Universidad Politécnica de Quintana Roo, parte de la “Estafa Maestra” de Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ya la perdonó, y la calificó de chivo expiatorio, Rosario Robles Berlanga, como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, cobijó una amplia red de empresas fantasma dedicadas a ordeñar las finanzas públicas, como lo documentó el reportaje La Estafa Maestra”, al que le han seguido investigaciones de diversos medios de comunicación.

Un trabajo de Aristegui Noticias evidenció con testigos y documentos cómo servidores públicos de Sedesol dependencia en las que Rosario Robles estuvo al frente, y de Sedatu, de la que es titular, simularon procesos legales para engañar a los auditores que buscan pistas sobre las irregularidades documentadas por más de 7 mil 700 millones de pesos.

La investigación da cuenta de cómo se fabricaron los supuestos trabajos, realizados por las empresas fantasma, pero que en realidad no se efectuaron, sino que eran creados exprofeso en un “bunker” para que las dependencias que eran parte del entramado de corrupción, como la Universidad Politécnica de Quintana Roo, tuvieran como avalar ante la Auditoría Superior de la Federación el destino que dieron a los recursos recibidos.

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO, “CUMPLIÓ” CON LA TAREA ASIGNADA POR LA MAESTRA ROBLES

Correos electrónicos en poder de Aristegui Noticias comprueban que Claudia Morones, funcionaria y persona de toda la confianza de Rosario Robles, operó la entrega de documentación falsa entre Sedatu, la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) y la de Chiapas (UPChiapas) para justificar compras públicas por 97.1 millones de pesos.

Las auditorías forenses de la ASF señalan que en 2016 Sedatu contrató a la UPQROO para realizar un servicio que en realidad no tenía capacidad de hacer.

La universidad contrató a ocho proveedores para realizar el trabajo (AM Sistemas Informáticos; Comercializadora DW Prisma; Competencia y Habilidades para el Trabajo; Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular; Infotecnick; Custom Performance; Integración Documental; y Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática).

Los auditores encontraron varias irregularidades entre esas empresas: tres no fueron localizadas en sus domicilios fiscales, cuatro no pagaron impuestos ante Hacienda; la representante legal de una firma era funcionaria de la universidad, mientras que el rector de la UPQROO abrió la cuenta de la empresa que recibió y administró el dinero.

Las empresas Custom Performance e Integración Documental abrieron sus cuentas bancarias en el domicilio fiscal de AM Sistemas Informáticos, “hecho que evidencia la existencia de un vínculo entre las tres empresas proveedoras, para intervenir en las supuestas contrataciones que llevan a cabo los entes públicos estatales para la presunta simulación en la prestación de servicios y que, en conjunto, recibieron un total de recursos de 38.9 millones de pesos”, dice el reporte de la ASF.

A su vez, cada empresa subcontrató a otras firmas para realizar los trabajos: en un caso, una empresa subcontratada tenía como representante legal al ex rector de la UPQROO, quien usó 6.8 millones para comprar cuatro camionetas Mazda.

La nueva evidencia recibida por Aristegui Noticias indica que el 8 de noviembre de 2016, a las 12:37 pm, Claudia Morones envió un correo electrónico a David Guerrero Sesma, funcionario de Sedatu, para indicarle el pago a tres empresas: Comercializadora DW Prisma, AM Sistemas Informáticos y Competencia y Habilidades para el Trabajo.

A las 13:44 horas, David Guerrero Sesma envió las facturas a un funcionario de la UPQROO con el siguiente mensaje: “Amigo te mando las empresas a las que hay que dispersar el día de hoy, cualquier duda estoy atento”.

Las comunicaciones entre Sedatu y UPQROO para triangular pagos no tienen justificación, porque oficialmente la universidad se encargó de subcontratar y pagar el dinero de manera independiente, sin intervención de funcionarios federales.

Otra cadena de correos electrónicos corresponde al 14 de noviembre de 2016, cuando funcionarios del despacho Almeva enviaron el siguiente mensaje a funcionarios de la Universidad Politécnica de Quintana Roo.

“… como lo conversamos, te anexo la factura FA-54 de MARS, Integradores de Telecomunicaciones e Informática para la UPQRoo sobre el proyecto de capacitación con José Luis y Omar, así como la documentación legal de la empresa”.

El correo incluía actas constitutivas de la empresa y copia de sus cuentas bancarias, entre otros documentos.

Un quinto correo fechado el 15 junio de 2017 a las 11:57 horas, arroja una pista más sobre la trama: el nombre de Enrique Prado aparece asociado al de Jesús Guerrero Sesma, empleado de Almeva, en la revisión de contratos de la Universidad Politécnica de Quintana Roo de 2015 y 2016.

La comunicación enviada electrónica por Erick Javier Sánchez Herrera (ericksahe@gmail.com) tiene como destinatarios a Claudia Morones y a David de Jesús Guerrero (Enrique prado) Sesma (jesus.guerrero@outlook.com).

