Se presentan denuncia ante PGR contra prestanombres de Roberto Borge

Fabiola Cortés Miranda 

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Derivado de las investigaciones que ha documentado la asociación “Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo”, en contra de presuntos prestanombres del ex gobernador Roberto Borge Angulo, este lunes se presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se señalaron a personas físicas y morales quienes habrían incurrido en presuntos hechos delictivos, relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En conferencia de prensa efectuada en las instalaciones de CENCOS y con el apoyo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se ofrecieron detalles del contenido de la denuncia en contra de los prestanombres.

En la denuncia ingresada por Oficialía de Partes en la PGR se señaló a las siguientes personas físicas: EDGAR MANUEL MÉNDEZ MONTOYA, JUAN GONZÁLEZ ANGULO y NOEMÍ RODRÍGUEZ RAMOS quienes habrían incurrido en diferente grado y participación en el delito señalado, al constituir la sociedad ISLA CABAÑAS, S.A. DE C.V., según copia del Acta Constitutiva de la referida sociedad, número P.A. 12586, de fecha 6 de diciembre de 2011, ante el notario Rubén Antonio Barahona López. Para la constitución de la persona moral, las partes otorgaron un capital variable de $107’878,500.00 pesos (ciento siete millones ochocientos setenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

A RAÚL OMAR GONZÁLEZ ANGULO, LUIS ALBERTO SIERRA SAURI (hijo de la ex

gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho), ROBERTO MARROQUÍN SÁMANO y GERMÁN GARDUSA LINARES, se les señaló por su posible participación en virtud de que forman parte del Consejo de Administración de ISLA CABAÑAS.

Sobre esta sociedad, se entregó a la autoridad investigadora copia simple de la Escritura Pública número P.A. 12710 de 14 de diciembre del 2011, registrada ante la notaria 13 de Rubén Antonio Barahona López, del contrato de compraventa sobre un terreno de 15 mil 772 metros cuadrados, ubicado en el kilómetro 4.8 de la carreta costera sur de la isla de Cozumel, en el que intervienen como parte vendedora Corporación Hotelera Hispano Mexicana SA de CV y como parte compradora Isla Cabañas SA de CV, representada en dicho acto por Juan González Angulo y Edgar Manuel Méndez Montoya.

El precio de compraventa del predio referido se fijó en ocho millones de dólares americanos, equivalentes a $109’124,800.00 pesos (ciento nueve millones ciento veinte cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.); ,de los cuales, 4’000,000.00 EUA (cuatro millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América)  equivalente en moneda nacional a la cantidad de $54’562,400.00 M.N. (cincuenta y cuatro millones quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) fueron entregados por la parte compradora mediante transferencia electrónica de fondos, que recibió previamente la parte vendedora. En tanto, los otros 4’000,000.00 EUA (cuatro millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América)  equivalente en moneda nacional a la cantidad de $54’562,400.00 M.N. (cincuenta y cuatro millones quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) fueron  entregados mediante el endoso en propiedad a favor de la parte vendedora, en siete

pagarés.

Cabe mencionar que en el predio adquirido, Isla Cabañas construyó un hotel que se encuentra en etapa final de acabados y decoración denominado “The Westin Cozumel”  y que sería operado por la firma Starwood.

Entre las pruebas entregadas a la PGR para acreditar el presunto hecho delictivo se encuentran los datos de ingresos reportados al SAT por Edgar Manuel Méndez Montoya, Juan González Angulo y Noemí Rodríguez Ramos, de los que se advierte que ninguno reporta ingresos del monto de los requeridos para llevar a cabo operaciones de la cuantía de la descrita.

Por ejemplo, Juan González Angulo, no ha reportado ingresos fiscales desde el 2009 hasta la fecha; en dicho año tuvo ingresos por $200,000 pesos (doscientos mil pesos00/100 M.N); Juan González, quien radica en la Isla de Cozumel no tiene una actividad empresarial visible, pública e identificable y tampoco ha recibido herencia alguna que le hubiesen permitido aportar 52 millones de pesos para la constitución de la sociedad Isla Cabañas. Es tío de Félix González Canto, ex gobernador de Quintana Roo.

