Ni amparos los salvan. Ex funcionario de Roberto Borge tramitó juicio para no ser detenido

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.- A últimas fechas los juzgados federales con sede en Quintana Roo se encuentran saturados de amparos promovidos por ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, todos en contra de autoridades ministeriales, jueces de control o del Congreso del estado en su calidad de órgano investigador en el caso de los juicios políticos.

Mauricio Rodríguez Marrufo, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en la administración de Roberto Borge Angulo, era uno de los funcionarios que habían buscado el amparo y protección de la justicia al promover al menos un amparo. El juicio de garantías de Rodríguez Marrufo quedó radicado en el Juzgado Quinto de Distrito bajo el número 513/2017, en contra del Agente del Ministerio Público y otras autoridades. El próximo ocho de mayo estaba programa la celebración de la audiencia incidental en la que se resolvería la suspensión en contra de una posible orden de aprehensión, sin embargo, un Juez de Control de Chetumal se le adelantó al funcionario y entregó la orden que policías ministeriales cumplimentaron este viernes cuando el titular de la Seduvi se encontraba en un evento público, en un hotel de Cancún.

Mauricio Rodríguez Marrufo fue denunciado por el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, el 12 de diciembre de 2016, por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones, relacionados con su la venta irregular de terrenos patrimonio del estado, durante la administración de Roberto Borge Angulo

De golpeador de mujeres a funcionario estelar

Mauricio Rodríguez Marrufo es hijo del ex procurador Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, titular de la Notaría número 4 y obscuro Procurador de Justicia durante casi todo el sexenio de Félix González Canto. Rodríguez Marrufo fue de los primeros en incorporarse al gabinete de Borge Angulo, en abril de 2011. Desde el inicio, su nombramiento fue cuestionado pues se trataba de un joven sin ninguna trayectoria política, y tras de él, solo había un nefasto antecedente público: que en agosto de 2005, propinó una brutal golpiza y amenazó con matar a su entonces novia.

En su momento, el periodista Carlos Cantón Zetina (qepd) escribió: “El 27 de agosto de 2005, cuando tenía 26 años de edad, el hoy integrante del gabinete de Borge fue demandado ante el Ministerio Público de Cozumel por su novia Paola Muñoz de Cote, con la que presuntamente iba a casarse y a quien propinó una severa golpiza, incluso a patadas, en un ataque de celos. El hecho ocurrió en el departamento del Chavo, ubicado en las Villas Tortuga de la colonia San Miguel, en la isla. Ambos habían ingerido bebidas alcohólicas en una discoteca de Plaza Punta Langosta. Se instauró la averiguación previa número 1097/2005. Allí consta la declaración de la joven: la amenazó y a los padres de ella con que los “mataría y que nadie podría hacerle nada porque era hijo del Procurador”. La quejosa agregó que Mauricio “cada vez que se embriagaba actuaba de manera violenta y agresiva”. Recordó que anteriormente, cuando se encontraba con unas amigas en un bar de Playa del Carmen, el “Chavo” llegó acompañado de un agente de la Policía Judicial y --también por celos-- amedrentó con “desaparecerlas” (asesinarlas) a todas. ¿Cuál fue la reacción de “papá Melchor”?. Justificar implícitamente el artero ataque de su hijo: “es un asunto privado y familiar, no tiene por qué ventilarse públicamente”. Y premiarlo con un viaje de descanso al extranjero. Inaceptable en un procurador de Justicia. O sea, la impunidad.”

Otros funcionarios buscan amparos

Otro de los funcionarios que ha tramitado al menos tres amparos para no ser detenido es Hugo Favio Bonilla Iglesias, director de Ingresos Coordinados de Benito Juárez y suplente del Auditor Superior Javier Zetina González, quien en marzo pasado fue denunciado por el regidor perredista Antonio Meckler por un faltante de 48 millones de pesos cuando se desempeñó como Director de Ingresos en la pasada administración del priista Paul Carrillo de Cáceres.

La denuncia del Concejal se basa en el hecho de que la Dirección de Ingresos, entonces a cargo de Bonilla Iglesias, alteró las tablas catastrales para cobrar discrecionalmente el impuesto predial, lo que causó un quebranto a las arcas municipales de alrededor de 48 millones de pesos.

Hugo Favio Bonilla Iglesias tiene los amparos 490/2017, 513/2017 y 520/2017 en contra ambos de actos del Ministerio Público, de la Fiscalía General del estado y del Juez Segundo de Control de Cancún.

Amparado también se encuentra el magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal reconocido públicamente como uno de los principales ejecutores de los despojos de predios, hoteles y departamentos en Tulum, Playa del Carmen y Cancún.

Lima Carvajal promovió el amparo 483/2017 en contra del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que acordó enviar a la XV Legislatura el expediente abierto en su contra luego de que no presentará su declaración patrimonial dentro de los 60 días de haber entrado en funciones.

Lima Carvajal, uno de los hombres más cercanos a Roberto Borge, fue titular del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, desde donde se operaron los despojos y fraudes inmobiliarios más grandes y escandalosos en la historia de México, en junio del 2016, fue nombrado Magistrado, como parte del paquete de impunidad aprobado por la XIV Legislatura, con mayoría priista-pevemista, para blindar a Borge Angulo y a la vez blindar a sus cómplices.