Ante tormenta de críticas, gobernador de QRoo promete revisar “ley antimarchas”

CIUDAD DE MÉXICO.-A 24 horas de que el Congreso de Quintana Roo aprobara la Ley de Ordenamiento Social, que busca restringir y controlar las manifestaciones públicas, el Gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, echó atrás la decisión para someterla a un nuevo y “cuidadoso” análisis.

La Ley de Ordenamiento Social, propuesta por iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tiene mayoría en el Congreso local, fue severamente criticada por políticos de oposición, activistas y Organizaciones No Gubernamentales de México y el extranjero por plantear la criminalización de la protesta social, además de violar la Constitución en los temas de libre manifestación y expresión de las ideas.

Ayer, apenas minutos después de que el PRI aprobó esa iniciativa, las protestas en contra del priista Borge Angulo no han cesado. Activistas y políticos coincidieron en que, con decisiones como ésta, su gobierno muestra intenciones de “reprimir” a los ciudadanos inconformes, tal y como ha hecho en el PRI a lo largo de su historia. Antes el aluvión de críticas, Roberto Borge Angulo informó esta tarde que, junto con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y los asesores jurídicos del Congreso, someterá a una “cuidadosa revisión, antes de su publicación”, a la Ley de Ordenamiento Social, aprobada en la víspera por los legisladores locales.

A través de un comunicado difundido por la Unidad del Vocero, el Gobernador planteó: “Seremos cuidadosos de que no se afecte la libre expresión de las ideas ni se coarten las garantías consagradas en los artículos 8 y 9 de la Constitución”.

Por su parte, Gabriel Mendicuti Loría, secretario de Gobierno de Quintana Roo, afirmó que la ley es “muy positiva” y constituye una respuesta a la queja de quienes son afectados sus derechos cada vez que hay una marcha que bloquea alguna de las principales arterias de las ciudades. Sin embargo, reconoció, “la ley todavía será revisada, muy cuidadosamente, para garantizar que no se afecten derechos fundamentales o se coarten garantías individuales”.

VIOLA LA CONSTITUCIÓN.- Este martes, la organización internacional Artículo 19, en su capítulo México, se pronunció contra la recién aprobada Ley de Ordenamiento Social en el estado de Quintana Roo, pues considera que “es una clara violación al derecho constitucional de la libertad de expresión”.

A través de un comunicado, la ONG expuso que esa ley, impulsada por el Partido Revolucionario Institucional, “impone restricciones ilegítimas que son contrarias a los tratados internacionales al no pasar el test de constitucionalidad y convencionalidad de la norma”.

Ayer, la iniciativa fue discutida y aprobada tanto en comisiones como en el pleno del Congreso de Quintana Roo, a pesar de que la oposición exigió un debate serio en el que se incluyera a la sociedad civil. La minuta recibió el apoyo de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PVEM). Sólo los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Acción Nacional (PAN) se opusieron a la medida.

Al respecto, activistas y expertos coincidieron que dicha Ley es una nueva forma de criminalizar la protesta social y de violar la libertad de manifestación y asociación. Por su parte, Artículo 19 precisó que la aprobación de la ley en Quintana Roo se da en el marco de la discusión en distintos estados donde también se pretende regular las marchas, como es el Distrito Federal y en Jalisco. “Resulta preocupante que este tipo de iniciativas no incorporen los estándares más altos que en materia de derechos humanos han desarrollado los mecanismos internacionales de promoción y supervisión de los derechos humanos, afectando al deber de buena fe del Estado mexicano, en evidente oposición a los compromisos internacionalmente adquiridos”, denunció. C

ONTROLADORES PRIISTAS.-La Ley de Ordenamiento Social, aprobada ayer por el Congreso de Quintana Roo, generó críticas y descontento entre políticos y activistas, quienes coincidieron en que la nueva legislación pretende restringir y controlar las manifestaciones en el estado gobernado por el priista Roberto Borge Angulo y alertaron que la decisión puede ser la plataforma para repetir el modelo a nivel nacional.

Los expertos consultados por SinEmbargo coincidieron que es una nueva forma de criminalizar la protesta social y de violar la libertad de manifestación y asociación. También destacaron que esta ley es parecida a la que la Cámara de Diputados discutió el año pasado para el caso del Distrito Federal. Jesús Robles Maloof, abogado y defensor de derechos humanos, opinó que la aprobación de la Ley de Ordenamiento Social es un indicador de “la sutileza macabra para reprimir” que ha caracterizado en su historia al Partido Revolucionario Institucional.

“Su forma de reprimir no era la misma que se ejercía en el Cono Sur en los setenta. Sus formas eran sutiles. Hoy las ha retomado: probar a la opinión pública, mediante el ensayo y el error. Ver cuáles son los reflejos de la sociedad que defienden sus derechos con la publicación de leyes estatales”, expuso el activista. “La nueva Ley de Ordenamiento Social forma parte de una estrategia de Estado para acallar el disenso, la manifestación pública y cualquier crítica contra actos de corrupción, impunidad, opacidad y violencia perpetrados por el gobierno de Borge Angulo”, afirmó la activista Lydia Cacho.

Por su parte, Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, mencionó que “la aprobación en Quintana Roo de la ley que limita las marchas, es una tendencia nacional para criminalizar los derechos humanos de manifestación y de asociación”. “Si bien legalmente puede aprobarse, es ilegítima porque está tratando de coercionar el derecho a la libertad de manifestación y de asociación que son los fundamentales contenidos dentro del derecho humano a la protesta”.

En Quintana Roo, los políticos locales también criticaron la Ley de Ordenamiento Social. Minutos después de darse a conocer la aprobación, legisladores de oposición manifestaron su descontento. Héctor Ortega, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), puso en duda la capacidad del legislador local priista Juan Carrillo Soberanis para elaborar una iniciativa de este modo, de quien dijo que es un Diputado “por dedazo, no por mérito”. “Proviene de Los Pinos y lo que están haciendo es presentarla en los Congresos locales, utilizando a los más brutos y los más fascistas para que sean los encargados de dar la cara y presentar estas iniciativas que lesionan los derechos constitucionales de la población”, comentó.

Además, dijo, Morena se encuentra analizando qué hacer para oponer resistencia a esta iniciativa que considera anticonstitucional. Por su parte, el dirigente estatal de Izquierda Democrática Nacional del PRD, Hugo González, cuestionó los motivos de los legisladores al proponer dichas iniciativas e incluso se preguntó si éstas no serán consignas. “Se supone que las leyes o las iniciativas de leyes deben de provenir de las preocupaciones ciudadanas, para eso están los que se dicen ser representantes sociales, para darles forma de iniciativa de ley a las preocupaciones del ciudadano. Pero tal parece que atienden a un patrón, ellos saben quién les manda”, comentó.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano emplea la figura “flagrancia equiparada” como estrategia para criminalizar la protesta social. A través de su “Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas”, que será presentado en Washington, Estados Unidos, el próximo jueves, la CIDH expone que en México, a través de la aplicación esta figura jurídica en algunos estados, se criminaliza la protesta social, pues es empleada para justificar detenciones masivas sin que las personas hayan sido detenidas realmente en flagrancia y sin vínculos ni objetos relacionados con el hecho perseguido. Estas detenciones se ven agravadas por la imposibilidad de muchas personas de pagar las altas fianzas de ex carcelación que se les fijaban. Lo que, a decir de la CIDH, constituye un ejemplo de como la imposibilidad de aportar una fianza puede ser utilizada como medida de represión contra determinados grupos. (Fuente: SINEMBARGO.MX)