El desvío comprobado de 1,464 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje, el descarado robo a Cancún y la Riviera Maya

Fabiola Cortés Miranda

CANCÚN, MX.- El lunes pasado presenté ante el Congreso local una demanda de Juicio Político en contra del Secretario de Finanzas de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, por el desvió mil 464 millones 604 pesos provenientes del Impuesto al Hospedaje (IAH), recaudados entre el 2014 (724 millones 766 mil pesos) y de enero a septiembre de 2015 (739 millones 838 mil pesos).

A  través de una investigación realizada durante alrededor de dos años y luego de presentar entre 60 y 70 solicitudes de información, logré acopiar decenas de documentos en los que se pone en evidencia que el dinero que la Secretaría de Hacienda de Quintana Roo recaudó por IAH no se entregó a los fideicomisos de promoción turística ni a los ayuntamientos, y tampoco existe información sobre su destino.   

La demanda se acompañó con 17 pruebas documentales obtenidas en diferentes momentos, por medio de las unidades de información del Poder Ejecutivo, y de los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen).  

Entre los documentos presentados se encuentran los que detallan la deuda con proveedores que a la fecha tienen los fideicomisos de promoción turística de Cancún y la Riviera Maya; el primero por un total de 224 millones de pesos, y el segundo por 118 millones de pesos.

Otros documentos destacables que se anexaron como pruebas del millonario desvío de recursos, son las actas de sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez (que comprende Cancún, Isla Mujeres, y Holbox) en las que en repetidas ocasiones los empresarios José Chapur Zahoul, propietario de la cadena Palace, e integrante del Consejo así como el hotelero Abelardo Vara, expresan su preocupación y malestar porque la Secretaría de Finanzas no entrega los recursos del Impuesto al Hospedaje.

Por ejemplo, en el acta de la Tercera Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez, celebrada el 24 de agosto de 2015, los empresarios hoteleros reprochan la falta de recursos para la promoción turística y muestran su preocupación por los adeudos En el punto 5 “Informe de seguimiento de acuerdos”, en lo relativo al Acuerdo 08/II/ORD/2015, en su segundo párrafo se lee lo siguiente:

“Los Sres. Abelardo Vara Rivera y José Antonio Chapur Zahoul, en referencia a los adeudos de ejercicios anteriores que tiene el fideicomiso con sus proveedores, así como las aportaciones del gobierno del estado pendientes de enterar de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, señalaron su preocupación por los adeudos que tienen, sin que se haya dado una solución a la fecha a pesar de que se ha venido insistiendo en ello. Recordaron la necesidad de hacer promoción del destino sea buena o mala la ocupación que se dé. Mencionaron también que no es posible tener la promoción que se requiere sin que se paguen las campañas y promociones tanto institucional como cooperativos. Hicieron un llamado al gobierno del estado a no desperdiciar los buenos tiempos de Cancún. El estado vive del turismo, la fuerza motriz de todo el estado es el turismo, por lo que es indispensable que se cubran dichos pasivos a la brevedad.       

En esa misma acta, se hace referencia al Acuerdo O3/III/ORD/2015 en el que  “el Comité Técnico de manera unánime acordó se revisarán los adeudos pendientes de los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Estableciendo un plazo de un mes, en el que las Secretarías de Turismo y de Finanzas y Planeación deberán presentar una estrategia para cubrir los mencionados adeudos en un corto plazo”.

Este tipo de exhortos se repiten a lo largo de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso, que es el órgano de gobierno y máxima autoridad del Fideicomiso.

En el caso del Fideicomiso de Solidaridad (que abarca Cozumel y Tulum), en los estados financieros anexos a las Sesiones del Comité se lee que el organismo de promoción se encuentra en quiebra total, lo cual también es advertido por el auditor externo, mismo que considera urgente que se le entreguen los recursos que le dejó de ministrar la Secretaría de Finanzas, así como ingresos extras para poder sanear su situación.

   

Por ejemplo, en el anexo del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad, del 11 de diciembre de 2014, titulado “Informe de los auditores independientes”, en el subtítulo “Párrafos de énfasis”, en el tercer párrafo se advierte que el Fideicomiso de promoción turística de la Riviera Maya está en literal bancarrota, pues su pasivo circulante (deudas, gastos) supera por mucho su activo (ingresos), además de que ha perdido la totalidad de su patrimonio:

“El estado de posición financiera muestra un activo circulante de $70,250,574.11 y un pasivo circulante de $109,310,041.21, lo que da como resultado un exceso de pasivos circulantes sobre sus activos circulantes de $39,059,467.10, así también ya no cuenta con patrimonio como resultado de las aportaciones o ahorros, sino por lo contrario, tiene un saldo negativo de $38,839,008.22, estos importantes factores indican que el fideicomiso no tiene recursos suficientes, por lo tanto, tampoco cuenta con capacidad de pago para cumplir con sus compromisos y obligaciones con sus proveedores y acreedores, por lo que es necesario que éste obtenga lo más pronto el pago de sus aportaciones  del impuesto al hospedaje que se le adeudan al 31 de diciembre de 2014, así como también  que obtenga la autorización de recursos adicionales, de lo contrario esto afectará sensiblemente la marcha y la operación del fideicomiso”.      

