al hacerlo alcalde de Playa del Carmen. Hablamos de recursos millonarios, por ejemplo, para el 2016, Solidaridad ejercerá un presupuesto de mil 660 millones de pesos.

¿Qué es Juan Pablo Guillermo?

Juan Pablo Guillermo pasó en unos años de ser un junior sin oficio ni beneficio, heredero de una de las familias más acaudaladas de Quintana Roo, (Grupo Aviomar) a ser uno de los hombres más poderosos del gabinete de Roberto Borge, entre otras cosas por su lealtad probada, y porque ha mostrado que tiene el cinismo que se requiere para, sin inmutarse, mandar al bote de la basura a las instituciones, como la de la Transparencia.

El Secretario de Finanzas, quien es suplente del diputado federal, José Luis “Chanito” Toledo Medina, delfín del gobernador Roberto Borge Angulo, en múltiples ocasiones se ha negado a proporcionar información que debería ser pública; tan pública que no se necesitaría que ningún ciudadano la solicitara para que se publicara en la página del gobierno estatal.

Uno de los casos más recientes en los que Juan Pablo Guillermo cubrió con lodo la Transparencia fue el de la solicitud 00207015, en la que la que se le requirió al funcionario, por ser titular de la Secretaría de Finanzas, detallar cómo se gastaron mil 400 millones de pesos provenientes de la recaudación del Impuesto al Hospedaje. Pero Guillermo Molina se negó a decir cuál ha sido el destino de ese dinero, y la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, en la que está al frente Lizett del Carmen Clemente Handall, una funcionaria igual de corrupta y opaca, no se atrevió a pedirle, ni siquiera a insinuarle al Secretario de Finanzas que le proporcionara los datos.

El poder de Juan Pablo Guillermo

El poder de Juan Pablo Guillermo Molina es tal, que los titulares de las Unidades de Transparencia ni siquiera giran oficios para “insistirle” que responda las solicitudes de información, y lo que es más, dan la cara por él.

Han sido varias las solicitudes de información que Juan Pablo Guillermo ha dejado sin respuesta, incluso las más “irrelevantes”, y es que lo que trata de demostrar el Secretario de Finanzas es su  poder, su fuero.

Por ejemplo, en la solicitud número 00011314 se requirió saber “cuál es el cobro autorizado por concepto de verificación vehicular. Detallar las diferentes tarifas, según tipo de vehículo”, y Juan Pablo Guillermo Molina se negó a contestar el requerimiento que para ello le envió la sumisa titular de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, Lizett del Carmen Clemente Handall. Fue después de interponer un recurso de revisión que el aspirante a la presidencia municipal de Solidaridad se vio obligado a contestar la solicitud de información.

Antes de Lizzet Clemente Handall, estuvo al frente de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (UTAIPPE), Francisco Javier García Rosado (ex Magistrado famoso por su “narco hija”), quien llegó al extremo de justificar ante el antes llamado Instituto de Transparencia, la falta de entrega de información por parte de Juan Pablo Guillermo, quien no respondió un oficio relativo a la solicitud 00118013, en la que la que se le requirió saber a qué empresas se entregaban los materiales reciclables que se obtienen del programa

Basura por Alimentos. La falta de respuesta motivó un recurso de revisión.

Juan Pablo Guillermo y la Transparencia, me la paso por los…

En el recurso de revisión RR/042-13/CYDV, relacionado con la falta de respuesta de la solicitud sobre el destino del material reciclable que se colecta en las jornadas “Basura por alimento”, el entonces Instituto de Transparencia, actualmente IDAIPQROO, requirió del Secretario de Hacienda, Juan Pablo Guillermo, “que coadyuve para la atención del Recurso de Revisión de cuenta”, esto es, le pidió que entregara los datos solicitados, y le recordó que, de acuerdo al artículo 98 de la ley de Transparencia del estado, “serán causa de responsabilidad administrativa” (…) “actuar con negligencia, dolo o mala fe en la substanciación de las solicitudes de acceso o en la difusión de la información pública”. 

El Instituto, igualmente, expuso en su recurso de revisión, que en vista de que el Secretario de Hacienda, habría incurrido en una posible negligencia, dolo o mal fe, al no entregar los datos solicitados, “sin que esta autoridad prejuzgue en modo alguno, amerita darle vista a la autoridad competente, a efecto de que, de así considerarlo, proceda a investigar y aplicar las sanciones que conforme a derecho correspondan”.

En el punto cuarto de su resolución, ordenó girar oficio “al titular de la Secretaría de la Gestión Pública del Estado de Quintana Roo, acompañándose copia debidamente autorizada de la presente resolución, a fin de que en el marco de sus atribuciones, de así considerarlo, inicie el procedimiento administrativo correspondiente a fin de determinar sobre la responsabilidad administrativa de servidor público alguno derivada de la solicitud de información de mérito (…)”.  

Pero la negativa del Secretario de Hacienda, Juan Pablo Guillermo, de entregar información, quedó sin investigación y sin sanción.

Ni el IDAIPQROO le dio seguimiento al asunto, y por supuesto que tampoco la Secretaría de la Gestión Pública tuvo la osadía de llamar a cuentas a Juan Pablo Guillermo. En realidad nadie se atreve a tocar a Guillermo Molina, el “escudo” de Roberto Borge, el que cubre, con su propio cuerpo la corrupción del Gobernador.

