QRoo otra vez falló en transparencia. Incumple con portal nacional

Fabiola Cortés Miranda 

Aunque la transparencia fue una promesa de campaña y sigue siendo el pan de todos los días en el discurso, tanto del gobernador Carlos Joaquín González, como de los alcaldes del estado, la realidad es que prevalece una casi total opacidad en la administración pública, y como muestra, la escasa información que los sujetos obligados han registrado en el  Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, donde los ciudadanos pueden consultar los datos, información y archivos de todos los estados del país. 

Quintana Roo, estado que se encuentra en uno de los  últimos sitios en transparencia volvió a incumplir con esta materia pues luego de que este viernes cinco de mayo iniciara el funcionamiento del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) donde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los municipios, fideicomisos, órganos autónomos y otros sujetos obligados del estado debían registrar información relacionada con alrededor de 50 temas e indicadores entre los que se encuentran los contratos y convenios, el padrón de proveedores, la remuneración bruta y neta de cada empleado, el nombre de todas las personas contratadas por honorarios, la información curricular de funcionarios, las declaraciones patrimoniales de los mismos, el presupuesto asignado y la deuda pública, tanto las dependencias del gobierno de Carlos Joaquín González como los 11 municipios apenas y registran unos cuantos datos, además de que éstos son parciales o están incompletos.  

Secretaría de Finanzas no da cuenta ni de la deuda pública

Así por ejemplo, la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no tiene siquiera información básica como las “facultades de cada área”, menos aún “la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”, tal como lo requiere la fracción VIII del artículo 91 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo; carece de datos relacionados con contrataciones de servicios profesionales por honorarios, sobre la “Declaración de situaciones patrimoniales”, hay un registro de 184 datos, pero éstos se encuentran vacíos, es decir, sin información. Tampoco existe dato alguno sobre “deuda pública”.  

En la fracción XXVII del artículo 91, que obliga a la publicación de “las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos, así  como las clausuras, multas, suspensiones, revocaciones o cualquier procedimiento administrativo que se realice, con sus resoluciones emitidas en el mismo, especificando la falta administrativa, los procedimientos, el fundamento, vigencia, tipo, términos,  condiciones y modificaciones”, la Sefiplan colocó 2 mil 483 registros, la mayoría de éstos licencias, donde solo se lee el nombre pero no se señala qué tipo de licencia, y el hipervínculo que debería remitir a la licencia, lleva a un micro sitio de trámites de la Sefiplan.

Oficina del Gobernador, sin obligación de rendir cuentas

Cabe destacar que entre las dependencias del Poder Ejecutivo registradas ante el SIPOT no está la Oficina del Ejecutivo (Gobernador), donde despacha Miguel Ramón Martín Azueta, quien cuenta con un presupuesto asignado de 113 millones de pesos para este año.

La que sí está es la Secretaria Particular del Ejecutivo, misma que apenas registra unos cuantos datos: carece por ejemplo de información sobre “metas y objetivos”, “gastos por conceptos de viáticos”, “información curricular”, “declaraciones de situación patrimonial”, e “información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto”.

De la poca información que se pueden consultar está el “directorio de servidores públicos”, con 27 registros; y el de remuneración bruta y neta, con 104 registros, con el nombre y el sueldo bruto y neto de los empleados.  

Oficialía Mayor publica información… de la administración pasada

La Oficialía Mayor, en el apartado de “Directorio de servidores públicos”, solo tiene cinco registros, esto es cinco nombres; carece completamente de datos de información curricular, “remuneración bruta y neta de funcionarios”, y “declaraciones de situación patrimonial”. En el rubro de “información financiera” tiene dos registros con datos del 2016, esto es de la administración anterior. En el apartado del “Presupuesto por capítulo de gasto”, se redirecciona a la Secretaria de Finanzas. La dependencia carece también de información relativa al “inventario de bienes muebles”, y de “erogación de recursos por contratación de servicios”.

En la fracción XXVII del referido artículo 91 de la Ley, relativa a contratos y convenios, se tienen 25 convenios, todos de la administración pasada, y solo uno de la actual, pero en ninguno se tiene el hipervínculo que lleva al  documento, por lo que  solo se lee el nombre de la persona física o moral con la que se realizó.

