Diputados de Quintana Roo pretenden aprobar Ley de Transparencia opaca y discrecional

CANCÚN, MX.- El anteproyecto de Ley de Transparencia que actualmente se discute en el Congreso de Quintana Roo además de opaca en varios aspectos, tampoco atiende el principio de máxima transparencia y nuevamente incluye un marco débil y sin lineamientos claros para la aplicación de sanciones a quienes incumplan con el acceso al derecho a la información, según se puede concluir de un análisis realizado por los integrantes de la asociación civil “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”.

El anteproyecto de Ley de Transparencia de Quintana Roo en su artículo 9 excusa a los sujetos obligados de entregar información cuando “no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud”, lo que significa que cualquier funcionario, servidor público o persona obligada a entregar información puede aducir que en ese momento no está en posesión de la misma, y por ende no puede entregarla. Ese mismo artículo dispensa la entrega cuando la información “no obre en algún documento”, lo que en sí mismo representa una violación a la Ley General de Transparencia.

La propuesta de Ley de Transparencia que analiza el Congreso y a la que tuvo acceso la asociación civil Somos Tus Ojos tampoco establece el proceso para tramitar el recurso de inconformidad en contra de las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información de Quintana Roo, ni contempla en las facultades del propio Instituto la obligación de remitir el mismo al Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Cabe destacar que el recurso de inconformidad es una de las mayores aportaciones de la Ley General, ya que pone al alcance de los ciudadanos una instancia superior, revisora, de las determinaciones del instituto de transparencia local, que hasta la fecha ha sido cómplice de las instancias del Poder Ejecutivo y los funcionarios municipales, en su negativa de entregar información.

El documento que el Congreso de Quintana Roo pretende aprobar solo dedica un artículo y cuatro líneas al Recurso de Revisión, y además no establece entre las facultades del Instituto de Acceso a la Información la de coadyuvar en la tramitación del mismo ante el Instituto Nacional. 

Igualmente, la elección de los comisionados para integrar el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIP) se enmarca en una total discrecionalidad, y siguen siendo los integrantes de la Cámara de Diputados los que determinan quiénes de los aspirantes propuestos por las asociaciones cumplen con el perfil, y podrán ser elegibles.

Por otra parte, el anteproyecto deja entre las causales de información reservada la que “comprometa la seguridad pública del Estado y sus municipios”, fracción que no es compatible con la Ley General que solo considera la reserva para casos de “seguridad nacional”, y no refiere la de los estados o municipios, debido a que ello implica una amplia discrecionalidad para los sujetos obligados que pueden escudarse en dicho supuesto para no entregar información.

Los legisladores de Quintana Roo proponen causales de reserva que la Ley General no acepta, sobre las cuales no existe precisión en su aplicación y que  pudieran ser utilizadas para limitar el derecho humano de acceso a la información. Por ejemplo, la propuesta de Ley de Transparencia clasifica como información reservada: “La que pueda causar un serio perjuicio en la recaudación de las contribuciones y la que pueda dañar la estabilidad económica y financiera del Estado”, esto es, que deja a la opinión del Secretario de Finanzas o de los tesoreros municipales, la rendición de cuentas sobre la recaudación, ingreso y uso de los recursos públicos. 

Son éstas solo algunas de las graves limitaciones del derecho de las personas al acceso a la información, que los diputados de la XIV Legislatura de Quintana Roo pretenden dejar en la Ley de Transparencia del estado.

El anteproyecto de la Ley de Transparencia de Quintana Roo, surge en buena medida de la propuesta realizada por la asociación Ciudadanos por la Transparencia, un grupo creado por el empresario ex socio de Xcaret, Francisco Córdova Lira, integrada por personas vinculadas a la vida empresarial, sin conocimiento ni ninguna experiencia en la materia de Transparencia, y que no han ejercido el proceso de acceso a la información de manera regular.

La asociación Ciudadanos por la Transparencia ha fungido como una organización civil dedicada a avalar las prácticas de nula transparencia de los gobiernos de Benito Juárez (Cancún). Durante la administración del ex alcalde perredista Julián Ricalde (2011-2013), recibió 1.5 millones de pesos de recursos que debían ser destinados a  Seguridad Pública (Subsemun), como fue documentado en su momento.

Es bajo este contexto de simulación, que el Congreso de Quintana Roo discute, y pretende aprobar una ley opaca, discrecional y que no atiende el principio de máxima transparencia y rendición de cuentas que promueve la Ley General de Transparencia. 

Presenta Somos Tus Ojos propuesta de ley vanguardista

El pasado 16 de marzo, la asociación “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo” entregó al Congreso del estado una propuesta de ley de Transparencia vanguardista, apegada al espíritu de la Ley General y que además ejerce el principio de transparencia proactiva, estableciendo en la misma 62 obligaciones de transparencia ineludibles para los sujetos obligados en aras de la máxima apertura cuando la Ley General y la del estado solo citan 48 obligaciones de oficio, lo que  

Ricardo Coral, asesor del diputado Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión del Congreso, se comprometió a incluir la propuesta presentada en el debate que aún se encuentra abierto.

Entre los aspectos de la propuesta de Somos Tus Ojos está que la elección de los comisionados que integran el Instituto de Acceso a la Información se realice por convocatoria abierta, que solo ciudadanos con probada experiencia en la materia  y que acrediten un examen de conocimientos sobre el tema, puedan ocupar dicho cargo, para evitar de esta forma lo que actualmente sucede, que la designación se realiza con base en los intereses de los gobernantes, quienes han hecho de los comisionados sus cómplices.

Máxima transparencia y destitución de funcionarios opacos

Igualmente, pretendemos que sea obligatoria la publicación de 62 aspectos entre los que se encuentran:

La versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, que contenga: nombre, cargo, tipo de declaración, sueldo y bienes inmuebles ubicados en territorio nacional y fuera del país; así como el listado de servidores públicos que no hayan rendido la declaración patrimonial.

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

El tabulador de cobro de impuestos, servicios y derechos, especificando el fundamento legal del mismo, la metodología para su cálculo, la forma para acceder a descuentos y condonaciones si los existieran; así como el monto de los recargos en su caso;

Las actas de sesiones de cabildo ordinarias, extraordinarias y privadas, así como su registro videográfico;

Los nombres con fotografía de los inspectores, visitadores o supervisores, por áreas, en el caso de los sujetos obligados donde exista dicha figura;

El padrón de proveedores y contratistas, identificando el nombre de la persona física o moral, domicilio fiscal, inicio de operaciones, fecha de registro y de vigencia, así como la copia del acta constitutiva y sus posteriores modificaciones;

Las concesiones, patentes, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas para la prestación de algún servicio, la proveduría de algún bien o la ejecución de alguna obra, especificando número o folio, los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.

Se proponen también sanciones específicas que contemplan multas, separación temporal del cargo y hasta la destitución de los sujetos obligados que se nieguen a entregar información.

Ricardo Coral, asesor del diputado Pedro Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión del Congreso, se comprometió a incluir la propuesta presentada por “Somos Tus Ojos” en el debate que aún se encuentra abierto.

Es oportuno recordar que Quintana Roo ocupa uno de los últimos lugares en materia de Transparencia por lo que de mantenerse el anteproyecto de ley que está en la mesa, se enfrentará, muy probablemente, una controversia constitucional de parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), además de que el estado volverá a figurar como una entidad renuente a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos.  

Aquí se puede ver la propuesta de Ley de Transparencia, presentado por somos tus ojos.