CIUDAD DE MÉXICO, MX.-
Derivado de las investigaciones que ha documentado la asociación “Somos Tus
Ojos Transparencia por Quintana Roo”, en contra de presuntos prestanombres del
ex gobernador Roberto Borge Angulo, este lunes se presentó denuncia ante la Procuraduría
General de la República (PGR) en la que se señalaron a personas físicas y
morales quienes habrían incurrido en presuntos hechos delictivos, relacionados
con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En conferencia de prensa
efectuada en las instalaciones de CENCOS y con el apoyo de Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad (MCCI), se ofrecieron detalles del contenido de la
denuncia en contra de los prestanombres.
En la denuncia ingresada por
Oficialía de Partes en la PGR se señaló a las siguientes personas físicas:
EDGAR MANUEL MÉNDEZ MONTOYA, JUAN GONZÁLEZ ANGULO y NOEMÍ RODRÍGUEZ RAMOS
quienes habrían incurrido en diferente grado y participación en el delito
señalado, al constituir la sociedad ISLA CABAÑAS, S.A. DE C.V., según copia del
Acta Constitutiva de la referida sociedad, número P.A. 12586, de fecha 6 de
diciembre de 2011, ante el notario Rubén Antonio Barahona López. Para la
constitución de la persona moral, las partes otorgaron un capital variable de
$107’878,500.00 pesos (ciento siete millones ochocientos setenta y ocho mil
quinientos pesos 00/100 M.N.).
A RAÚL OMAR GONZÁLEZ ANGULO,
LUIS ALBERTO SIERRA SAURI (hijo de la ex
gobernadora de Yucatán,
Dulce María Sauri Riancho), ROBERTO MARROQUÍN SÁMANO y GERMÁN GARDUSA LINARES,
se les señaló por su posible participación en virtud de que forman parte del
Consejo de Administración de ISLA CABAÑAS.
Sobre esta sociedad, se
entregó a la autoridad investigadora copia simple de la Escritura Pública
número P.A. 12710 de 14 de diciembre del 2011, registrada ante la notaria 13 de
Rubén Antonio Barahona López, del contrato de compraventa sobre un terreno de
15 mil 772 metros cuadrados, ubicado en el kilómetro 4.8 de la carreta costera
sur de la isla de Cozumel, en el que intervienen como parte vendedora
Corporación Hotelera Hispano Mexicana SA de CV y como parte compradora Isla
Cabañas SA de CV, representada en dicho acto por Juan González Angulo y Edgar
Manuel Méndez Montoya.
El precio de compraventa del
predio referido se fijó en ocho millones de dólares americanos, equivalentes a
$109’124,800.00 pesos (ciento nueve millones ciento veinte cuatro mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.); ,de los cuales, 4’000,000.00 EUA (cuatro
millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América) equivalente en moneda nacional
a la cantidad de $54’562,400.00 M.N. (cincuenta y cuatro millones quinientos
sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) fueron entregados por la
parte compradora mediante transferencia electrónica de fondos, que recibió
previamente la parte vendedora. En tanto, los otros 4’000,000.00 EUA (cuatro
millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de
América) equivalente en moneda nacional
a la cantidad de $54’562,400.00 M.N. (cincuenta y cuatro millones quinientos
sesenta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) fueron entregados mediante el endoso en propiedad a
favor de la parte vendedora, en siete
pagarés.
Cabe mencionar que en el
predio adquirido, Isla Cabañas construyó un hotel que se encuentra en etapa
final de acabados y decoración denominado “The Westin Cozumel” y que sería operado por la firma Starwood.
Entre las pruebas entregadas
a la PGR para acreditar el presunto hecho delictivo se encuentran los datos de
ingresos reportados al SAT por Edgar Manuel Méndez Montoya, Juan González
Angulo y Noemí Rodríguez Ramos, de los que se advierte que ninguno reporta
ingresos del monto de los requeridos para llevar a cabo operaciones de la
cuantía de la descrita.
Por ejemplo, Juan González
Angulo, no ha reportado ingresos fiscales desde el 2009 hasta la fecha; en
dicho año tuvo ingresos por $200,000 pesos (doscientos mil pesos00/100 M.N);
Juan González, quien radica en la Isla de Cozumel no tiene una actividad
empresarial visible, pública e identificable y tampoco ha recibido herencia
alguna que le hubiesen permitido aportar 52 millones de pesos para la
constitución de la sociedad Isla Cabañas. Es tío de Félix González Canto, ex
gobernador de Quintana Roo.
