Pretende ayuntamiento “despojar” 40 locales a concesionarios de mercado Diana Laura

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La semana pasada el gobierno municipal de Román Quian emitió un comunicado en el que afirmaba que “el proceso de revocación de concesiones de 40 locales del mercado Diana Laura Riojas está en su fase final para proceder, de inmediato, a su reasignación”.

Sin embargo, de acuerdo a una solicitud de información realizada por esta reportera, y firmada por el entonces titular del área, Lenin Amaro Betancourt, el tan publicitado proceso de revocación nunca se inició. Además si la causa del proceso de revocación de concesiones obedece a que se mantienen cerrados los locales, el ayuntamiento de Solidaridad también perdería los suyos, toda vez que no ha abierto los que tiene asignados, entre ellos, uno de los llamados ancla, que mide 148.5 metros cuadrados y se encuentra grafiteado y en total abandono, más dos del DIF y cinco de la Zona Maya.

En el comunicado de prensa difundido el 28 de mayo, Pedro Leal Salazar, actual director de Desarrollo Económico afirma que “el mercado Diana Laura Riojas tiene un total de 242 locales comerciales, de los cuales 120 están cerrados, 82 están en funcionamiento y 40 en proceso de revocación de concesión”.

Pero, de acuerdo a la lista de locatarios obtenida por esta reportera, son 252 locales, esto es, 10 más de los reportados por el ayuntamiento. Cabe aclarar que la lista de concesionarios se obtuvo gracias a un recurso de revisión presentado ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIP) tras la negativa del entonces director de Desarrollo Económico, Lenin Amaro, de entregar dicho listado.

Un mercado donde faltan marchantes y sobran políticos

Su creación tuvo que esperar 10 años, su inauguración casi dos, y su operación quizás tenga que aguardar otros años más, se trata del mercado Diana Laura Riojas, de la colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen.

El centro de abasto se concluyó en la administración anterior, pero correspondió a la del actual edil Román Quian ponerlo en operación, lo cual no ha ocurrido, por obstáculos más políticos que prácticos.

La iniciativa de retirar las concesiones a todos aquellos locatarios que no abrieran sus espacios, y posteriormente, reasignarlas a otros interesados en adquirirlas fue del ex director de Desarrollo Económico, Lenin Amaro Betancourt, por lo que el funcionario, quien renunció a su cargo para participar en el actual proceso electoral, ‘inició’ un proceso de revocación en contra de los concesionarios que no abrían sus locales; aunque, posteriormente negó la existencia de dicho proceso, según se confirmó a través de la solicitud de información 77/2010, de fecha 26 de marzo de 2010, a la que contestó diciendo que: “no se ha rescindido o revocado concesión alguna y tampoco se ha iniciado proceso alguno para rescindir o revocar alguna concesión”.

El mercado Diana Laura, según declaró uno de los ex líderes de este centro de abasto, quien solicitó no revelar su nombre, se ha convertido en el “mercado de los políticos”, pues, de acuerdo a la fuente, entre los actuales concesionarios se encuentran funcionarios y ex funcionarios como el tesorero Mauricio Góngora; la ex tesorera municipal Haydée Pastrana; la ex directora jurídica Ligia Mendoza Agurcia; y Samaria Ángulo, ex directora de Comercio y actual representante de la Seplader en la zona norte; aunque todos utilizando la figura de ‘prestanombre’.

Quien sí se encuentra como nueva concesionaria es Yumara Mezo Canul, actual directora de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información municipal, con el local número 106, de la planta alta, lo cual es a todas luces ilegal, ya que contraviene el artículo 81 de la Ley orgánica municipal del estado libre y soberano de Quintana Roo, el cual prohíbe expresamente beneficiarse de las concesiones municipales a los miembros del ayuntamiento, a los servidores públicos o empleados municipales así como a sus cónyuges o parientes consanguíneos, por afinidad, o civil, hasta en segundo grado.