Por el mismo probable hecho constitutivo de delito se denunció a MARÍA ROSA YOLANDA ANGULO CASTILLA y/o ROSA MARÍA ANGULO CASTILLA,CÉSAR CELSO GONZÁLEZ HERMOSILLO Y MELGAREJO y JOSÉ HÉCTOR MORÍN LÁZARO; para lo cual se entregó a la autoridad investigadora copia simple del Convenio de Cesión de Derechos y Obligaciones, de fecha 29 de abril de 2015,  expedida por el Coordinador Técnico del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), José Héctor Morín Lázaro, a favor de la persona moral Siyenat del Caribe SA de CV” representada por César Celso González Hermosillo y Melgarejo; y por medio del cual, María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla cede a favor de Siyenat del Caribe SA de CV”, una fracción de terreno con superficie de 111,763.81 metros cuadrados, ubicado en la Reserva Territorial del IPAE, en la isla de Cozumel, Quintana Roo.

De acuerdo al convenio referido, María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla pagó al IPAE por el predio referido la cantidad de $15’367,523.88 (Son quince millones trescientos sesenta y siete mil quinientos veintitrés peso 88/100 M.N.);  así como $1’536,752.39 (Son un millón quinientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y dos pesos 39/100 M.N.) por concepto de titulación y gastos de administración; para después “cederle” a Siyenat, representada por César Celso González Hermosillo, el terreno de 111 mil metros cuadrados, el cual tiene 185 metros colindantes con Mar Caribe.

La señora María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla no tiene ninguna actividad empresarial, ni ha recibido herencia de ningún tipo, ni proviene de una familia acaudalada; por lo que no cuenta con la capacidad económica para haber realizado operaciones por el monto arriba referido; por lo que pedimos a esta autoridad llevar a cabo las investigaciones pertinentes a fin de determinar la procedencia de los recursos con los que la señalada realizó el acto de compraventa del terreno referido.

Cabe destacar que María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla es madre del gobernador Roberto Borge Angulo.

A CÉSAR CELSO GONZÁLEZ HERMOSILLO Y MELGAREJO,  FRANCO GONZÁLEZ, se les señala por la constitución de IMPULSORA MARÍTIMA DE QUINTANA ROO Y DEL CARIBE, S.A. DE C.V, conocida comercialmente como Barcos Caribe, empresa para la que adquirieron dos barcos tipo catamarán por casi cinco millones de dólares.

En este caso, también se le proporcionan a la autoridad datos de prueba de los que se infiere que ninguno de los socios tenía ni tiene la capacidad económica suficiente para realizar los actos descritos.

CÉSAR CELSO GONZÁLEZ HERMOSILLO Y MELGAREJO y MARIA LOURDES PINELO NIETO, están vinculados con otros actos, también relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues de acuerdo a la escritura pública número 3,634 emitida por el notario 53, Oswaldo Antonio Canto Mármol, el 3 de marzo del 2014, Celso González Hermosillo y Melgarejo y Maria Lourdes Pinelo Nieto,  constituyeron CARACOL 65 SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con un capital de apenas 50 mil pesos.

Pero en escritura pública número 4,508 del notario 53, Oswaldo Antonio el 8 de agosto del 2014, se hace constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad CARACOL 65, del 15 de marzo de 2014,  en la que Celso González Hermosillo deja constancia de que es propietario de cuatro predios en la Isla de Cozumel de diferentes extensiones, todos adquiridos del IPAE; así como un aumento de capital a la sociedad por 6,397,500.00 (SON SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.00/100 m.n.).

Sin embargo, como ya se ha dicho, ni César Celso González Hermosillo y Melgarejo ni María Lourdes Pinelo Nieto cuentan con recursos económicos que ampren las acciones realizadas, en virtud de que ambos no han reportado ingresos al SAT; y es público y sabido en la Isla de Cozumel que son empleados de la familia del ex gobernador Roberto Borge Angulo.