Por el mismo probable hecho
constitutivo de delito se denunció a MARÍA ROSA YOLANDA ANGULO CASTILLA y/o
ROSA MARÍA ANGULO CASTILLA,CÉSAR CELSO GONZÁLEZ
HERMOSILLO Y MELGAREJO y JOSÉ HÉCTOR MORÍN LÁZARO; para lo cual se
entregó a la autoridad investigadora copia simple del Convenio de Cesión de
Derechos y Obligaciones, de fecha 29 de abril de 2015, expedida por el Coordinador Técnico del
Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), José
Héctor Morín Lázaro, a favor de la persona moral Siyenat del Caribe SA de CV”
representada por César Celso González Hermosillo y Melgarejo; y por medio del
cual, María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla cede a
favor de Siyenat del Caribe SA de CV”, una fracción de terreno con superficie
de 111,763.81 metros cuadrados, ubicado en la Reserva Territorial del IPAE, en
la isla de Cozumel, Quintana Roo.
De acuerdo al convenio
referido, María Rosa Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla
pagó al IPAE por el predio referido la cantidad de $15’367,523.88 (Son quince
millones trescientos sesenta y siete mil quinientos veintitrés peso 88/100
M.N.); así como $1’536,752.39 (Son un
millón quinientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y dos pesos 39/100
M.N.) por concepto de titulación y gastos de administración; para después
“cederle” a Siyenat, representada por César Celso González Hermosillo, el
terreno de 111 mil metros cuadrados, el cual tiene 185 metros colindantes con
Mar Caribe.
La señora María Rosa Yolanda
Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla no tiene ninguna actividad
empresarial, ni ha recibido herencia de ningún tipo, ni proviene de una familia
acaudalada; por lo que no cuenta con la capacidad económica para haber
realizado operaciones por el monto arriba referido; por lo que pedimos a esta
autoridad llevar a cabo las investigaciones pertinentes a fin de determinar la
procedencia de los recursos con los que la señalada realizó el acto de
compraventa del terreno referido.
Cabe destacar que María Rosa
Yolanda Angulo Castilla y/o Rosa María Angulo Castilla es madre del gobernador
Roberto Borge Angulo.
A CÉSAR CELSO GONZÁLEZ
HERMOSILLO Y MELGAREJO, FRANCO GONZÁLEZ,
se les señala por la constitución de IMPULSORA MARÍTIMA DE QUINTANA ROO Y DEL
CARIBE, S.A. DE C.V, conocida comercialmente como Barcos Caribe, empresa para
la que adquirieron dos barcos tipo catamarán por casi cinco millones de
dólares.
En este caso, también se le
proporcionan a la autoridad datos de prueba de los que se infiere que ninguno
de los socios tenía ni tiene la capacidad económica suficiente para realizar
los actos descritos.
CÉSAR CELSO GONZÁLEZ
HERMOSILLO Y MELGAREJO y MARIA LOURDES PINELO NIETO, están vinculados con otros
actos, también relacionados con operaciones con recursos de procedencia
ilícita, pues de acuerdo a la escritura pública número 3,634 emitida por el
notario 53, Oswaldo Antonio Canto Mármol, el 3 de marzo del 2014, Celso
González Hermosillo y Melgarejo y Maria Lourdes Pinelo Nieto, constituyeron CARACOL 65 SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, con un capital de apenas 50 mil pesos.
Pero en escritura pública
número 4,508 del notario 53, Oswaldo Antonio el 8 de agosto del 2014, se hace
constar la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de
accionistas de la sociedad CARACOL 65, del 15 de marzo de 2014, en la que Celso González Hermosillo deja
constancia de que es propietario de cuatro predios en la Isla de Cozumel de
diferentes extensiones, todos adquiridos del IPAE; así como un aumento de
capital a la sociedad por 6,397,500.00 (SON SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS.00/100 m.n.).
Sin embargo, como ya se ha
dicho, ni César Celso González Hermosillo y Melgarejo ni María Lourdes Pinelo
Nieto cuentan con recursos económicos que ampren las acciones realizadas, en
virtud de que ambos no han reportado ingresos al SAT; y es público y sabido en
la Isla de Cozumel que son empleados de la familia del ex gobernador Roberto
Borge Angulo.
