Manejos políticos retrasan operación del mercado municipal

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La operación del mercado Diana Laura Riojas de la colonia Colosio está quedando en manos de  políticos de la Riviera Maya, no sólo porque nunca se llevó a cabo la supuesta revocación de concesiones que algunos funcionarios obtuvieron de manera irregular, sino porque ahora, los ex funcionarios no abren los locales que les fueron asignados, dijo Rudy Pérez Martínez, representante de los comerciantes del mercado.

Pérez Martínez señaló que se está haciendo un llamado los concesionarios para que abran sus locales, o de lo contrario, les serán revocadas las concesiones. Hasta el momento está operando aproximadamente el 70 por ciento de los 242 locales del mercado pero la mayoría de los que permanecen cerrados son los que están en manos de funcionarios y ex funcionarios de las pasadas administraciones, acusó el líder de los locatarios.

El mercado Diana Laura Riojas inició prácticamente como un proyecto político en la administración del entonces presidente municipal Miguel Ramón Martín Azueta, pero su construcción no se consolidó sino 10 años después, en el periodo de gobierno de Carlos Joaquín González.

Rudy Pérez señaló que es amplia la lista de funcionarios que se beneficiaron con una concesión, aunque prefirió no detallar nombres: “son muchos los funcionarios y ex funcionarios que tienen locales, pero el problema ahora no es ése, sino que no los abren, y con ello afectan el funcionamiento del mercado”, aseguró; y es que el inmueble permanece sub utilizado, en detrimento de los comerciantes que le han apostado al mercado.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) al que le fueron adjudicados cuatro locales tampoco los ha abierto, señaló el líder de los locatarios; aunque el DIF no ha perdido la oportunidad de administrar los baños del mercado, cuyos recursos no son reintegrados a este inmueble, sino ingresan directamente a las arcas del organismo de beneficencia.

Otros cuatro locales fueron asignados para beneficio de los comerciantes de la zona maya, sin embargo, también se encuentran cerrados.     

Lenin Amaro, director de Desarrollo Económico, señaló que actualmente están en proceso de revocar cinco concesiones de locatarios, aunque negó que funcionarios o ex funcionarios se encuentren entre los que no han ocupado sus espacios.

Cabildo acordó retirar concesiones a políticos, pero la medida no se cumplió 

Entre los políticos que actualmente poseen una concesión dentro del mercado se encuentran Marciano Toledo, regidor al momento de la adjudicación de las concesiones, que se benefició con ocho espacios, cuya titularidad está a nombre de su esposa e hijos, entre ellos, el actual regidor y líder del Frente Juvenil del PRI, José Luis Toledo.

En la décima sesión de cabildo de la anterior administración, celebrada el 24 de agosto de 2005, se estableció que las concesiones les serían retiradas a la familia Toledo, a Javier Cal, quien fungió como director de Transporte en la administración de Carlos Joaquín, así como a Jorge Polanco Benois, director de Salud en la administración de Gabriel  Mendicutti.

En la sesión de cabildo del 24 de agosto de 2005 se estableció “que tomando en cuenta que en la quincuagésima sexta sesión de cabildo de fecha 15 de septiembre de 2004 se aprobó la lista y padrón de los locatarios que hubieran cumplido los requisitos y condiciones que señalara el Comité de administración nombrado y los que señalaba la entonces ley orgánica municipal del estado de Quintana Roo, destacando que en la misma se establecía en el artículo 81 fracciones I, II y III, que no podrán otorgarse concesiones a miembros del ayuntamiento, a servidores públicos municipales, ni a sus cónyuges, sus hijos, hermanos, parientes por afinidad, y a pesar de esa expresa prohibición se contemplan en dicho padrón miembros del ayuntamiento tales como los regidores de esa época  Marciano Toledo Sánchez y Javier Cal López, destacando que respecto del primero aparece su cónyuge la señora             

En esa misma sesión, se acordó que los locales retirados a los políticos quedarían en propiedad del ayuntamiento, mismo que destinaría dos para el usufructo de los pobladores de la zona maya y otros para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).    

Igualmente quedó consignado que los derechos de concesión de los locales comerciales pueden ser transmitidos por el concesionario respectivo o por herencia a sus hijos y familiares, a excepción de que se trate los que expresamente prohíbe la ley, y que son a miembros del ayuntamiento, servidores públicos municipales y sus familiares.

El padrón de concesionarios pasó de información pública a confidencial  

En agosto de 2005, esta reportera obtuvo el padrón de concesionarios del mercado Diana Laura Riojas, en el que se encuentran registrados los nombres de los concesionarios de 232 locales, además del listado de los locales que se asignaron los funcionarios ya referidos.

En enero pasado se volvió a formular la solicitud del padrón en virtud de que el número de concesionarios se incrementaron, además de que la Dirección de Desarrollo Económico inició un proceso de retiro y reasignación de concesiones, sin embargo, el titular de esta oficina, Lenin Amaro Betancourt, decidió clasificar como confidencial el padrón de los concesionarios porque “son datos personales”, señaló en la respuesta dada a la solicitud 011.

Al parecer, la negativa a entregar el listado de los concesionarios se debe, entre otras cosa, a que en el padrón están registrados los nombres de políticos, actualmente funcionarios, o que en el momento de la asignación de lotes eran funcionarios, lo cual es ilegal, de acuerdo a la Ley Orgánica municipal del estado de Quintana Roo.

Nombres como el del regidor de servicios públicos, José Luis Toledo, con el local H-02, aparecen en el padrón del mercado Diana Laura Riojas, pues la anterior administración no llevó a cabo, no concretó, o perdió el procedimiento legal de revocación de las concesiones, según se confirma con la respuesta que el actual director jurídico del ayuntamiento dio a la solicitud de información 013.

A la pregunta de en qué etapa se encontraba el proceso legal que en la administración pasada se inició en contra de los funcionarios que obtuvieron concesiones de locales en el mercado Diana Laura, el director jurídico del ayuntamiento, Pedro Silveira Mena, respondió que la dirección a su cargo “no tiene conocimiento alguno respecto a la realización de algún procedimiento en contra de funcionarios de la administración pasada”. (NoticaribeNews)