QRoo otra vez falló en transparencia. Incumple con portal nacional
Fabiola Cortés Miranda
Aunque la transparencia fue una promesa de campaña y sigue siendo el pan de todos los días en el discurso, tanto del gobernador Carlos Joaquín González, como de los alcaldes del estado, la realidad es que prevalece una casi total opacidad en la administración pública, y como muestra, la escasa información que los sujetos obligados han registrado en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, donde los ciudadanos pueden consultar los datos, información y archivos de todos los estados del país.
Quintana Roo, estado que se encuentra en
uno de los últimos sitios en
transparencia volvió a incumplir con esta materia pues luego de que este
viernes cinco de mayo iniciara el funcionamiento del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) donde el Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, así como los municipios, fideicomisos, órganos autónomos y otros
sujetos obligados del estado debían registrar información relacionada con
alrededor de 50 temas e indicadores entre los que se encuentran los contratos y
convenios, el padrón de proveedores, la remuneración bruta y neta de cada
empleado, el nombre de todas las personas contratadas por honorarios, la
información curricular de funcionarios, las declaraciones patrimoniales de los
mismos, el presupuesto asignado y la deuda pública, tanto las dependencias del
gobierno de Carlos Joaquín González como los 11 municipios apenas y registran
unos cuantos datos, además de que éstos son parciales o están incompletos.
Secretaría
de Finanzas no da cuenta ni de la deuda pública
Así por ejemplo, la Secretaria de
Finanzas y Planeación (Sefiplan) no tiene siquiera información básica como las
“facultades de cada área”, menos aún “la remuneración bruta y neta de todos los
servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones,
incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas,
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad
de dicha remuneración”, tal como lo requiere la fracción VIII del artículo 91
de la Ley de Transparencia de Quintana Roo; carece de datos relacionados con contrataciones
de servicios profesionales por honorarios, sobre la “Declaración de situaciones
patrimoniales”, hay un registro de 184 datos, pero éstos se encuentran vacíos,
es decir, sin información. Tampoco existe dato alguno sobre “deuda pública”.
En la fracción XXVII del artículo 91,
que obliga a la publicación de “las concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de
aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular,
vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos, así como las clausuras, multas, suspensiones,
revocaciones o cualquier procedimiento administrativo que se realice, con sus
resoluciones emitidas en el mismo, especificando la falta administrativa, los
procedimientos, el fundamento, vigencia, tipo, términos, condiciones y modificaciones”, la Sefiplan
colocó 2 mil 483 registros, la mayoría de éstos licencias, donde solo se lee el
nombre pero no se señala qué tipo de licencia, y el hipervínculo que debería
remitir a la licencia, lleva a un micro sitio de trámites de la Sefiplan.
Oficina
del Gobernador, sin obligación de rendir cuentas
Cabe destacar que entre las dependencias
del Poder Ejecutivo registradas ante el SIPOT no está la Oficina del Ejecutivo
(Gobernador), donde despacha Miguel Ramón Martín Azueta, quien cuenta con un
presupuesto asignado de 113 millones de pesos para este año.
La que sí está es la Secretaria
Particular del Ejecutivo, misma que apenas registra unos cuantos datos: carece
por ejemplo de información sobre “metas y objetivos”, “gastos por conceptos de
viáticos”, “información curricular”, “declaraciones de situación patrimonial”,
e “información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes
del ejercicio trimestral del gasto”.
De la poca información que se pueden
consultar está el “directorio de servidores públicos”, con 27 registros; y el
de remuneración bruta y neta, con 104 registros, con el nombre y el sueldo
bruto y neto de los empleados.
Oficialía
Mayor publica información… de la administración pasada
La Oficialía Mayor, en el apartado de
“Directorio de servidores públicos”, solo tiene cinco registros, esto es cinco
nombres; carece completamente de datos de información curricular, “remuneración
bruta y neta de funcionarios”, y “declaraciones de situación patrimonial”. En
el rubro de “información financiera” tiene dos registros con datos del 2016, esto
es de la administración anterior. En el apartado del “Presupuesto por capítulo
de gasto”, se redirecciona a la Secretaria de Finanzas. La dependencia carece
también de información relativa al “inventario de bienes muebles”, y de “erogación
de recursos por contratación de servicios”.
