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sábado, junio 24, 2017

No a las leyes estatales y sí al fortalecimiento de la Ley Federal de Protección a Periodistas

Fabiola Cortés Miranda

En la mesa nacional está el debate porque la circunstancia lo amerita. No se trata ya de los periodistas del norte del país o de los estados “conflictivos”,  “acosados por el narco”, se trata de todos nosotros sin importar en qué entidad estemos.


Han tenido que asesinar a cientos de colegas por ejercer su oficio para que empecemos a “medio querer reaccionar”. No somos policías no somos soldados, y sin embargo, las bajas se cuentan por cientos. Somos referencia en el mundo pero no por algo por lo que tengamos que alegrarnos, sino por algo que debería ser una vergüenza para un estado, pero no parece serlo.

De las cifras se ha dicho mucho, aunque no sobra recordar algunas que provienen del registro “oficial”, de lo que la Secretaría de Gobernación consigna en el análisis de riesgo de los periodistas que solicitamos la intervención del Mecanismo de Protección: “un periodista es asesinado en México, en promedio, cada 26 días”. Durante el primer semestre del 2016, se registraron 218 agresiones contra la prensa: 69 de enero a marzo y 149 de abril a junio; esto significa que la violencia contra periodistas aumentó 115% en el segundo trimestre del año. Por tipo de agresión, las físicas/materiales son las de mayor registro durante el semestre con 46 casos; seguidas de las intimidaciones, con 37; las amenazas, con 35; las privaciones de la libertad (que incluyen a las conocidas como “encapsulamientos” o “retenciones”), con 32; y ataques a medios de comunicación, con 16.
      
El propio estudio de riesgo reconoce que “de lo anterior se desprende que internacionalmente México es visto como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo debido a la gran cantidad de agresiones que sufren los periodistas en la realización de su actividad y a la falta de impartición de justicia por las autoridades, y que en algunos casos habrían de ser los agresores.”

En el Informe también se reconocen las omisiones de las autoridades encargadas de impartir justicia, como el retraso en las investigaciones y la falta de diligencias que lleven a esclarecer los homicidios y las agresiones, así como la tardanza en la integración de los expedientes…

Es decir, se tienen las estadísticas y se tiene el diagnóstico, y entonces ¿por qué el estado no ha actuado?.

Una posible respuesta se puede ilustrar con la reunión que en mayo pasado sostuvo la CONAGO con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,  donde únicamente 13 de 32 gobernadores se dieron tiempo para acudir personalmente a firmar el convenio para cumplir con el mecanismo federal de protección a periodistas; faltaron 19 ejecutivos estatales, entre ellos el de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

La respuesta entonces, a la pregunta de por qué el estado no ha actuado, puede reducirse a algo muy simple: porque no le interesa…

¿Si eso sucede a nivel federal, qué puede esperarse de una ley estatal y de los mecanismos locales?. Yo creo que nada, más allá de un órgano burocrático e inútil que terminará siendo una estructura administrativa cualquiera y un desperdicio de recursos.

¿Qué nos queda?

Desde mi opinión, nos queda unir esfuerzos para impedir que se atomice la obligación de estado de garantizar la vida y la integridad de las personas pertenecientes a un gremio que cumple una función social. Los mecanismos estatales provocarán una menor exposición de los casos y prácticamente una nula obligación de la federación de atenderlos. Serán las estructuras de los estados, con sus males, sus deficiencias y sus limitaciones las que atiendan las agresiones y los asesinatos de periodistas… Y si a ello se le agrega que las agresiones a periodistas provienen, en la mayoría de casos, de las autoridades locales…la circunstancia empeora.

¿Cuál es la propuesta?

La propuesta, además del rechazo a las leyes y los mecanismos estatales va en el sentido de reformar la ley federal de protección para periodistas, por ejemplo, desde la integración de la Junta de Gobierno, donde de un cuerpo colegiado de nueve personas, cinco son de la administración pública (incluyendo a la CNDH aquí) y cuatro del Consejo Consultivo (representantes de periodistas y defensores de derechos humanos). La fórmula se debe invertir, en este cuerpo colegiado deben ser mayoría los representantes de los agraviados.

Otro ejemplo. Aunque en la ley se contempla que los cuatro representantes del Poder Ejecutivo Federal que integren la Junta de Gobierno deberán tener un nivel mínimo de Subsecretario y el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el de Visitador, la realidad es muy distinta, pues a las Juntas de Gobierno llegan funcionarios no de segundo nivel sino de cuarto o quinto escalafón, desinteresados de los casos y con el único objetivo de “hacer presencia”. Es correcta la exigencia de la Ley sobre el nivel que deben tener los funcionarios que acuden a las sesiones de las Juntas de Gobierno, porque son éstos el conducto que tienen las víctimas para llevar su voz y su reclamo al nivel más alto; ahora lo que se requiere es establecer en la ley que esa presencia sea obligatoria, y solo eventualmente y en casos extremos pueda delegarse. Igualmente, se propone que a las sesiones de la Junta de Gobierno el representante de la PGR que acuda sea, indelegablemente, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), quien es todos estos años estuvo ausente, primero, en la figura de Ricardo Celso Nájera Herrera y ahora en la de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

Una propuesta más va en el sentido de que el Consejo debe dejar de ser un órgano solo “consultivo” para convertirse en uno con fuerza vinculante, donde sus observaciones no queden diluidas en boletines de prensa.

Pero quizás lo más apremiante es reformar la Fiscalía Especial para hacerla funcional, y para evitar que las denuncias de periodistas queden banalizadas en simples delitos del fuero común turnados a las procuradurías locales; que no quede a discreción y criterio de la FEADLE si investiga o declina la competencia sobre las denuncias presentadas por periodistas. Es ésta una pieza clave del entramado con el que se podría avanzar para acotar la impunidad en los asesinatos y las agresiones. Que se integre un grupo de trabajo profesional, efectivo e independiente.

Ahora bien, en los estados lo pertinente es crear unidades de enlace y apoyo integradas por periodistas y defensores de los derechos humanos, que sean coadyuvantes con el mecanismo federal para la integración de los análisis de riesgo y de las recomendaciones de los casos locales.


Concluyendo, párrafo por párrafo y una vez que se tenga un documento nacional, insisto, la vía debe ser reformar la ley federal e impedir a toda costa que la federación se desentienda de su obligación, porque las agresiones y los asesinatos de periodistas son un asunto de estado… 

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