Roberto Borge también vendió los terrenos que alguna vez quiso Donald Trump
Fabiola Cortés Miranda
La
historia no es reciente y tampoco inédita. Es muy sabido que en 2007 el ahora
presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pretendía realizar un enorme
desarrollo turístico en Punta Molas, la parte oriental de la Isla de Cozumel,
una zona completamente virgen y de alta fragilidad ecológica ubicada en el mar
Caribe. Pero al final, el magnate decidió retirarse por dos cuestiones.
La
primera, se ha dicho repetidamente, es que el entonces alcalde de Cozumel, el
panista, Gustavo Ortega Joaquín (2005-2008), le habría pedido a los hijos de
Donald Trump 20 millones de dólares para otorgar el cambio de uso de suelo a la
zona y asignarle las densidades necesarias para construir tres mil cuartos
hoteleros, marina, canales, campo de golf, tiendas y hasta aeropista.
Sobre
esta versión, en fechas recientes, Ortega Joaquín circuló a través de redes
sociales una extensa explicación, y negó que le hubiera pedido dinero a Ivanka Trump
y Donald Trump Jr, con quienes se reunió en 2006, junto con el entonces
gobernador, Félix González Canto, en la casa de Fernando Barbachano Herrero,
quien sería uno de los socios inversionistas. Vía telefónica Gustavo Ortega
reiteró a esta reportera que es falsa la versión de la solicitud de 20 millones
de dólares en calidad de “mordida” o “moche” a los Trump.
El
otro gran problema que enfrentó el proyecto fue la resistencia de ambientalistas
y ciudadanos debido a que implicaba devastar manglares y vegetación diversa, pero
lo peor: una grave sobrecarga y contaminación para la Isla. A pesar de ello,
las modificaciones al uso de suelo en el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial
(POEL) para desarrollar la zona que se llamaría comercialmente Punta Arrecifes,
sí fueron avaladas por el cabildo de Cozumel, durante la administración de
Gustavo Ortega, en 2008, por lo que el mayor inconveniente legal estaba
zanjado.
Un proyecto solo de papel
Todo
lo arriba dicho ya es sabido, pero lo que no se sabe del proyecto Punta
Arrecifes es que los inversionistas y el gobierno mexicano pretendían venderle
a Donald Trump “espejitos”, porque cuando le propusieron hacer el “gran
negocio” en un territorio virgen del Mar Caribe, en realidad no tenían aún los
terrenos para el mega desarrollo, pues éstos eran del Instituto del Patrimonio
Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), el mismo que usó Roberto
Borge para beneficiar con predios a empresarios, amigos y familiares.
Barbachano Herrero los adquirió apenas en el 2011, y desde entonces, las mil hectáreas
se encuentran en litigio.
Fernando
Eugenio Barbachano Herrero proviene de una familia latifundista de la Península
de Yucatán, es hijo de Fernando Barbachano Peón, quien fue dueño del terreno
donde se encuentra la zona arqueológica de Chichén Itzá, y por el cual la
entonces gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, pagó 220 millones de pesos al
nieto de Barbachano Ponce: Hans Jurgen Thies Barbachano.
En
el 2008, para el negocio que los ex Gobernadores y Barbachano Herrero pretendían
hacer con Donald Trump, sólo se tenían 100 hectáreas, propiedad del socio
inversionista, las cuales tienen una franja costera de 10 kilómetros, pero sobre
esta lonja de 10 hectáreas no se podía desarrollar nada por su alta fragilidad y
porque se encuentra pegada al mar con un suelo rocoso que en el primer huracán
convertiría cualquier desarrollo en ruinas; de allí que se requerían de las
otras mil hectáreas, las cuales en 2008 no eran de Fernando Eugenio Barbachano.
Las
mil hectáreas del proyecto le fueron vendidas al yucateco por el Instituto de
Administración del Patrimonio Inmobiliario del Estado, el ahora famoso IPAE, en
el 2011, y fueron algunas de las cientos de hectáreas que remató Roberto Borge
Angulo.
El
10 de mayo de 2011, un mes después de que Roberto Borge asumiera el cargo de
gobernador del estado, el IPAE le entregó a Fernando Eugenio Barbachano Herrero,
a través del contrato de compraventa simple 01456 de fecha 11 de agosto de
2010, un polígono de 700 hectáreas, esto es de siete millones de metros cuadrados
por los que pagó 14 millones de pesos. El contrato de promesa de compra-venta
se realizó en la administración del ex gobernador Félix González Canto, y se
materializó con Roberto Borge Angulo.