En la fracción XXVII del referido
artículo 91 de la Ley, relativa a contratos y convenios, se tienen 25 convenios,
todos de la administración pasada, y solo uno de la actual, pero en ninguno se
tiene el hipervínculo que lleva al documento, por lo que solo se lee el nombre de la persona física o
moral con la que se realizó.
Carlos
Joaquín firmó plataforma de Transparencia en Publicidad Oficial, e incumple
totalmente
Aunque el 22 de noviembre se anunció a
través de Comunicación Social que el gobernador Carlos Joaquín firmó la carta
de intención para aplicar la plataforma Transparencia en Publicidad Oficial, “con
la que se fortalece la rendición de cuentas, la cultura de la transparencia, la
participación ciudadana y el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública gubernamental en materia de publicidad oficial”, decía el boletín
oficial, la realidad ha sido totalmente distinta, pues a la fecha, sigue sin transparentarse
el gastos en comunicación social y publicidad oficial.
La Coordinación General de Comunicación
tampoco subió información al SIPOT, incumplió hasta en lo mínimo, como hacer
pública su estructura orgánica, la remuneración bruta y neta de todos los
empleados, cuáles son sus metas y objetivos, el directorio de servidores públicos,
la información curricular, la información financiera, (presupuesto asignado), y
menos aún ha publicado las concesiones, contratos, convenios, permisos, etc.
Llama la atención que la fracción XXIII del
artículo 91 de la Ley de Transparencia que exige que los sujetos obligados hagan pública la información de “los
montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y
concepto o campaña, objeto de la misma, fecha de inicio y de término,
dependencia o dirección que la solicita”, en el SIPOT, irregularmente se cambió
a “programa anual de comunicación social o equivalente”.
De la misma forma, la fracción XII que
obliga a publicar “la información en versión pública de las declaraciones
patrimoniales, declaraciones de no conflicto de intereses y declaraciones fiscales
de los últimos 5 años, de los servidores públicos que determine la normatividad
aplicable”, se acortó a solo la declaración patrimonial, dejando fuera la
declaración fiscal y la de no conflicto de intereses.
Los once ayuntamientos del estado tampoco cumplieron con el registro de las alrededor de 50 obligaciones que irreductiblemente deben consignar, pues cargaron al SIPOT apenas unos cuantos datos.
Ante
incumplimiento, INAI no sancionará. Da prórroga hasta 2018
El SIPOT tiene actualmente un registro
de 7 mil 132 Sujetos Obligados en todo el país, al jueves 4 de mayo, se habían
cargado más de 48 millones 138 mil registros, que a su vez contienen más de 600
millones de datos para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.
De esos 48 millones, más de 22 millones
580 mil corresponden a registros publicados por los Sujetos Obligados de la
federación, mientras que los más de 25 millones 557 mil registros restantes son
de las entidades federativas, de acuerdo a información del Instituto Nacional
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).
El pasado 3 de mayo, en sesión
extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, fueron
aprobadas las directrices para para verificar la información que los Sujetos
Obligados deben cargar en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus
respectivos portales de internet.
Así mismo se aprobó un periodo de
prórroga para el cumplimiento de las mismas que se dividirá en dos etapas: en
la primera, las denuncias ciudadanas que sean presentadas por posibles
incumplimientos en la publicación de la información por parte de los Sujetos
Obligados no serán vinculantes, es decir no habrá sanción para el sujeto
obligado que incumpla, y únicamente serán tomadas en cuenta para la elaboración
del primer diagnóstico y corregir las faltas. El periodo para realizar la
primera fase de verificaciones diagnósticas será del 8 de mayo al 14 de agosto
de 2017.
Las acciones de la segunda etapa se
realizarán del 15 de agosto de 2017 hasta el último día hábil de este año y en
esta se busca que todas las fallas sean subsanadas.
En estas etapas, los Sujetos Obligados
deberán ajustar la información cargada en el SIPOT de la PNT y en sus
respectivos portales institucionales, teniendo como plazo máximo hasta el último
día hábil de 2017. Las denuncias que se
presenten posteriormente a la conclusión de la segunda fase de verificación
tendrán efectos vinculantes y serán tramitadas conforme a la Ley General y las
respectivas leyes locales de transparencia, lo que implicaría la aplicación de
medidas de apremio o sanciones para quienes incumplan con las obligaciones.
Los ciudadanos pueden consultar la “Guía
de uso del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de
la PNT” en este link.
QRoo otra vez falló en transparencia. Incumple con portal nacional
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lunes, mayo 08, 2017
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