En un anterior Recurso de Revisión, el RR/038-14/JOER, mismo que se interpuso ante la falta de respuesta del Secretario de Hacienda, a la solicitud de información sobre el cobro autorizado por concepto de verificación vehicular, el Instituto de Transparencia había resuelto ‘girar oficio al Titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Quintana Roo’, “a fin de que en el marco de sus atribuciones, de así considerarlo, inicie el procedimiento administrativo correspondiente a fin de determinar sobre la responsabilidad administrativa de servidor público alguno derivada de la solicitud de información de mérito (…)”.  

En la solicitud sobre el cobro autorizado para la verificación vehicular, Juan Pablo Guillermo simplemente dejó sin respuesta la solicitud de información. Luego de la interposición del recurso de revisión, Lizzet Clemente Handall, le envió un oficio al poderoso Secretario de Finanzas, “mediante el cual solicita (…) su coadyuvancia para la atención del presente recurso”. Es decir, literalmente le suplica que entregue la información.

El retraso en la entrega de la información, y el hecho de que ésta haya sido proporcionada solo después de que se interpusiera un recurso de revisión, es lo que motivó que el Instituto de Transparencia, resolviera girar también oficio a la Secretaría de la Gestión Pública para investigar si Juan Pablo Guillermo ha incurrido en alguna falta por su reiterada negativa a entregar información, es decir, a cumplir las obligaciones que le impone la Ley de Transparencia de Quintana Roo. (ver requerimiento de intervención de la Secretaría de la Gestión Pública)

La Secretaría de la Gestión Pública, la muy buena para nada 

Las resoluciones del Instituto de Transparencia en las que ordena se gire oficio a la Secretaría de la Gestión Pública, para que ésta investigue si Juan Pablo Guillermo ha cometido alguna falta como funcionario al negarse a entregar información pública, se quedaron solo en el papel, pues ninguna dependencia, ni el Instituto de Transparencia y mucho menos la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, cumplieron con enviar los expedientes con los dos recursos de revisión a la Secretaría de la Gestión, de la que es titular Gonzalo Herrera Castilla.

En la solicitud de información 00007215, se preguntó: “(…) cuántos procedimientos ha iniciado la Secretaría de la Gestión Pública en contra de funcionarios por incumplimiento en la substanciación de solicitudes de acceso a la información, en la presente administración (…)”. La respuesta fue que “(…) en la presente administración, es decir, del año 2011 a la fecha actual (enero 2015), esta Coordinación no ha iniciado ningún Procedimiento Administrativo Disciplinario por motivo de incumplimiento a las solicitudes de acceso a la información pública (…)”.

La Secretaría de la Gestión Pública contestó que tampoco se le ha requerido intervenir en ningún caso por la falta de respuesta a alguna solicitud de información, como el de la 00011314, relacionada con el destino del material reciclable, y que el Secretario de Finanzas no contestó: “La Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Gestión Pública, no ha instaurado ningún procedimiento de responsabilidad administrativa derivado de actos u omisiones relacionados con la atención de la solicitud de información 00011314, en virtud que en nuestros registros y archivos no existe documentación y/o información por la que se solicite la intervención de este Órgano de Control Estatal.” (solicitud 00107215)

En media hoja cabe el curriculum de quien quiere ser Alcalde de Playa del Carmen

El curriculum vitae de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas del estado, cabe en menos media hoja. Quitando los datos de primaria a preparatoria, la “trayectoria” de quien pretende ser el próximo alcalde de Playa del Carmen, se resume en unas líneas.

Es contador público egresado de la Universidad del Mayab, de Mérida, Yucatán. En cuanto a su experiencia laboral, del 2003 al 2005, combinó dos actividades: la de “Gerente de productos nuevos” en una agencia de viajes de Mérida, y la de “director general” del Restaurante DBOCCA, también de Mérida. Del 2005 al 2008 fue “director general” de la empresa “Cozumel desde Adentro”, una compañía propiedad de su familia. 

De junior gris, a poderoso Secretario de Hacienda

Juan Pablo Guillermo pasó de ser un juniorsillo gris y con cero proyección, a ser el poderoso Secretario de Finanzas de Quintana Roo, a manejar miles de millones de pesos al antojo de su gran amigo, el gobernador Roberto Borge Angulo. Es su lealtad, su cinismo, su complicidad sin límites y su hechura de corrupción, lo que lo hermanó con Borge Angulo.

Fue en la administración del entonces presidente municipal de Solidaridad, Román Quian (2008-2011), cuando Juan Pablo Guillermo Molina incursiona en la administración pública como Director de Finanzas; cargo en el que fue colocado por Roberto Borge, quien inició desde entonces el manejo del apetitoso presupuesto de uno de los destinos turísticos más boyantes de México: Playa del Carmen, la Riviera Maya (lo continuó con su delfín José Luis “Chanito” Toledo, quien fue Tesorero municipal en la administración de Filiberto Martínez (2011-2013).

Una vez que concluyó su “encarguito” como Director de Finanzas, Guillermo Molina brincó a la Secretaría de Hacienda, en abril de 2011, dependencia que cambió su nombre al de Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), desde donde mueve, al mandato y arbitrio del gobernador Roberto Borge, los recursos del erario.

De esta forma, Juan Pablo Guillermo está como “entre nubes de algodón”, desde su cargo de Secretario de Finanzas, del que lo único que detesta es rendir cuentas, responder a solicitudes de información, es decir, transparentar lo que hace con los recursos públicos, de allí que él mejor prefiere pasarse la Transparencia por los…(NoticaribeNews)