“Muerte” a la aborrecida Ley Borge

Fabiola Cortés Miranda

La convocatoria para la conformación del Consejo Consultivo que integrará el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha desatado un verdadero debate entre trabajadores de los medios de comunicación de Quintana Roo.

Me ha sorprendido que poco más de dos centenares de personas están participando en un intercambio de información y propuestas o que por lo menos están al tanto de lo que allí se discute. Se trata de compañeros que laboran en medios de comunicación con larga trayectoria en el estado, de corresponsales de los aún identificados como “medios nacionales”, así como de colegas que lideran o están integrados a un medio digital. En esa red social creada expresamente para debatir la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, tienen representación y voz periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos de diversas fuentes, incluyendo policiaca y espectáculos.

Y cuál es el problema con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

El problema es que se trata de una ley creación del anterior gobernador Roberto Borge Angulo, y que está vigente desde agosto de 2015. La “Ley Borge” como se le conoció, representaba una amenaza real para los trabajadores de los medios de comunicación y para el ejercicio del periodismo en Quintana Roo; esta amenaza no tardó en ser advertida por periodistas locales y nacionales, por lo que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerció su facultad legal de señalar la inconstitucionalidad de varios artículos, sobre los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció declarándolos así, transgresores de la Constitución y violatorios de los Derechos Humanos, lo que obligó al estado de Quintana Roo a eliminar de esta ley algunas partes como el hecho de restringir la entrada de los trabajadores de los medios a eventos públicos o establecer arbitrariamente ciertos criterios para “reconocer” a alguien como periodista.

Actualmente la Ley ya no contiene esas disposiciones que vulneraban a los trabajadores de los medios de comunicación, aunque tampoco es la mejor ni la más garantista ni la más avanzada en la materia; sin embargo, lo que ahora reclama gran parte del gremio periodístico de Quintana Roo es el carácter autoritario con el que se está llevando la convocatoria para elegir al Consejo Consultivo que integrará el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; ese tufo dictatorial que se padeció durante todo un sexenio con Roberto Borge Angulo, y la postura intransigente de quienes están comandando esta iniciativa, el secretario de Gobierno Francisco López Mena y el borgista Joaquín González Castro, quien en marzo pasado fue nombrado por el gobernador Carlos Joaquín González como Subsecretario de Enlace Interinstitucional, uno de esos cargos donde se es nada y se es todo.

Están pues al frente del proceso de la convocatoria dos personajes a los que nada les importan los trabajadores de los medios de comunicación, salvo que hablen bien de ellos. De Francisco López Mena puedo decir con conocimiento de causa, que además que no le importa lo que le ocurra a los periodistas en este estado, tampoco tiene el mínimo respeto por la institución de la que hoy se dice muy preocupado, es decir, por el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, puesto que como lo hice público el pasado 4 de mayo, López Mena, dejó sin responder el oficio UER//DEER/477/2017, que es parte del análisis del caso de la que esto escribe, y quien se encuentra adscrita al Mecanismo de Protección para Periodistas, a nivel federal. En el oficio que el Mecanismo, dependiente, de la Secretaría de Gobernación, le envió al Secretario de Gobierno, se le requirió decir si la Secretaría a su cargo ha implementado alguna medida de protección en favor de la periodista, así como decir si en la dependencia a su cargo se tiene algún análisis del caso de la agresión denunciada por la periodista, sobre la actividad de la misma, el análisis del contexto en el que la periodista desarrolla su actividad, y el número de agresiones denunciadas por periodistas en Quintana Roo, de 2016 a la fecha. Pero nada de eso respondió Francisco López Mena, quien hoy plantea como una "urgencia" sacar adelante esta Ley.

No sobra decir que  el secretario general de Seguridad Pública de Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, tampoco respondió el oficio que se le giró, y digo que no sobra decirlo, porque este funcionario ocupará un asiento en la Junta de Gobierno del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que es el órgano máximo del mismo.

¿Se debe abrogar o se debe modificar la Ley?

Mi respuesta como periodista, sería que la Ley se debe abrogar, es decir, se debe echra al bote de la basura porque es un “sentir”, porque la percepción de agravio es lo que está prevaleciendo en el gremio, porque en su momento, hablo de ese momento en el que Roberto Borge se conducía no como gobernador sino como rey déspota, la Ley caló profundo. 

Pero mi respuesta como abogada sería que la ley local se debe revisar y modificar, porque ésta desciende de la de por sí deficiente ley federal que le establece una especie de camisa de fuerza. Eso sí, debe ser revisada y modificada por expertos en el tema y consensado entre la autoridad y aquellos a quienes se va a aplicar esta ley.

Un rápido ABC del Consejo Consultivo, de acuerdo a la actual Ley

El Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se integra por

I. Junta de Gobierno;

II. Consejo Consultivo, y

III. Secretaría Ejecutiva.

La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Sistema y el principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado.

El Consejo Consultivo es un órgano civil de consulta, opinión, asesoría y monitoreo de la aplicación de los planes de trabajo de la Junta de Gobierno, que también tiene participación en la planeación anual del Sistema, colabora en el diseño de los programas preventivos y, puede emitir opiniones sobre el funcionamiento general del Sistema. Pero es solo eso, un órgano de "consulta" y opinión y sus declaraciones no son vinculantes, o sea, no obligan a la Junta de Gobierno, que es el verdadero órgano con poder de decisión. 

Finalmente, la Secretaría Ejecutiva es la instancia responsable de coordinar el Sistema con las dependencias de la Administración Pública del Estado y los Municipios.

Regresando al Consejo Consultivo, cuya convocatoria para su integración sigue abierta y vigente, estará integrado por cinco personas consejeras (cinco propietarias y cinco suplentes), de las cuales dos serán personas expertas en la defensa de los derechos humanos, uno en libertad de expresión y dos personas periodistas.

Es esta convocatoria la que revivió la Ley Borge y la percepción de un gobierno autoritario.

Tras este comentario espero que siga la discusión. De que llegue a buen puerto dependerá la disposición que tengan esos mismos funcionarios a los que realmente no les importan los periodistas que están en riesgo.    

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