Secretario de Gobierno y de Seguridad Pública de QRoo obstaculizan Mecanismo de Protección para Periodistas

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El secretario general de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, y el secretario de Gobierno del estado, Francisco Javier López Mena, obstaculizaron el trabajo del Mecanismo de Protección para Periodistas, en el caso de la periodista y abogada Fabiola Cortés Miranda, pues ambos funcionarios dejaron sin contestar oficios que les giró este órgano como parte del análisis de riesgo que se realiza sobre su caso.  

De acuerdo al informe de la “Evaluación de Riesgo” efectuada  por el Mecanismo de Protección para Periodistas, al secretario general de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, se le giró el oficio UER/DEER/475/2017 en el que se le requiere informar si existen medidas implementadas a favor de la periodista, además de que se le solicitan datos de la incidencia delictiva del fuero común en Quintana Roo y particularmente en la zona norte, en los dos últimos años.

El Secretario de Seguridad de Quintana Roo no dio respuesta a lo solicitado por el Mecanismo, lo que redundó en una estudio de riesgo parcial y sesgado que no permitió valorar al analista del Mecanismo de Protección la grave situación de inseguridad que se vive en los municipios de la  zona norte del estado, particularmente en Cancún y Playa del Carmen.  

En las observaciones a la “Evaluación de Riesgo” presentadas por la periodista al Mecanismo, se resaltó que “la falta de respuesta del encargado de la seguridad en Quintana Roo es una muestra de la indiferencia y desinterés sobre el caso particular, y puede incluso atribuírsele una intención de no aportar datos que destaquen la situación de grave inseguridad y violencia en la que se encuentran los municipios del norte del estado, donde desarrolla su principal actividad la periodista.”

De la misma forma, el secretario de Gobierno del estado de Quintana Roo, Francisco Javier López Mena, dejó sin responder el oficio UER//DEER/477/2017, en  el que se le requiere decir si la Secretaría a su cargo ha implementado alguna medida de protección en favor de la periodista, así como decir si en la dependencia a su cargo se tiene algún análisis del caso de la agresión denunciada por la periodista, sobre la actividad de la misma, el análisis del contexto en el que la periodista desarrolla su actividad, y el número de agresiones denunciadas por periodistas en Quintana Roo, de 2016 a la fecha.     

Sobre la falta de respuesta, en la sesión del Comité del Mecanismo de Protección para Periodistas, Cortés Miranda resaltó que se “muestra nuevamente la indiferencia de las autoridades locales del más alto nivel en el caso que se analiza, de lo que se puede inferir incluso una actitud complaciente”.

Cabe destacar que en días pasados sesionó el Comité del Mecanismo de Protección para Periodistas, en el que la también abogada realizó observaciones a la “Evaluación de Riesgo”, luego de que el analista encargado del caso lo considerara de bajo riesgo.

Violencia institucionalizada

En la sesión, la también abogada resaltó que en su caso existe una violencia institucional evidente, toda vez de que la denuncia folio FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000/105/2017 interpuesta ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra la Libertad de Expresión el nueve de febrero pasado,  luego de que dos supuestos agentes judiciales se presentaran en las oficinas que tiene señaladas para oír notificaciones en la PGR con una “orden de presentación”, fue declinada por dicha fiscalía especializada y  enviada a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México “por incompetencia”, a pesar de que en la denuncia presentada se señala la calidad de periodista de la querellante y se detalla que el acto tiene relación con las denuncias interpuestas por la activista en contra de personajes ligados al ex gobernador Roberto Borge Angulo y al político en cuestión.

Sin embargo, mientras la Fiscalía Especializada aseveró que la denuncia interpuesta por la periodista fue declinada por esa dependencia y enviada a la Procuraduría capitalina, de acuerdo al oficio 200/205/FAEE/AEADAP/0272017-04, el procurador Rodolfo Ríos Garza niega la existencia de alguna denuncia interpuesta por esta periodista, lo que contradice el dicho de la Fiscalía y configura un agravio más en su contra que es la privación del acceso a la justicia, puesto que ninguna instancia se encuentra investigando el hecho denunciado, y la Fiscalía especializada, dependiente de la PGR, convenientemente “declinó” la competencia.

Como parte de sus observaciones, la periodista resaltó la relación que existe entre la agresión denunciada ante la Fiscalía especializada y el hecho de que ésta se produjo un día después de que presentara ante la PGR un oficio para solicitar ser incorporada como coadyuvante en las denuncias presentadas por la periodista el pasado 28 de noviembre de 2016 en contra de presuntos prestanombres de Roberto Borge, así como en contra de ex funcionarios, empresarios y notarios.

Durante la sesión del Mecanismo de Protección para Periodistas, Cortés Miranda se inconformó por las conclusiones de la “Evaluación de Riesgo”, señalando los puntos deficientes del análisis, argumento que fue compartido por los funcionarios asistentes, por lo que el Mecanismo acordó volver a realizar la “Evaluación de Riesgo”.

La periodista y activista en temas de combate a la corrupción, Fabiola Cortés Miranda, fue incorporada al Mecanismo de Protección para Periodistas en febrero pasado luego de que dos presuntos agentes judiciales se presentaron en la oficina que la también abogada designó para oír y recibir notificaciones, en la Ciudad de México, con una orden de presentación falsa.