Mecanismos estatales de protección serán la condena para los periodistas

Fabiola Cortés Miranda

PLAYA DEL CARMEN, MX.- En los próximos días en Quintana Roo se estará discutiendo, desde cero, la creación de una nueva ley para protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la que dará vida jurídica al mecanismo de protección.

Esta ley nacerá, luego de que los trabajadores de los medios de comunicación del estado, decidieron enterrar, desde mi punto de vista más por prejuicio que por otra cosa, la llamada Ley Borge.

Pero como dijéramos coloquialmente, “por algo pasan las cosas”…

Los miles, y sin temor a equivocarme, afirmo que han sido miles, de mensajes intercambiados en un chat creado ex profeso para la discusión de la abrogación de la Ley Borge y la creación de una nueva ley para protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, no dejan la menor duda de que es urgente abrir a debate nacional este tema. Porque no importa desde qué latitud se investigue, se escriba o se reporte, en todo México, están matando periodistas. Si ya lo sabíamos, la ejecución de Javier Valdez nos lo vino a recordar en toda la consciencia como una especie de latigazo que dejó una punzadura perenne y que obligó al estado a salir del letargo.  

En las últimas semanas, la presión internacional hizo que finalmente Ricardo Celso Nájera Herrera fuera relevado de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), institución, que desde su creación en 2010, ha investigado 48 homicidios de periodistas, logrando únicamente tres sentencias; para decirlo en palabras claras, los periodistas hemos perdido 45 de 48 veces. Sin embargo, desde su nombramiento, el 10 de mayo, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, el nuevo titular de la FEADLE no ha asistido a una sola de las sesiones de la Junta de Gobierno del Mecanismo para Protección de Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lo que sin duda parece ser otra mala señal para el gremio.

El 17 de mayo, “por instrucción presidencial” el titular de la SEGOB, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a una reunión urgente a los gobernadores del país para tratar la situación de los periodistas en México. Esa fue una especie de señal que apunta a que a la federación le urge aventar a los estados la papa caliente del riesgo y protección de los periodistas, lo que resultará en una verdadera tragedia para los que ejercemos este oficio, pues en la misma mesa, deberán sentarse, muchas veces,  agresores y agredidos, victimarios y víctimas.

Para ponerlo en dimensión: las juntas de gobierno locales se integrarán con el Secretario de Seguridad Pública, el Secretario de Gobierno, el titular de la Fiscalía General de Justicia, el Ombudsman y miembros del Consejo, estos últimos son los representantes de los periodistas y los defensores de derechos humanos.

Con esa integración podemos prever que los casos denunciados quedarán en simples reuniones burocráticas, con funcionarios de segundo y tercer nivel que poco o nada comprenderán y atenderán. Además de la propia incapacidad investigadora de la Fiscalía General de Justicia del estado, que será la encargada de llevar los casos, con la mayor de las limitaciones técnicas y profesionales.

Si a nivel federal  se observa en el mecanismo la improvisación, el desinterés y la incomodidad de algunos funcionarios que asisten a las reuniones de las juntas de gobierno, lo que nos espera a nivel local sin duda será peor.

La propuesta, desde mi punto de vista, debe ir en el sentido de que en todos los estados rechacemos la integración de los mecanismos locales, y en donde ya están en marcha que éstos concluyan su operatividad, según vayan cerrando los casos; y en cambio obligar a la federación a asumir la responsabilidad que nunca ha cumplido y que hoy sin más ni más pretende dejar en manos de los estados, porque es la federación la que tiene mayores recursos económicos, humanos y técnicos, tanto para investigar como para prevenir y sancionar las agresiones a periodistas y a defensores de derechos humanos. Se trata, creo yo, de un deber de estado.

La existencia de una instancia local hará más largo y cansado el camino que deban recorrer los periodistas para exigir justicia y protección.

También vale la pena decir, que si el mecanismo para protección a periodistas no ha funcionado, ello se debe no solo a la indiferencia  de los burócratas, es igualmente atribuible a los periodistas y los defensores de derechos humanos, quienes tampoco han hecho su trabajo como Consejo Consultivo, que es precisamente el órgano de consulta de la Junta de Gobierno, y el cual está integrado por nueve consejeros, todos personas expertas en la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. De ellos, de estos consejeros, no he escuchado pronunciamientos públicos, mucho menos un señalamiento de lo inútil que ha resultado hasta ahora el Mecanismo de Protección para Periodistas. Dónde están, quiénes son y por qué de su silencio. No lo sé

Es pues, momento de pasar al escrutinio a los integrantes de este Consejo, saber si han hecho observaciones y sugerencias a la Junta de Gobierno y a los titulares de las dependencias que ocupan un lugar en ésta; saber por qué han permitido tantas omisiones del Mecanismo de Protección.

Después de tantas muertes, desapariciones y agresiones contra periodistas en México, es claro que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe someterse a una profunda revisión y actualización, al igual que el Mecanismo; y también lo es que los periodistas debemos ser más vigilantes de estas instancias a las que les hemos permitido continuar con todos sus defectos.

En los estados, propongo que solo sean creados Consejos Consultivos de periodistas y defensores de derechos humanos que desempeñen precisamente esa función de dar concejos, de crítica y de proposición; así como de coadyuvancia con la Junta de Gobierno federal, para el análisis de los casos de periodistas locales.  

De forma paralela, el gremio debe iniciar un proceso de autocrítica, reconocer que se ha abusado del llamado “cuarto poder”; que los empresarios de los medios de comunicación han incumplido con sus trabajadores; y que los propios trabajadores de los medios han aceptado la trivialización, la ridiculización y la denigración de la profesión, lo que cada vez nos alejado más de la sociedad.

Hace unos días en Mahahual, en el Festival Cruzando Fronteras, al que fui invitada, un asistente me preguntó: "y nosotros ¿qué podemos hacer por los periodistas?". Mi respuesta fue más bien un ruego: no dejarnos solos. (Foto: Animal Político)