De manera oficial, como concesionarios, también están los hijos y esposa del actual candidato a presidente municipal por la alianza PRD, PT, Convergencia, Marciano Toledo, con 8 espacios; toda vez que no prosperó la supuesta demanda legal que la administración de Carlos Joaquín, a través del departamento jurídico al mando de Ligia Mendoza Agurcia, realizó para revocar las concesiones que ilegalmente se adjudicó Marciano Toledo cuando era regidor, en la administración 2002-2005 con Gabriel Mendicuti.

Marciano Toledo obtuvo en ese entonces, 8 locales, entre ellos uno de los llamados ancla, que medía 175.5 metros cuadrados, según la primera lista de concesionarios obtenida a través de la Unidad de Transparencia, en septiembre del 2005, aunque en la lista “renovada”, entregada en marzo de 2009, el referido local ancla, de José Carlos Toledo, Medina, mide 148. 5 metros cuadrados, es decir se “achicó” 27 metros cuadrados.

A quienes sí se les hizo efectivo el retiro de su concesión, fue a los entonces funcionarios Javier Cal López, quien era Secretario municipal de Transporte; así como a Jorge Polanco Benois, director de Salud.

Varios de los locales que actualmente ocupa la familia Toledo, no coinciden con los que originalmente adquirió Marciano Toledo, como consta en los listados del 2005 y del 2009.

“Brotan” concesionarios y cambian medidas de locales

Según la lista de concesionarios del mercado Diana Laura, entregada por la Unidad de Transparencia de Solidaridad en el 2005, se tenían 232 locales, contando los ocho que supuestamente se le retirarían a Marciano Toledo y su familia, y los otros dos de los ex funcionarios Javier Cal y Jorge Polanco; pero en la lista actual hay 252 locales.

¿De dónde provienen esos “nuevos” locales y cómo se repartieron?. Si se coteja la lista del 2005 y la del 2009, es posible detectar una serie de “cambios” en la estructuración del mercado y la medida de algunos locales.

Además del local ancla de José Carlos Toledo Medina, que pasó de 175.5 metros a 148.5 metros cuadrados, algunos otros también sufrieron inexplicables “recortes”, como el B2 y el B3, que en la lista del 2005 aparecían con una medida de 11.2 metros cuadrados, y ahora, en la lista del 2009, aparecen con 9 metros cuadrados. El B11 pasó de tener 9 metros a 6.7 metros cuadrados; el B12 de 9 metros a 3.65 metros cuadrados. El C2 y C3 disminuyeron de 11.2 metros a 9 metros cuadrados. El C11 de 9 metros a 6.7 metros cuadrados; el C12 de 9 metros a 3.65 metros cuadrados. El D4 de 9 metros a 4.5 metros cuadrados. El F4 de 9 metros a 4.5 metros cuadrados. El H1, K1, L1, O5 y Q5 “decrecieron” de 9 metros a 4.5 metros cuadrados.

Hay un caso a la inversa, como el B 10, que en el 2005 medía 9 metros, y en la lista del 2009 es reportado con 11.2 metros cuadrados, es decir, en unos años, se “estiró”.

¿Cómo podrá explicar el ayuntamiento de Solidaridad que de 232 locales que supuestamente se tenían en el 2005, ahora reconoce 242 locales, pero en los listados entregados oficialmente hay 252 locales, todos ya asignados y con el nombre de los concesionarios?.

¿Reasignación de locales o despojo?

La pretendida revocación de concesiones que pretende llevar a cabo el ayuntamiento de Solidaridad sobre los locatarios que no han abierto sus espacios en el mercado Diana Laura Riojas, parece más un despojo que un proceso de revocación, toda vez que el procedimiento no sólo no está claro, sino está inmerso en una serie de trabas administrativas y violaciones legales para impedir, a toda costa, que los actuales concesionarios conserven sus locales.

