Empieza a desmoronarse paquete de impunidad. Peña Nieto da el primer golpe a Roberto Borge

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.-El primer boquete certero al paquete de impunidad del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, lo hizo ni más ni menos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraría General de la República (PGR), al presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y de los nombramientos de tres magistrados de dicho tribunal, aprobados por la XIV Legislatura, el 6 de julio pasado.

Se trata del primer movimiento legal, de muchos otros que tendrán que darse por la vía legal para echar abajo el paquete de reformas, bien llamado “paquete de impunidad”, que aprobaron en unos cuantos días los diputados priistas, pevemistas, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano.     

Lo que anunció hoy, en la residencia oficial de Los Pinos, el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, junto con el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales (SJAI) de la Procuraduría General de la República, Salvador Sandoval Silva, fue una acción de inconstitucionalidad en contra de lo aprobado por los legisladores de Quintana Roo y que tiene que ver estrictamente con lo relativo al Sistema Nacional Anticorrupción.

Aunque muchos hablan de que con este recurso legal se combatirá el “paquete de impunidad”, ello no será así. En el caso de Quintana Roo, se trata únicamente de la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y de los nombramientos de Minerva Maribel Moreno Cruz, Cesar Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar como magistrados de dicho Tribunal.

No sobra explicar que la acción legal promovida por la PGR, era ineludible, y era la dependencia facultada para hacerlo; en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la única competente para conocerla.   

Para entender un poco de qué se trata, transcribo la definición que da la propia SCJN de la acción de inconstitucionalidad: “Es un medio de control de la constitucionalidad que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales.”

El conflicto radica en que el Poder Legislativo de Quintana Roo se tomó atribuciones que no le correspondían, y legisló en una materia que por ahora sigue estando en manos del Poder Ejecutivo, que es la del Sistema Nacional Anticorrupción, y mientras el Ejecutivo no publique las mismas en el Diario Oficial de la Federación, los estados no pueden legislar en la materia, tienen que esperar a que las modificaciones al texto constitucional relacionadas con el Sistema Nacional adquieran vigencia, de otra forma, se genera una contradicción, pues Quintana Roo tendría figuras legales que aún no existen, que devienen de la Constitución federal, pero no están publicadas.  

El subprocurador Salvador Sandoval Silva lo explicó así en la conferencia de prensa: la reforma constitucional que creó el Sistema (Nacional Anticorrupción)  en mayo de 2015, previó dos cuestiones fundamentales: primero: que los Estados deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten al Sistema Nacional. Segundo: que hasta que eso ocurra, las leyes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas, continuarán en vigor”, dice el párrafo tomado del portal Animal Político.

En Quintana Roo el tema específico que se combatirá con la acción de inconstitucionalidad es el del Tribunal de Justicia Administrativa y los nombramientos de Minerva Maribel Moreno Cruz, Cesar Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar como magistrados de dicho tribunal. El Congreso de Quintana Roo no podía ni crear el Tribunal de Justicia Administrativa ni nombrar a los magistrados porque la batería legal que le puede dar origen aún no está publicada en el Diario Oficial de la Federación, es decir, aún no está vigente.

Con la creación de este Tribunal y el nombramiento de sus tres magistrados, Roberto Borge pretendió “madrugar” a la federación, e irse muy bien blindado, porque este nuevo órgano se encargará de juzgar todas las denuncias sobre corrupción contra funcionarios y contra personas que se beneficien de los recursos públicos; así que el Gobernador quería dejar a sus incondicionales en estos cargos para que toda denuncia recibida en su contra o en contra de sus funcionarios no prosperara.

Finalmente, y por qué es la PGR la que interpone la acción inconstitucionalidad; lo hace porque es una de las figuras que puede interponer este recurso, y por materia, le corresponde. 

Sin embargo, más allá de las acciones contra el gobernador de Quintana Roo y el de Veracruz, Javier Duarte, contra cuyo Congreso también se enderezó la acción legal; el mensaje parece claro, y se escuchó desde Los Pinos: no se tolerará su pretensión de salir impunes.

El PRI está en un momento en el que lo que necesita es sobrevivir, y al parecer no dudará en sacrificar a dos ejemplares de la corrupción de peso completo: Roberto Borge y Javier Duarte.

¿Qué dijo Roberto Borge sobre este revés?

"El gobernador Roberto Borge Angulo dijo hoy que, como titular del Poder Ejecutivo del Estado, no ha promovido la creación de ningún sistema anticorrupción y afirmó que tiene muy claro que tendría, siempre, sin excepción alguna, que ajustarse con pleno respeto a las disposiciones, leyes y ordenamientos federales, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

—Somos respetuosos del recurso promovido por la PGR —manifestó—. Dado el caso, acataremos responsablemente  la resolución que la SCJN sobre este señalado acto de inconstitucionalidad.

Qué absurdo el Gobernador, si tenía claro que tenía que ajustarse al SNA, por qué el madruguete de imponer magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa.

¿Qué dijo Carlos Joaquín?

Por su parte, el gobernador electo, Carlos Joaquín González celebró la decisión de la PGR, e insistió en que los proyectos de iniciativas y normas presentadas por el Gobernador Roberto Borge Angulo para “blindar” sus actos de corrupción e impunidad el término de su gestión son violatorias del estado de derecho. El Gobernador electo destacó el importante papel que en estas semanas ha jugado la ciudadanía, al manifestar su rechazó a la impunidad y nula transparencia en las acciones de gobierno en el estado. (NoticaribeNews)