A la PGR se le entregaron diversos documentos, como actas constitutivas de las empresas, contratos de compraventa notariados y datos de prueba relacionados con los ingresos reportados por las personas físicas ante el SAT donde se pone en evidencia su falta de capacidad económica para efectuar operaciones de la cuantía de las efectuadas; por lo que fundadamente se puede presumir que los recursos que utilizaron tienen procedencia ilícita. En virtud de ello se solicitó a la PGR dictar como medidas cautelares inmovilizar las cuentas bancarias de los imputados así como el embargo precautorio de sus bienes. Igualmente de las pruebas entregadas y en virtud de las relaciones de amistad y parentesco que varios de los denunciados tienen con el ex gobernador Roberto Borge Angulo, se requirió como medida cautelar que se le prohíba salir al ex mandatario de Cozumel, Quintana Roo, donde tiene su residencia.

Una denuncia diversa se presentó en contra de las siguientes personas físicas: DARÍO FLOTA OCAMPO, en su carácter de Director General del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya y Cozumel, y los particulares Rodrigo Rico Zaldivar, Adrián Flores Reynaga, Zaeret Blando Jandette y Adrian Jiménez Fuentes; así como en contra de las personas morales Grupo Sfera Soluciones Integrales, S.A. de C.V., y Training And Marketing Specialist, S.A. de C.V., las cuales son de las  denominadas empresas “fantasmas”, pues no reportaron ningún ingreso entre 2015 y lo que va de 2016,  además de que los domicilios fiscales señalados ante la autoridad hacendaria son en dos casos inexistentes, y en uno más, la empresa nunca ha operado  (Grupo Sfera presentó dos domicilios ante el SAT). Ambas empresas recibieron entre 2015 y 2016 alrededor de 7 millones de pesos del referido Fideicomiso.

Corresponderá a la autoridad determinar en qué tipo penal encuadra la conducta del funcionario público, quien actualmente continúa como titular del Fideicomiso de Promoción Turística y quien firmó los cheques que se expidieron a favor de las dos empresas “fantasmas”, a las que entre 2015 y noviembre de 2016 se les entregaron recursos públicos por alrededor de siete millones de pesos, según datos obtenidos por Somos Tus Ojos a través de la Unidad de Vinculación.

Una tercera denuncia se presentó por la probable comisión de hechos presuntamente constitutivos de delito cometidos, en diferente grado y participación por las siguientes personas físicas: FERNANDO ESCAMILLA CARRILLO, FERNANDO VILLANUEVA SAURI, RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO, RAYMUNDO CÁMARA SÁNCHEZ y PEDRO PECH BOLOM; y por las siguientes personas morales: EDIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL SURESTE, SA DE CV, TRABAJAMOS BIEN SA DE CV, Y CUP DEL SURESTE SA DE CV., mismas que recibieron recursos por alrededor de 80 millones de pesos para la construcción de caminos sacacosechas, los cuales no se ejecutaron, de acuerdo a testimonios sustentados por la organización El Barzón de Quintana Roo, dirigida por Patricia Palma.

Edificación y Señalización del Sureste, SA de CV, así como Trabajamos Bien SA de CV están constituidas por Fernando Villanueva Sauri, Rafael Manuel Ponce Pacheco y Jorge Carlos Zapata Denis (quien falleció hace unos meses). En tanto CUP del Sureste SA DE CV, es una empresa constituida por Fernando Villanueva Sauri, Raymundo Cámara Sánchez y Pedro Pech Bolom. 

Rafael Manuel Ponce Pacheco y Fernando Villanueva Sauri han sido funcionarios dentro de la administración pública estatal, por lo que además del quebranto al erario causado por las obras no realizadas, con esta conducta podrían estar cometiendo alguna otra conducta delictiva relacionada con el desempeño de los servidores públicos.

Fernando Villanueva Sauri, desde el 2013 y hasta septiembre de 2016, se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento de Cozumel.

Rafael Manuel Ponce Pacheco, el 14 de febrero del 2012, fue designado titular de la oficina de la Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Hacienda (SH) en Playa del Carmen, Solidaridad; el 24 de mayo de 2013 fue designado como delegado del Infonavit en Quintana Roo y el 30 de septiembre de 2013 fue designado titular de la Tesorería de Benito Juárez, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2016.

En tanto, Fernando Escamilla Carrillo fue titular de la SINTRA, dependencia encargada de la entrega de los recursos públicos a las empresas referidas. La denuncia fue presentada ante la PGR toda vez que los recursos no aplicados causaron un quebranto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que fue la dependencia federal que los aportó.