La mejor “herencia” que le dejó Roberto Borge Angulo a Carlos Joaquín González

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.-Antes de un año de administración, y el gobernador Carlos Joaquín González se parece cada vez más a su antecesor, Roberto Borge Angulo: el endeudamiento descomunal, el dispendio escandaloso, las nóminas infladas, los contratos amañados, el contubernio y manejo de los sindicatos, la total compra de los medios de comunicación y hasta la simulación en materia de transparencia. El “gobierno del cambio” fue solo de nombres.

El distanciamiento ‘natural’ entre Carlos Joaquín y Roberto Borge, que se dio durante su campaña en pos del voto, cada vez parece más diluido, tanto porque los negocios que el ex Gobernador dejó siguen viento en popa, como por su similar forma de entender el poder y el gobierno.

Y dentro de todo lo “malo” que el por ahora impresentable Roberto Borge heredó a Carlos Joaquín González, hay un legado que está resultando muy útil al actual Gobernador. Y es el Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo y sus tres comisionados, funcionarios que acompañaron a Borge Angulo en todo su sexenio y quienes tienen amplia experiencia en la opacidad.

Orlando Espinoza Rodríguez, comisionado presidente, Cintia Yrazu de la Torre Villanueva y Nayeli de Jesús Lizárraga Ballote, comisionadas; se encargaron de ser la barrera protectora de Roberto Borge Angulo en el tema de la rendición de cuentas, fueron quienes pusieron todos los obstáculos posibles al acceso a la información, primero conservando, (hasta la fecha), un sistema informático inútil y con múltiples fallas técnicas, y también, retrasando la resolución de recursos de revisión hasta por un año, para finalmente terminar diciéndole al ciudadano que no iba a recibir la información.

Cuando Roberto Borge, por “decreto”, decidió dar de baja el sistema Infomexqroo, ‘sus comisionados’ de Transparencia no dijeron nada y menos aún se opusieron.

Y son esos comisionados una de las herencias más valiosas que Borge Angulo le dejó al gobernador Carlos Joaquín González. Fue mediante decreto del 27 de julio de 2015 que la XIV Legislatura aprobó, a capricho de Roberto Borge, la permanencia de los comisionados del IDAIPQROO por siete y cinco años más; lo que quiere decir que estos bien entrenados reyes de la opacidad, acompañarán a Carlos Joaquín González prácticamente todo su sexenio…

Ayer, estos comisionados del Instituto de Transparencia de Quintana Roo volvieron a demostrar porqué continúan en su puesto, a pesar de que sobran razones para que ya hubieran renunciado. Están firmes porque su “trabajo” consiste precisamente en desalentar a los ciudadanos en su derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, porque su sucio encargo es mantener en la máxima secrecía posible el gasto de los recursos públicos y la administración pública del gobierno del estado y los municipios, seguir siendo un obstáculo para impedir y limitar el derecho constitucional de los ciudadanos; “fastidiarlos”, en palabras claras y obligarlos a desistir de ejercer.

Ciudadanos organizados como el Colectivo Puerto Morelos Transparente, han tenido que remar a contracorriente, enfrentarse a la inoperancia del Instituto de Transparencia de Quintana Roo, a su complicidad con los gobiernos del color que sea. Una prueba es la respuesta que ayer dio el abogado proyectista del IDAIPQROO, Martín Navarrete, a uno de los integrantes de este colectivo que ha presentado por los menos cinco recursos de revisión por negativas de información y ocultamiento de datos de la alcaldesa de Puerto Morelos Laura Fernández Piña.

Los recursos de revisión fueron presentados a mediados de junio pasado, por lo que ya transcurrieron los primeros 40 días hábiles que establece el artículo 172 de la Ley de Transparencia para que éstos se resuelvan; y si bien es cierto, el IDAIPQROO puede extender el plazo otros 20 días más para resolver la grave, puesto que el IDAIQROO ni siquiera ha dado trámite a los recurso, por lo que éstos podrían resolverse hasta el 2018, de acuerdo a lo informado por el abogado proyectista Martín Navarrete al integrante del Colectivo Puerto Morelos Transparente…

En lo que toca a los recursos de revisión, la Ley de Transparencia es clara en el sentido del cumplimiento de los plazos que tiene el IDAIPQROO para resolverlos, así como en lo relativo a su admisión, por lo que el incumplimiento por parte del Instituto de Transparencia en la substanciación de los recursos en los tiempos legales estipulados es un asunto muy grave, ya que se trata del órgano que debería “garantizar” a los ciudadanos su derecho humano de acceso a la información.

No sobra mencionar, que la Ley de Transparencia de Quintana Roo aprobada en abril de 2016, es un texto deficiente, retrógrada y que no privilegia el derecho del ciudadano, pues mientras la Ley de Transparencia de Coahuila establece un plazo de 20 días, prorrogables 10 días más para la resolución de los recursos de revisión; y la del estado de Tabasco 30 días, prorrogables por 10 días más, la ley de Quintana Roo se amplía hasta 60 días hábiles para resolver las inconformidades de los ciudadanos; aunque en la práctica puede prolongarse sin límite alguno…

La “nueva” ley de transparencia del estado fue hechura de la asociación Ciudadanos por la Transparencia (CITRA), del empresario Francisco Córdova Lira, y que ilegalmente recibió 1.5 millones de pesos desviados del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) de manos del perredista Julián Ricalde cuando era edil de Cancún. Esa asociación, que trabajó de la mano de Roberto Borge Angulo, ahora acompaña al gobernador Carlos Joaquín González en temas de transparencia y en la creación del sistema estatal anticorrupción; y por conveniencia, dio luz a una ley de transparencia limitada, burocrática, poco garantista al ciudadano y cómplice de la opacidad de los sujetos obligados.

Los nuevos ciudadanos

Pero los ciudadanos ya no son lo que eran antes, empiezan a comprender que en solitario nadie resolverá los problemas de un país, un estado o un municipio; y sobre todo que los políticos y funcionarios son precisamente “servidores” públicos a quienes se debe exigir cuentas. Así, el Colectivo Puerto Morelos Transparente, acompañado por la asociación Somos Tus Ojos, está realizando una tarea cotidiana de exigir cuentas al ayuntamiento gobernado por la verde-ecologista Laura Fernández Piña; y los recursos de revisión que interpuso tienen que ver con la negativa de información relacionada con solicitudes como ‘proporcionar el nombre de las personas físicas y morales que han prestado algún servicio al ayuntamiento de Puerto Morelos, detallar que tipo de servicios y el monto pagado’; ‘a cuánto asciende el adeudo del ayuntamiento de Puerto Morelos con sus proveedores, nombre de las personas físicas y morales a las que les adeuda y detallar el bien o servicio prestado’; y ‘cuántos inmuebles de los que ocupa el ayuntamiento de Puerto Morelos son arrendados, ubicación de los mismos, nombre del arrendador, monto pagado por el servicio y contrato de arrendamiento de cada inmueble en versión digital’; entre otras solicitudes de información que no han tenido respuesta.

En Othón P. Blanco, donde se ubica Chetumal, la capital del estado, también con el acompañamiento de Somos Tus Ojos, ha empezado a trabajar el Colectivo Chetumal Transparente, lo que representa un paso fundamental hacia la ciudadanización de la política, del quehacer público, del resurgimiento del ágora en el que los gobernados tienen voz, voto y participación directa.