Además de que como ya se mencionó los locales municipales tampoco han abierto, así como algunos de la familia de Marciano Toledo, y los de la funcionaria Yumara Mezo, a quienes no se les ha notificado el “decreto de caducidad”, lo cual de inicio representa una violación constitucional en lo que toca a la equidad jurídica con la que deben ser tratadas todas las personas.

Aunque en la solicitud 77/2010 el entonces director de Desarrollo Económico, Lenin Amaro, negó la existencia de un proceso de revocación, el ex funcionario reconoció y entregó el listado de 31 concesionarios a quienes se les había notificado el procedimiento.

La notificación recibida por algunos concesionarios, y de las que esta reportera tiene fotocopias, señala en su encabezado “Decreto por el que se declara la caducidad de la concesión otorgada a NOMBRE DEL CONCESIONARIO para la explotación del local comercial marcado con el número X (…)”.

En dicha notificación se citan las diversas leyes y reglamentos que facultan al presidente municipal Román Quian Alcocer, para dar por terminada la concesión para la explotación de los locales comerciales del mercado Diana Laura, y entre ellos, se hace referencia al acuerdo tomado en la 25 sesión ordinaria de cabildo, de fecha 2 de abril del 2009.

En este acuerdo se INSTA al presidente municipal para que inicie los procedimientos señalados por la Ley de los municipios del estado de Quintana Roo para dar por terminadas las concesiones para la explotación de los locales comerciales del mercado Diana Laura Riojas (…).

En el acuerdo segundo, “se solicita al presidente municipal para que se someta a la aprobación de este honorable ayuntamiento a las personas a quienes podrá otorgárseles en concesión los locales que se encuentren a disposición del honorable ayuntamiento, y reúnan los requisitos que señala la Ley de los municipios del estado de Quintana Roo (…)”.

Pero, lo anterior no es suficiente, en términos legales, para revocar y reasignar las concesiones, y son varias las anomalías que se han presentado en el procedimiento municipal. La primera de ellas tiene que ver con la notificación a los concesionarios, la cual fue realizada por empleados de la Dirección jurídica del ayuntamiento quienes no tienen personalidad jurídica para ello, por no estar investidos de fe pública; es decir, es como si cualquier persona hubiera hecho las notificaciones, éstas carecen de formalidad y por lo tanto son nulas.

Otra de las irregularidades radica en el hecho de que el ayuntamiento está “notificando” un “DECRETO” por el que se declara la “CADUCIDAD”, aún y cuando los locales estén abiertos, por no estar operados directamente por los beneficiarios de la concesión.

Más importante aún, es que las notificaciones del “DECRETO por el que se declara la caducidad” realizadas por el ayuntamiento, son anticonstitucionales, toda vez que se negó el derecho de audiencia de los afectados. A pesar de que el artículo 186 de la Ley de los municipios señale que en el caso de no prestarse el servicio concesionado, la caducidad opera de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo, lo anterior es violatorio de las garantías individuales, puesto que ninguna ley estatal se encuentra por encima del texto constitucional que en su artículo 14 protege el derecho de audiencia.

Es decir, los concesionarios a quienes se pretende revocar la concesión no fueron oídos, se les negó el derecho de audiencia, ya que el ayuntamiento no notificó el inicio del procedimiento sino un ilegal “decreto”.

Documentos de consulta

Se adjuntan los documentos obtenidos, la mayoría, a través de la Unidad de Transparencia, entre ellos, el listado de concesionarios del 2005, y el del 2009, en los que se hace evidente el cambio en el número de concesionarios, en el nombre de los concesionarios, y en la medida de los locales. También se presenta la respuesta que el entonces director de Desarrollo Económico, Lenin Amaro, dio a esta reportera sobre el proceso de revocación; el listado de las personas a quienes se les notificó la “revocación”; así como una de las “notificaciones” del “Decreto” de caducidad de concesión que ha entregado el ayuntamiento. (NoticaribeNews)