AQUÍ SE PUEDE VER EL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LAS 700 HRAS EXPEDIDO POR EL IPAE.
AQUÍ SE PUEDE VER EL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LAS 700 HRAS EXPEDIDO POR EL IPAE.
El
contrato de compraventa del otro terreno de 300 hectáreas, o tres millones de
metros cuadrados, se concretó el 13 de abril de 2011, apenas unos días después
de que Roberto Borge tomó el poder, y Fernando Eugenio Barbachano Herrero pagó
por éste solo seis millones de pesos.
AQUÍ SE PUEDE VER EL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LAS 300 HECTÁREAS EXPEDIDO POR EL IPAE.
AQUÍ SE PUEDE VER EL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LAS 300 HECTÁREAS EXPEDIDO POR EL IPAE.
La venta en 2011 de mil hectáreas, diez millones de metros cuadrados en una paradisiaca zona, a solo 20 millones de pesos, y que tenía en puerta un mega desarrollo sin duda parecía un gran negocio para los involucrados: Fernando Eugenio Barbachano y los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo; porque en el 2008, cuando el apellido Trump retumbó en Cozumel, las mil hectáreas aún no formaban parte del polígono del desarrollo con el que se pretendió conquistar a los hijos del magnate; se trataba de un proyecto de papel, y quizás en ese momento los Trump olieron el fraude.
Las
mil hectáreas que le fueron vendidas a Fernando Eugenio Barbachano desde el
momento en que le fueron transmitidas, y hasta ahora, se encuentran en litigio;
en un juicio que Luis Emilio de Jesús Bolio Méndez no se ha dejado ganar, como
se puede ver en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) de
Cozumel donde ambos predios tienen anotaciones judiciales.
Aún
así, en el 2011, ya con el terreno de mil hectáreas adquiridas por Barbachano
Herrero, se pretendía un desarrollo de menor densidad, de 600 cuartos, y ya no
de las tres mil habitaciones, aunque conservando las amenidades; sin embargo,
el tema ambiental seguía más vivo que nunca, y la presidenta de Cielo, Mar y
Tierra (Citymar), Guadalupe Álvarez, advirtió que los ciudadanos volverían a
salir a las calles para evitar una catástrofe ecológica para la Isla.
En
mayo de ese año, el entonces alcalde Aurelio Joaquín se volvió a reunir con los
hijos de Donald Trump, y unos meses después, en septiembre, el proyecto Punta
Arrecifes se presentó en Cozumel ante la clase empresarial; pero el apellido
Trump empezó a referirse con reservas, pues al parecer, los jóvenes hijos del
ahora Presidente electo de Estados Unidos ya habían perdido el interés en el
sitio.
Punta Arrecifes ya es área
natural protegida
Todo
sueño sobre un posible desarrollo en una de las zonas más vírgenes de Cozumel
se desvaneció en septiembre del 2012 cuando se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el que se declaró Área Natural Protegida, con el
carácter de área de protección de flora y fauna, la porción norte y la franja
costera oriental, terrestre y marinas de la isla de Cozumel.
Desde
el aire, se puede apreciar la majestuosidad de la zona, el suelo verde tupido
de vegetación, con franjas rocosas, y el mar azul con manchones de
microatolones; un gran vestigio ecológico conocido como “El Castillo” sobresale
por su altura, y algo más retirado, sigue erguido un viejo faro.
Pero desde tierra solo es posible penetrar en vehículos todo terreno, a través de una vereda que por momentos se torna demasiado rocosa, y si no fuera por el continúo paso de los vehículos militares que todos los días transitan el lugar, conocido por los constantes recales de droga, en unas semanas la vía nuevamente quedaría sepultada por la vegetación, que por todos lados predomina, al lado de altas dunas de arena. Un fuerte olor parecido al jazmín se respira durante el recorrido, lo desprenden los arbustos de pansil, una planta que se aferra a la arena y a las rocas. Así es el territorio que alguna quiso destruir Donald Trump junto con sus “socios” mexicanos, y que ahora está en disputa entre particulares, luego de que en el Gobierno de Roberto Borge las 900 hectáreas dejaran de ser parte del patrimonio del estado. (Texto y fotos: Fabiola Cortés Miranda)
Roberto Borge también vendió los terrenos que alguna vez quiso Donald Trump
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lunes, noviembre 21, 2016
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