Otros empleados de Almeva que aparecen “copiados” en estos correos electrónicos son Rafael Mariscal Carvajal, Francisco Velázquez Flores y el propio Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega, dueño de la empresa que participó en esta trama.

Los correos electrónicos demuestran las actividades concertadas entre funcionarios federales, universitarios y empleados privados para armar expedientes y así engañar a los auditores.

LA FÁBRICA DE “ENTREGABLES”

Los “entregables” son un requisito que deben cumplir las empresas contratadas por el gobierno para recibir el pago correspondiente, pero en el caso de las compañías y asociaciones consideradas fachada o fantasma los expedientes se armaron o fabricaron para simular obras y servicios inexistentes.

Los documentos falsificados son la última pieza del esquema de corrupción que en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) equivale a irregularidades por más de 7 mil 700 millones de pesos entre 2011 y 2017, es decir, durante el final de la administración de Felipe Calderón y los primeros cinco años de Enrique Peña Nieto.

El armado de expedientes fue documentado por este medio durante la gestión de Rosario Robles Berlanga en dos secretarías de Estado:  Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Aristegui Noticias obtuvo los correos electrónicos en los que Claudia Morones Sánchez, funcionaria de Sedesol y Sedatu, coordinó la entrega de los expedientes para comprobar la entrega de recursos públicos.

Una persona que conoce toda la trama ubicó las oficinas donde se fabricaron los expedientes. Se decidió a dar una entrevista para explicar el esquema y apuntar a los responsables.

Además, un funcionario universitario narró cómo fue citado a una de estas oficinas, la cual funciona como un búnker, donde le entregaron un expediente completo para salvar una auditoría forense.

Ambas fuentes pidieron reservar su identidad, pues aunque se encuentran en diferentes estados del país y tienen diferentes grados de responsabilidad, manifestaron que tienen miedo a una reacción violenta de los funcionarios federales involucrados.

La investigación permite concluir que servidores públicos, al mando de Rosario Robles, coordinaron a empresas fantasma desde la contratación, pagos, armado de expedientes y el engaño de los auditores que buscaban pistas sobre las irregularidades detectadas por la ASF.

Estas revelaciones derriban la versión oficial: que las dependencias federales nunca tuvieron contacto con las firmas subcontratadas y que no hubo una operación centralizada para desviar dinero de los contribuyentes.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha investigado este esquema de corrupción, pero el nuevo titular de la institución despidió a la encargada de Auditoría Forense, Dora Muna Buchain.

Al presentar la cuenta pública 2017, el Auditor Superior, David Colmenares Páramo, afirmó que se ya no se permitirán “resultados mediáticos estacionales, que al final se diluyen”. También dijo que se eliminarán “incentivos perversos en nuestras auditorias”.

ROSARIO MANDA, ELLOS EJECUTAN

Emilio Zebadúa, oficial mayor en Sedatu y Sedesol con Robles; su actual coordinadora de Comunicación Social en Sedatu, Rocío Gómez Bolaños, y su Jefe de Oficina en esa misma dependencia, Ramón Sosamontes Herreramoro son la cabeza de las operaciones.

Los dos últimos han trabajado con Robles desde que fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en lugar de Cuauhtémoc Cárdenas quien buscó la Presidencia de la República en el año 2000.

Bajo la dirección de estos funcionarios opera Claudia Gabriela Morones Sánchez, quien trabajó en Sedesol y Sedatu, según sus declaraciones patrimoniales.

En marzo de 2016 Morones dejó la nómina federal, pero siguió en contacto con las dependencias federales mediante contratos de prestación de servicios por los conceptos de “asesoría en el pago a proveedores”, “coordinación de recursos financieros y materiales para el aprovechamiento de los recursos disponibles”, según el Portal de Obligaciones de Transparencia.

Morones es una contadora pública que trabajó en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre agosto del 2008 y marzo del 2012. Se integró al equipo de Emilio Zebadúa en la Oficialía Mayor de Sedesol a partir de 2013, indican sus declaraciones patrimoniales.

Morones también es comisaria de la empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog, de la que son accionistas Lizette Prado Ordoñez y Lizette Chávez Zaragoza.

Lizette Prado es hermana de Enrique Prado Ordoñez, el actual director de Adquisiciones y Contratos de Sedatu, cargo que repitió luego de ocupar el mismo puesto en Sedesol entre 2013 y agosto del 2015.

En la trama participa como intermediario el despacho Almeva SA de CV, propiedad de Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega, el cual sirve de enlace entre las dependencias públicas y las empresas o asociaciones civiles que cobran por trabajos y servicios inexistentes, numerosos comunicaciones electrónicas así lo demuestran.

EL REPORTAJE COMPLETO SE PUEDE LEER AQUÍ