En algunas otras actas de asamblea se lee la cancelación de actividades de promoción como la requerida por la Secretaría de Turismo del estado quien solicitó se destinaran 100 mil euros para promocionar el vuelo Dublín-Cancún de la aerolínea del Grupo TUI. Pero ésta no se llevó a cabo por falta de recursos.

Igualmente se integró a la demanda un documento en el que se detalla la aportación de 1.5 millones de pesos por parte de la Tesorería de Solidaridad ante la incapacidad del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya para hacer frente a los compromisos de la organización del Festival de Jazz de la Riviera Maya 2015.    

Otros documentos con los que se sustenta el desvío de recursos son las reiteradas negativas del titular de la SEFIPLAN, Juan Pablo Guillermo, de responder a las solicitudes de información sobre el destino de los recursos provenientes del Impuesto al Hospedaje IAH.

La demanda de juicio político la interpuse como presidenta de la asociación civil “Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo”, misma que centra su acción en el combate a la opacidad y la corrupción, y en el fomento de la rendición de cuentas y la ciudadanización de la política.

Hoteleros españoles abandonan la Asociación de Hoteles

El 15 de marzo de 2013, cuando Roberto Cintrón Díaz del Castillo (q.e.p.d.), fue elegido presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC), se planteó como tarea pedir transparencia en el manejo del dinero que los hoteleros entregaban al gobierno de Quintana Roo por el alquiler de más de 35 mil habitaciones con las que cuenta Cancún (en el estado son alrededor de 80 mil cuartos).

(…) “sería bueno tener más transparencia en dicho tema (el impuesto al hospedaje), y tener una cantidad exacta de cuánto se está recaudando, por lo que pedir este informe a las autoridades, sería una de las primeras acciones”,  (…) “lo que necesitamos es que retorne el tres por ciento, luego de quitarle el porcentaje del cinco por ciento Hacienda por el manejo y el 20 por ciento del municipio”, dijo ese día Roberto Cintrón.

Meses después de la declaración del entonces dirigente hotelero, el gobernador Roberto Borge Angulo respondió a la intentona de fiscalizar los cientos de millones de pesos del IAH, imponiendo, por ley, un manejo aún más discrecional de los recursos, pues cambió los estatutos de los Fideicomisos de Promoción Turística, anteriormente beneficiarios y administradores directos del dinero proveniente de este gravamen, para centralizar su disposición en la Secretaría de Hacienda.

La falta de recursos de los fideicomisos de promoción turística del estado se fue haciendo cada vez más evidente, pues llegó un punto en el que éstos se encontraban en total bancarrota. Sus adeudos con proveedores se prolongaban por casi un año, y lograban continuar operando gracias a que sus acreedores aguantaban.

Sin embargo, fue inocultable la ausencia de los destinos turísticos en ferias internacionales, y en el caso de la Riviera Maya, fue pública y conocida la incertidumbre que sorteó el Festival de Jazz el año pasado, cuando incluso parecía que este evento se cancelaría.

Ante este panorama, tanto el director del Fideicomiso de Promoción Turística de Cancún, Jesús Almaguer Salazar, como Darío Flota Ocampo, de la Riviera Maya, guardaron un silencio cómplice, y lo que es más, se han empeñado en ocultar la crítica realidad de los órganos de promoción.  

Lo mismo hicieron los presidentes de la Asociación de Hoteles, el propio Jesús Almaguer, fue durante varios años líder del sector. En la Riviera Maya, el presidente de los hoteleros Jean Agarrista, jamás se ha atrevido ni a cuestionar mínimamente el destino de miles de millones de pesos.   

Ante la repentina muerte de Roberto Cintrón, en febrero de 2015, lo sustituyó como presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Carlos Gosselin, quien igualmente, se mantuvo durante casi un año, negando la crisis financiera en la que estaba inmerso el fideicomiso de promoción turística.  

Pero llegó un punto en que el desvío del dinero por concepto de Impuesto al Hospedaje fue insoportable para las cadenas hoteleras españolas, las dueñas de las dos terceras partes de los cuartos de hotel en el Caribe mexicano, y en el proceso de renovación de su dirigencia, a fines de febrero de 2015, cuando se reeligió a Carlos Gosselin, la organización hotelera se cimbró con la amenaza de que las cadenas españolas Iberostar, Barceló y Meliá, abandonarían la Asociación de Hoteles, como ya lo había hecho el grupo Oasis. Al final solo ésta última abandonó la asociación.

Leer: El saqueo del gobernador Roberto Borge que hartó a los hoteleros españoles

Una de las principales molestias de los hoteleros españoles fue que, desde su punto de vista, se habían violentado los estatutos de la Asociación prolongando el interinato de Carlos Gosselin, y porque no se eligió a un hotelero español impulsado por el Grupo Oasis, Pedro Pueyo, como presidente de la Asociación de Hoteles.

