Juicio político contra Roberto Borge por “remate” del patrimonio del estado
Fabiola Cortés Miranda
CIUDAD DE MÉXICO.- Esta martes se interpuso una demanda de Juicio Político en contra del gobernador Roberto Borge Angulo por la venta a precios subvaluados de por lo menos 44 predios de distintas dimensiones que eran patrimonio del estado, con el objetivo de beneficiar a amigos, empresarios y políticos, acción con la que causó un grave quebranto a las finanzas del estado, y por lo tanto un perjuicio al estado y a la sociedad quintanarroense.
CIUDAD DE MÉXICO.- Esta martes se interpuso una demanda de Juicio Político en contra del gobernador Roberto Borge Angulo por la venta a precios subvaluados de por lo menos 44 predios de distintas dimensiones que eran patrimonio del estado, con el objetivo de beneficiar a amigos, empresarios y políticos, acción con la que causó un grave quebranto a las finanzas del estado, y por lo tanto un perjuicio al estado y a la sociedad quintanarroense.
A
la demanda de juicio político se adjuntó un anexo con una relación con 44
predios que fueron vendidos con avalúos desactualizados, y a precios varias
veces menor de su valor comercial, incluso a “cero pesos”; causando con ello un
quebranto al erario estimado de por lo menos 1 099 492 370 (mil 99 millones 492
mil 370 pesos).
El
cálculo del quebranto al erario se estimó con base en las subsecuentes ventas
de los predios a precios comerciales así como considerando las hipotecas o
garantías prendarias que recayeron sobre los mismos y que fueron otorgados por
la banca comercial, luego de su avalúo real. En otros casos, el monto del
quebranto se estimó de acuerdo al valor actual del mercado de predios ubicados
en las mismas zonas y de dimensiones similares o equiparables.
Políticos,
empresarios, funcionarios, amigos, fueron beneficiados con la venta a precios
subvaluados de terrenos que fueron desincorporados del patrimonio del estado.
Entre los nombres de los beneficiados se encuentran los siguientes:
1.-
El 8 de julio de 2014, un predio de 761.44 metros cuadrados, con 20 metros
lineales de mar Caribe, ubicado en Puerto Morelos, fue vendido a Desarrollos
Riviera Morelos, representada por Armando José Millet Molina, en 761 mil 440
pesos, un año después, Banorte otorgó a Desarrollos Riviera Morelos, un crédito
por 63 millones de pesos, quedando como garantía el citado predio, lo que nos
permite hacer una estimación del valor real del mismo. Como deudores solidarios
quedaron Operadora Real del Mar SA de CV, Operadora Grand Residences,
representadas por Kemil Assad Rizk Aziz y Fernando López Ruiz. Rizk Aziz, fue
director general de Fonatur en el sexenio de Ernesto Zedillo, y estuvo
involucrado en un desfalco realizado a través de Grupo Prodipe, en perjuicio
del desarrollo turístico Puerto Escondido en Baja California Sur.
Por
su parte, Armando José Millet Molina, es un empresario del giro inmobiliario,
notario 62 de Mérida, perteneciente a la “aristocracia” de Yucatán. Es familiar
de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas de Quintana Roo,
responsable directo del desvío de mil 464 millones de pesos, recaudados del
Impuesto al Hospedaje entre 2014 y 2015.
La
empresa de Millet Molina recibió tres predios de alrededor de 761 metros
cuadrados cada uno, con un total de 60 metros lineales de Mar Caribe, ubicados en Puerto Morelos,
destino turístico que se encuentra entre Cancún y Playa del Carmen.
2.-
El 6 de agosto de 2014, otro predio de 1088 metros cuadrados, con 20 metros
lineales de playa, ubicado en Puerto Morelos, fue “vendido” en 27 mil 110 pesos
a Cándido Sansores Gamboa, pensionado del ISSSTE, desde el año 2012…
3.-
El 27 de marzo de 2012, un predio de 10 mil metros cuadrados, ubicado en el
bulevard Kukulkán, a la entrada de la zona hotelera de Cancún, fue vendido en
tres millones de pesos. Actualmente un predio tres veces más grande se vende en
9 millones de dólares. Lo que permite dimensionar el quebranto.
4.-
El 31 de mayo de 2011, un predio de 48
mil 065 metros cuadrados, ubicado en Cancún, fue vendido a ADECRO SA de CV, en
9 millones 766 mil 279 pesos, cuando el valor catastral del inmueble era de 48
millones de pesos.
