Los piratas de Borge: el saqueo de bienes, institucionalizado en Quintana Roo

De inicio a fin, el reportaje de Mariel Ibarra y Silber Meza, video de Diego Macías, publicado en conjunto por Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad; no tiene ni una coma desperdiciada.

En el artículo se documenta el descomunal despojo llevado a cabo a través de las juntas de conciliación y arbitraje, así como a través de falsos juicios de arrendamiento.

Entre los casos detallados por los reporteros están el del hotel boutique Playa Azul, Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo, despojados el viernes 23 de mayo de 2014, a través de juicios laborales falsos donde los supuestos trabajadores despedidos ganaban sueldos de 753 mil 234 pesos, y con base en ello, obtuvieron laudos favorables que concluyeron con el rápido embargo de los hoteles.

También se aborda el congelamiento y retiro de millonarias sumas de cuentas bancaria de las empresas Pochteca y Planigrupo, por la misma vía de juicios laborales falsos, con el mismo modus operandi: los dueños nunca fueron notificados y los juicios fueron rápidos y muy favorables a los supuestos trabajadores.

Entre marzo y abril de 2016, a Pochteca le fueron inmovilizadas siete cuentas bancarias y retirados casi 5 millones de pesos producto de dos juicios laborales radicados en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 1, bajo el expediente 072/2014 y de la Junta Especial Número 2, con el expediente 1098/214. Ambas ubicadas en Cancún.

De manera similar al caso Pochteca, la desarrolladora Planigrupo sufrió la congelación de sus cuentas por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún el 10 de mayo de este año, y el retiro de 2.2 millones de pesos de sus cuentas. Al día de hoy la compañía sigue sin recibir el expediente del caso, en el cual pudieron saber por otras fuentes que el laudo nació de una denuncia de 2011, fecha en que la empresa aún no existía en Quintana Roo.

Con este mismo modus operandi de juicios laborales fueron embargados 51 de 62 condominios del complejo llamado Lagoon Loft, ubicados dentro del Club de Golf Pok Ta Pok en la zona hotelera de Cancún. La causa fue una demanda laboral de 21 supuestos empleados, iniciada con el expediente 1049/2012 en la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje de Cancún.

El 22 de mayo pasado unas 10 personas se apropiaron irregularmente de seis departamentos del exclusivo complejo Maioris Tower, después de que, según las denuncias, fueran vendidos y escriturados por funcionarios de la administración del gobernador Roberto Borge.

Maioris Tower está compuesto por dos torres blancas de 17 pisos desde donde se puede divisar Cancún. Cuenta con embarcadero privado, alberca, áreas verdes, salón de usos múltiples, áreas infantiles, gimnasio, spa y acceso a un campo de golf.

En noviembre de 2005, con el objeto de construir un edificio de condominios, un grupo de inversionistas españoles creó una sociedad llamada Maioris Cancún ante el notario No. 20, Benjamín De la Peña Mora, con sede en Cancún, padre de los hasta hace unos meses Secretario del Trabajo, Patricio De la Peña y del Secretario del Ayuntamiento de Cancún, José De la Peña. En 2015, tras atravesar un bache económico, los empresarios españoles aún no saben cómo, fueron despojados de 19 departamentos,

Para las ventas fueron falsificadas, según la denuncia de Maioris, las firmas de la representante legal de la inmobiliaria y del ejecutivo de Bankia, acto por el que se levantaron hicieron denuncias ante el ministerio público. Participó en la operación la notaria Yolanda Solís Olveres, quien fue detenida junto con otras dos personas cuando extraía dinero de una caja fuerte ubicada en un predio de una persona fallecida. En su camioneta se hallaron bolsas con 2 millones de pesos.

Entre los beneficiados de los departamentos despojados existen políticos del PRI y del PVEM, el penthouse 18 de Maioris, por ejemplo, hoy es propiedad de Federico Fichtl Unger y Ulrika Fichtl Merino, ésta última psicóloga y cuarta regidora por el Partido Verde en el Municipio de Benito Juárez (Cancún).

Entre los dueños de estos inmuebles se encuentran funcionarios públicos y personajes ligados a políticos como la actual directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Cancún, Lydia Esther Portilla Manica; Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien también fue procurador de Nuevo León en el gobierno del priista Rodrigo Medina.

Según escrituras obtenidas para el reportaje, también aparecen como dueños Gerardo José Rejón y Ruiz de Velasco, líder empresarial priista y socio de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, en el restaurante “Casona La Yucateca”, ubicado en Polanco, una de las zonas más caras de la Ciudad de México; y el ex funcionario municipal de Cancún, Aldo Francisco Reséndiz Martínez y su hijo Aldo Francisco Reséndiz Ruiz.

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