Los ibéricos demandaban el cambio por la falta de transparencia en el manejo del IAH y porque  ya no estaban satisfechos con la estrategia de promoción puesta en marcha por el gobernador Roberto Borge.  Pero al final de cuentas, ninguno fijó su postura pública en torno a este tema.

Todos han sido cómplices y todos han callado.

Las 17 pruebas que ponen en evidencia el millonario desvío

Las 17 pruebas que se anexaron a la demanda de juicio político son documentos públicos y pueden descargarse en el siguiente link  

Leer: Las17 pruebas que sustentan el desvío de recursos por mil 464 millones del Impuesto al Hospedaje

Allí se encuentran, entre otros documentos, las actas de sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de Promoción Turística de Benito Juárez en las que de manera reiterada el propietario de la cadena Palace, José Chapur, así como el hotelero Abelardo Vara, insisten en la urgencia de que la Secretaría de Hacienda entregue los recursos que recauda del impuesto al hospedaje, toda vez que las deudas con proveedores ponen en riesgo la capacidad de operación del Fideicomiso.

Es importante subrayar que el Comité Técnico está integrado por los titulares de diversas dependencias, entre éstas la Secretaría de Finanzas y Planeación, y el propio Juan Pablo Guillermo Molina asistió personalmente a algunas de las sesiones; en su ausencia ocupaba su lugar su suplente, otro funcionario de la Sefiplan, por lo que Guillermo Molina estaba al tanto de la exigencia de los empresarios.

También asistía a las sesiones del Comité Técnico un representante de la Secretaría de la Gestión Pública, la dependencia encargada de vigilar la actuación de los servidores públicos, misma que fue omisa en investigar lo que a todas luces es un desvío de recursos por cientos de millones de pesos; pues mientras la recaudación por IAH aumentaba por los altos niveles de ocupación, el gobierno del estado les cerraba más la llave a los fideicomisos, les retenía su presupuesto programado y además, manejaba con total discreción y opacidad los millonarios recursos.  

Cabe recordar que el 18 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial la reforma al Decreto de creación de los fideicomisos de promoción turística impulsada por el gobernador Roberto Borge, lo que le dio a éste total control sobre el manejo de los recursos derivados de la recaudación del IAH.

El procedimiento de juicio político

Frente a la estructura del PRI-gobierno y su total control de la Cámara de Diputados parece ocioso intentar un procedimiento de juicio político en contra del operador financiero del gobernador Roberto Borge Angulo. Sin embargo, son esas las instituciones que tenemos y no queda otro remedio que andar sobre ellas.

   

A la presentación de la demanda el pasado lunes 25 de abril siguió la ratificación de la misma, el marte 26 de abril, ante la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del estado, Natividad Cruz Lara.

La Comisión de Justicia, además de Cruz Lara, está integrada por los diputados Edgar Humberto Gasca Arceo (PRI); Sergio Bolio Rosado (PAN); Ariel Germán Cab Robertos (PANAL) y Javier Briceño Ramos (PRI). Será ésta la que determine si la denuncia reúne los requisitos de procedibilidad, es decir, si se cumplen los requisitos de ley para someter al funcionario señalado a juicio político.

Si la Comisión determina que la denuncia reúne los requisitos de procedibilidad, remitirá la misma a la Legislatura para que ésta le dé el trámite correspondiente. La Comisión puede también desechar la denuncia, si considera que no reúne los requisitos de ley.

Si la denuncia se remite a la Legislatura, ésta elegirá a una Comisión Instructora que se encargará de estudiar, analizar y determinar la procedencia de la denuncia, en lo que hace al fondo del asunto, y de encontrar elementos, se constituirá en órgano de acusación.

Luego de su análisis, la Comisión Instructora determinará si el procedimiento continúa, o si se da por concluido.

En caso de continuar, la Comisión Instructora podrá señalar

I. Que está legalmente comprobada la acción u omisión en materia de la denuncia.

II. Que existe probable responsabilidad del servidor público encausado.

III. Que la sanción debe imponerse de acuerdo con la ley.  

La Comisión Instructora enviará sus conclusiones al Secretario de la Mesa Directiva, con el carácter de acusación, solicitando se continúe con el procedimiento correspondiente.

Recibidas las conclusiones de la Comisión Instructora por el Secretario de la Mesa

Directiva, éste dará cuenta al Presidente de la Legislatura, quien anunciará a la propia Legislatura sobre la imputación.

La Legislatura, reunida en pleno, celebrará una sesión para el efecto de discutir el dictamen de la Comisión Instructora y votar su aprobación o rechazo. Si la Legislatura rechaza el dictamen presentado, el presidente de la misma declarará que no ha lugar a iniciar juicio político en contra del servidor público denunciado por los actos o hechos imputados. En caso contrario, la Legislatura iniciará el juicio político actuando como Jurado de Sentencia.

Parece muy ilusorio creer que algún día se terminará la impunidad de los funcionarios que saquean el erario y que hurtan miles de millones de pesos, sin ninguna consecuencia; pero siempre es mejor intentar hacer algo, que cruzarse de brazos. (NoticaribeNews)