ADECRO
es representada por Abelardo Rubén Alcocer Hernández y Armando de Jesús Palma
Peniche, socios de Grupo Promotora Residencial y de otras inmobiliarias que
durante dos sexenios han sido ampliamente beneficiadas con predios
desincorporados del patrimonio del estado.
5.-
El 19 de junio de 2014, un predio de 53 mil 695 metros cuadrados, ubicado en
Cancún, fue vendido a Manuel Merino Sosa, en 2 millones 766 mil 382 pesos. Actualmente, un lote de 28,963
metros cuadrados, ubicado en la misma zona, conocida como sascaberas, se vende
en 60 millones 243 mil pesos. Merino Sosa fue beneficiado con otros dos predios
de grandes dimensiones, también ubicados en esa zona.
6.-
El 7 de abril de 2011, un predio de 51 mil 519 metros cuadrados, ubicado en la
zona costera sur de Cozumel, de uso turístico hotelero, fue vendido a Eligio
Marrufo Rejón, en 4 millones 190 mil 633 pesos. Actualmente un terreno de 29
mil 501m2 ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos.
Eligio Marrufo Rejón es padre del actual presidente municipal de Cozumel, Fredy
Marrufo Martín, quien es hombre muy cercano al ex gobernador Félix González
Canto, y primo hermano de la esposa de éste, Narcedalia Martín. Fredy Marrufo
era diputado local en la XIII Legislatura cuando su padre fue beneficiado por
Roberto Borge con el predio en cuestión.
6.-
El 7 de abril de 2011, un predio de 269 mil 628 metros cuadrados fue vendido
a Promotora y Constructora del Caribe,
en 32 millones 355 mil 406 pesos; dos meses después, el predio quedó gravado
por un crédito otorgado por Hipotecaria Casa Mexicana por 72 millones 642 mil
pesos.
7.-
Promotora y Constructora del Caribe, es una empresa de Juan Manuel Mercader
Rodríguez, es un empresario del ramo de la construcción, al igual que su
hermano, Juan Enrique Mercader Rodríguez, quien en el sexenio del ex gobernador
Félix González Canto recibió contratos por 264 millones de pesos. Es
también hermano de Juan Pedro Mercader
Rodríguez, actual secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.
8.-
El 6 de abril de 2011, un predio de 54 mil 621 m2, ubicado en la Costera sur de
Cozumel, fue entregado a Eduardo Toledo Parra, propietario de Promovisión del
Caribe, (Canal 10), en “dación en pago”. Actualmente un terreno de 29 mil 501m2
ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos.
9.-
El 13 de abril de 2011, un predio de 300 hectáreas, con 98 metros de
mar Caribe, ubicado en la privilegiada zona de Punta Molas, en Cozumel, fue
vendido en 6 millones de pesos a Fernando Eugenio Barbachano Herrero,
Descendiente de Fernando Barbachano Peón, quien hasta hace unos años era dueño
de los terrenos donde se ubica Chichén Itzá. Actualmente un predio de mil
metros cuadrados en la zona tiene un precio de alrededor de un millón de pesos.
10.-
El 10 de mayo de 2011 Barbachano Herrero recibió otro predio de 700 hectáreas en la misma zona de Punta Molas, con 5 mil 443 metros en línea
quebrada con Mar Caribe, en 14 millones
de pesos.
11.-
El 22 de junio de 2011, Mayazama, desarolladora de Aldea Zamá, en Tulum,
recibió un predio de 13 mil 095 metros cuadrados, con una extensa zona costera,
en 7 millones de pesos; tres años después, el mismo sirvió para constituir un
fideicomiso por 39 millones de pesos.
12.-
El 27 de septiembre de 2012, Mayazama recibió otro predio de 191 mil 834 metros
cuadrados, con un valor catastral de 58 millones 267 mil 322 pesos, a un precio
de 19 millones 197 mil 358.
13.-
El 19 de julio de 2013, un predio de 16 mil 585 metros cuadrados, ubicado en
Playa del Carmen, fue entregado por “cero pesos” a Ana María Ramos Zúñiga,
quien el 15 de mayo de 2014 lo donó a su hija Damarys Verenice Menes Ramos,
quien es esposa de Gabriel Menddicuti Loría, quien al momento de la entrega a
título gratuito del predio, era Secretario de gobierno de Roberto Borge Angulo.
Damarys Verenice Menes Ramos, entregó el predio en comodato al Centro
Terapéutico para el Desarrollo Infantil Kodomo, asociación fundada por ella y
su esposo, la cual ha recibido también importantes recursos de la Sedesol.