A la PGR se le entregaron
diversos documentos, como actas constitutivas de las empresas, contratos de
compraventa notariados y datos de prueba relacionados con los ingresos
reportados por las personas físicas ante el SAT donde se pone en evidencia su
falta de capacidad económica para efectuar operaciones de la cuantía de las
efectuadas; por lo que fundadamente se puede presumir que los recursos que
utilizaron tienen procedencia ilícita. En virtud de ello se solicitó a la PGR
dictar como medidas cautelares inmovilizar las cuentas bancarias de los
imputados así como el embargo precautorio de sus bienes. Igualmente de las
pruebas entregadas y en virtud de las relaciones de amistad y parentesco que
varios de los denunciados tienen con el ex gobernador Roberto Borge Angulo, se
requirió como medida cautelar que se le prohíba salir al ex mandatario de
Cozumel, Quintana Roo, donde tiene su residencia.
Una denuncia diversa se
presentó en contra de las siguientes personas físicas: DARÍO FLOTA OCAMPO, en
su carácter de Director General del Fideicomiso de Promoción Turística de la
Riviera Maya y Cozumel, y los particulares Rodrigo Rico Zaldivar, Adrián Flores
Reynaga, Zaeret Blando Jandette y Adrian Jiménez Fuentes; así como en contra de
las personas morales Grupo Sfera Soluciones Integrales, S.A. de C.V., y
Training And Marketing Specialist, S.A. de C.V., las cuales son de las denominadas empresas “fantasmas”, pues no
reportaron ningún ingreso entre 2015 y lo que va de 2016, además de que los domicilios fiscales
señalados ante la autoridad hacendaria son en dos casos inexistentes, y en uno
más, la empresa nunca ha operado (Grupo
Sfera presentó dos domicilios ante el SAT). Ambas empresas recibieron entre
2015 y 2016 alrededor de 7 millones de pesos del referido Fideicomiso.
Corresponderá a la autoridad
determinar en qué tipo penal encuadra la conducta del funcionario público,
quien actualmente continúa como titular del Fideicomiso de Promoción Turística
y quien firmó los cheques que se expidieron a favor de las dos empresas “fantasmas”,
a las que entre 2015 y noviembre de 2016 se les entregaron recursos públicos
por alrededor de siete millones de pesos, según datos obtenidos por Somos Tus
Ojos a través de la Unidad de Vinculación.
Una tercera denuncia se
presentó por la probable comisión de hechos presuntamente constitutivos de
delito cometidos, en diferente grado y participación por las siguientes
personas físicas: FERNANDO ESCAMILLA CARRILLO, FERNANDO VILLANUEVA SAURI,
RAFAEL MANUEL PONCE PACHECO, RAYMUNDO CÁMARA SÁNCHEZ y PEDRO PECH BOLOM; y por
las siguientes personas morales: EDIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL SURESTE, SA DE
CV, TRABAJAMOS BIEN SA DE CV, Y CUP DEL SURESTE SA DE CV., mismas que
recibieron recursos por alrededor de 80 millones de pesos para la construcción
de caminos sacacosechas, los cuales no se ejecutaron, de acuerdo a testimonios
sustentados por la organización El Barzón de Quintana Roo, dirigida por
Patricia Palma.
Edificación y Señalización
del Sureste, SA de CV, así como Trabajamos Bien SA de CV están constituidas por
Fernando Villanueva Sauri, Rafael Manuel Ponce Pacheco y Jorge Carlos Zapata
Denis (quien falleció hace unos meses). En tanto CUP del Sureste SA DE CV, es
una empresa constituida por Fernando Villanueva Sauri, Raymundo Cámara Sánchez
y Pedro Pech Bolom.
Rafael Manuel Ponce Pacheco
y Fernando Villanueva Sauri han sido funcionarios dentro de la administración
pública estatal, por lo que además del quebranto al erario causado por las
obras no realizadas, con esta conducta podrían estar cometiendo alguna otra
conducta delictiva relacionada con el desempeño de los servidores públicos.
Fernando Villanueva Sauri,
desde el 2013 y hasta septiembre de 2016, se desempeñó como director de Asuntos
Jurídicos del ayuntamiento de Cozumel.
Rafael Manuel Ponce Pacheco,
el 14 de febrero del 2012, fue designado titular de la oficina de la
Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Hacienda (SH) en Playa del Carmen,
Solidaridad; el 24 de mayo de 2013 fue designado como delegado del Infonavit en
Quintana Roo y el 30 de septiembre de 2013 fue designado titular de la
Tesorería de Benito Juárez, cargo que desempeñó hasta septiembre de 2016.
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