Malecón Tajamar podría continuar si no se deposita fianza. Se consumaría ecocidio

CANCÚN, MX.- Aunque las obras de Malecón Tajamar podrán continuar, de no depositarse la fianza por 21 millones de pesos impuesta por el Juez Cuarto de Distrito a 113 niños que se ampararon para frenar la devastación ambiental en la zona; la suspensión definitiva otorgada por el juzgador pone en evidencia las prácticas corruptas de Fonatur, la forma, otra vez, fraudulenta, en la que obtuvo permisos de parte de la Semarnat, al falsear información ante la dependencia federal para poder obtener las licencias correspondientes, y vender terrenos que prácticamente se encuentran sobre manglar.

El empresario Francisco Córdova Lira, ex socio de Grupo Xcaret y dueño de Delphinus, empresa dedicada a la explotación de delfines, consideró que si se consuma la suspensión definitiva de las obras en Malecón Tajamar, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tendrá que devolver el dinero a todos los inversionistas que adquirimos terrenos ahí, y se confirmará una vez más que vivimos en un Estado fallido; según se lee en una nota firmada por Jesús Vázquez, publicada en El Economista.

Malecón Tajamar es un terreno de 58 hectáreas desarrollables, pero la mayor parte se asientan sobre amplias porciones de manglar y humedales; fueron urbanizadas por el Fonatur entre 2005 y 2008 con una inversión de 500 millones de pesos, luego de que fueron comercializadas y vendidas a 23 desarrolladores que pretenden ejecutar condominios, hoteles, oficinas, centros comerciales; e inclusive una basílica de los Legionarios de Cristo.

En el caso del empresario Córdova Lira, se trata de un condominio tipo “Aloft” con una inversión calculada en 100 millones de pesos.

“Yo no compré para destrozar el medio ambiente, compré una propiedad que el Estado mexicano me vendió; no podemos estar en un país en el que el Estado vende propiedades que están sujetas a esto que nos está pasando”, expresó.

Córdova Lira insistió en que el fondo del asunto es que dos instituciones de gobierno están exhibiendo que México es un Estado fallido, porque primero Semarnat otorgó los permisos ambientales al Malecón y luego Fonatur comercializó ese complejo.

Sin embargo, lo que en realidad lo que está exhibiendo el juez federal, es que dos dependencias, a propósito, hicieron mal su trabajo, con tal de embolsarse cientos de millones de dólares, a costa del ambiente. El Fonatur mintió sobre las características ambientales del terreno que se comercializó, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se dejó engañar, y fue omisa tanto en la revisión del terreno como en la consideración de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) del Estado, que consideró inviable el proyecto.

Según la nota publicada en El Economista, que cita como fuente al presidente de la Asociación de Plazas Comerciales (APC) de Quintana Roo, Eduardo Galaviz, la firma italiana Bi&Di ya retiró su proyecto de Malecón Tajamar donde pretendía construir cinco edificios y un centro comercial.

Los predios de la empresa italiana le fueron permutados por el Fonatur, luego de que el Fondo le vendiera otro terreno con “garantía” de sobre densificación en Playa Delfines, que al final no pudo cumplir el Fonatur, por lo que tuvo que compensar a Bi&Di; aunque lo hizo con otros terrenos en conflicto.

Sin embargo, la millonaria fianza fijada por el juez federal a los 113 niños promoventes del amparo, prácticamente impagable, permitirá a los desarrolladores continuar con sus planes de devastación, y el asunto podría concluir como el célebre caso de Bahía Príncipe, en el que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) logró acreditar la ilegal sobredensificación del desarrollo hotelero y la afectación del medio ambiente, pero al no poder pagar la fianza impuesta, las obras continuaron; al final la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa revocó la autorización al proyecto "Naj K´aax", pues concluyó que efectivamente los empresarios españoles habían violentado la legislación y habían causado un daño ambiental. Para entonces, Bahía Príncipe ya había consumado el irreversible ecocidio, que no se frenó por la falta del deposito de la fianza impuesta.

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