14.-
El 7 de diciembre de 2012, un predio de mil metros cuadrados, ubicado en Tulum,
fue vendido en cinco mil pesos a Jaqueline González Canto, hermana del ex
gobernador, y actual senador del PRI, Félix González Canto.
15.-
El 6 de marzo de 2013, dos predios en Puerto Morelos, de 356 y 358 metros
cuadrados, ubicados sobre la avenida Javier Rojo Gómez, la zona comercial de
este destino turístico, fueron desincorporados del dominio público; uno fue
vendido por 235 mil pesos a Rafael Moctezuma Ruiz, pensionado de los Servicios
Estatales de Educación; y otro fue vendido a José Antonio Dzul Mass, en 235 mil
649 pesos. Un año después, ambos predios terminaron en manos de Eligio
Hernández Carrillo, fiscalista y asesor del gobernador Gabino Cué, y quien
estuvo involucrado en un fraude por mil 600 millones de pesos, a través de la
outsourcing que manejaba la nómina del personal de gobierno del estado de
Oaxaca, de acuerdo a fuentes periodísticas de ese estado.
El
detalle de los 44 predios se adjuntó en un documento anexo y puede descargarse aquí.
ROBERTO BORGE ANGULO, ES
EL POSEEDOR Y ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DEL ESTADO Y RESPONSABLE DIRECTO DEL
REMATE
Como Jefe del Ejecutivo, Roberto Borge Angulo es el responsable directo de los bienes del estado, de acuerdo a la Ley de Patrimonio de Quintana Roo, por lo tanto, fue él quien remató los predios para beneficiar a políticos, empresarios y amigos, con lo que causó un perjuicio al estado y a la sociedad.
De acuerdo al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servidores públicos, entre éstos los gobernadores de los estados, podrán ser sujetos de juicio político, “cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
Por
su parte, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su
artículo 7º dice cuáles son los actos u omisiones de los servidores públicos
que “redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen
despacho”, y entre éstos menciona: “cualquier infracción a la Constitución o a
las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o
varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el
funcionamiento normal de las instituciones;”
En este caso, el gobernador Roberto Borge infringió lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otros aspectos menciona que “las (…) enajenaciones de todo tipo de bienes, (…)se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas (…) a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, pero, “cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado.”
El
gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo violó lo mandatado en el
artículo 134 constitucional, al efectuar la venta de predios que eran
patrimonio del estado, a precios subvaluados, para beneficiar a empresarios
funcionarios y políticos.
La
misma Constitución establece qué procede en el supuesto en el que las
licitaciones públicas no sean idóneas, y suponiendo que este fuera el caso; el
precepto constitucional dicta que las “leyes establecerán las bases,
procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las
mejores condiciones para el estado”.
Esto
es, que de ninguna manera, los representantes de la federación y los estados
pueden disponer a su libre arbitrio y voluntad de los recursos y bienes del
estado, sino que deben sujetarse a las leyes federales o estatales o ambas,
según sea el caso.
En
el caso que se denuncia, es la Ley de Patrimonio del estado de Quintana Roo la
que regula lo relativo a los bienes de dominio privado del estado, y la que
señala bajo qué condiciones y en qué casos se pueden desincorporar dichos
bienes; lo cual no se cumplió en el caso que se denuncia.
Es
el artículo 57 de la Ley de Patrimonio del estado, la que fija que la responsabilidad
sobre los bienes del patrimonio estatal, es del Gobernador, al respecto señala
Corresponde
al Titular del Ejecutivo del Estado
I.
Establecer la política en materia de bienes patrimoniales estatales;
II. Poseer, vigilar, conservar y administrar los bienes patrimoniales del Estado a que se refiere esta Ley;
(…)
V.
Autorizar los actos y contratos sobre el uso, aprovechamiento y enajenación de
los bienes de dominio del Estado y de los productos derivados de aquéllos, en
los términos de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias
correspondientes;
Como
se lee, Roberto Borge tenía la obligación de vigilar y conservar los bienes
inmuebles del patrimonio estatal, y además “autorizar” las enajenaciones, por
lo que su responsabilidad sobre el remate de los mismos es directa.
La
demanda de juicio político fue interpuesta ayer y ratificada ante el director
de Servicios Legales de la Cámara de Diputados, Jorge Ricardo Jiménez Ramírez.
Juicio político contra Roberto Borge por “remate” del patrimonio del estado
Reviewed by NoticaribeNews
on
miércoles, agosto 17, 2016
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