Carlos Joaquín firmó plataforma de Transparencia en Publicidad Oficial, e incumple totalmente

Aunque el 22 de noviembre se anunció a través de Comunicación Social que el gobernador Carlos Joaquín firmó la carta de intención para aplicar la plataforma Transparencia en Publicidad Oficial, “con la que se fortalece la rendición de cuentas, la cultura de la transparencia, la participación ciudadana y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública gubernamental en materia de publicidad oficial”, decía el boletín oficial, la realidad ha sido totalmente distinta, pues a la fecha, sigue sin transparentarse el gastos en comunicación social y publicidad oficial.

La Coordinación General de Comunicación tampoco subió información al SIPOT, incumplió hasta en lo mínimo, como hacer pública su estructura orgánica, la remuneración bruta y neta de todos los empleados, cuáles son sus metas y objetivos, el directorio de servidores públicos, la información curricular, la información financiera, (presupuesto asignado), y menos aún ha publicado las concesiones, contratos, convenios, permisos, etc.

Llama la atención que la fracción XXIII del artículo 91 de la Ley de Transparencia que exige que los sujetos obligados hagan pública la información de “los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato, temporalidad y concepto o campaña, objeto de la misma, fecha de inicio y de término, dependencia o dirección que la solicita”, en el SIPOT, irregularmente se cambió a “programa anual de comunicación social o equivalente”.

De la misma forma, la fracción XII que obliga a publicar “la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales, declaraciones de no conflicto de intereses y declaraciones fiscales de los últimos 5 años, de los servidores públicos que determine la normatividad aplicable”, se acortó a solo la declaración patrimonial, dejando fuera la declaración fiscal y la de no conflicto de intereses.

Los once ayuntamientos del estado tampoco cumplieron con el registro de las alrededor de 50 obligaciones que irreductiblemente deben consignar, pues cargaron al SIPOT apenas unos cuantos datos.

La información detallada se puede verificar eneste link.

Ante incumplimiento, INAI no sancionará. Da prórroga hasta 2018

El SIPOT tiene actualmente un registro de 7 mil 132 Sujetos Obligados en todo el país, al jueves 4 de mayo, se habían cargado más de 48 millones 138 mil registros, que a su vez contienen más de 600 millones de datos para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia.

De esos 48 millones, más de 22 millones 580 mil corresponden a registros publicados por los Sujetos Obligados de la federación, mientras que los más de 25 millones 557 mil registros restantes son de las entidades federativas, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).

El pasado 3 de mayo, en sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, fueron aprobadas las directrices para para verificar la información que los Sujetos Obligados deben cargar en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus respectivos portales de internet.

Así mismo se aprobó un periodo de prórroga para el cumplimiento de las mismas que se dividirá en dos etapas: en la primera, las denuncias ciudadanas que sean presentadas por posibles incumplimientos en la publicación de la información por parte de los Sujetos Obligados no serán vinculantes, es decir no habrá sanción para el sujeto obligado que incumpla, y únicamente serán tomadas en cuenta para la elaboración del primer diagnóstico y corregir las faltas. El periodo para realizar la primera fase de verificaciones diagnósticas será del 8 de mayo al 14 de agosto de 2017.

Las acciones de la segunda etapa se realizarán del 15 de agosto de 2017 hasta el último día hábil de este año y en esta se busca que todas las fallas sean subsanadas.

En estas etapas, los Sujetos Obligados deberán ajustar la información cargada en el SIPOT de la PNT y en sus respectivos portales institucionales, teniendo como plazo máximo hasta el último día hábil de 2017.  Las denuncias que se presenten posteriormente a la conclusión de la segunda fase de verificación tendrán efectos vinculantes y serán tramitadas conforme a la Ley General y las respectivas leyes locales de transparencia, lo que implicaría la aplicación de medidas de apremio o sanciones para quienes incumplan con las obligaciones.

Los ciudadanos pueden consultar la “Guía de uso del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la PNT” en este link.